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martes, 23 de abril de 2013

"Parcialidad institucional" (Revista Proceso, 21 de abril de 2013)

Se desgasta el Pacto por México // Foto: Proceso.com
Enrique Peña Nieto se equivoca en su diagnóstico de la problemática nacional. Insiste en que el principal reto es la construcción de un “Estado fuerte” y el fortalecimiento de la oficina presidencial, cuando en realidad lo que hace falta es la reorientación del formidable poder gubernamental hacia la defensa del interés público y el desarrollo nacional. Nuestras dificultades no surgen de una supuesta debilidad del Estado Mexicano como tal, sino de su utilización parcial y del divorcio de la clase política de la sociedad. 

El desastre de los 12 años de gobiernos panistas se debe a que Vicente Fox y Felipe Calderón conscientemente utilizaron la silla presidencial para favorecer a sus amigos y atacar a sus rivales. El legado más importante la “alternancia” es la enorme acumulación de poder y riquezas en las manos de Televisa, Carlos Slim y el Chapo Guzmán. Las recientes liberaciones del General Tomás Ángeles y del ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano comprueban una vez más la parcialidad de la actuación de las instituciones bajo el mandato de Calderón. 

Hoy Peña Nieto envía señales de absoluta continuidad. La detención de Elba Esther Gordillo, la utilización política de programas sociales en Veracruz, la extraña ventilación pública del caso de Ricardo Monreal y el sorpresivo otorgamiento de amparos a MVS comunicaciones para que pueda seguir gozando de sus concesiones de banda ancha 2.5 Ghz, en su conjunto demuestran que la política de utilizar la ley y las instituciones con fines políticos y para pagar favores personales sigue más vigente que nunca. 

Por mucho que Gordillo sea un personaje políticamente indefendible y muy probablemente corrupto, la forma y fondo de su detención responden a evidentes coyunturas e intereses políticos (mi análisis aquí: http://ow.ly/kbLZp). Con respecto a Monreal, no existía necesidad alguna de publicitar el supuesto plan de atentado en su contra. Las declaraciones en los medios de comunicación tanto del Procurador Jesús Murillo Karam como del mismo Diputado Monreal solamente tienen lógica dentro de un contexto en que el gobierno federal estaría utilizando los múltiples esqueletos que el político zacatecano pudiera tener en el “clóset” para silenciar a una de las voces más fuertes de la oposición política. 

El caso MVS es también llamativo. El actual Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, fue durante años Director Jurídico de MVS Comunicaciones y personalmente litigó el asunto de las concesiones de la banda 2.5 Ghz. El año pasado el mismo presidente de MVS, Joaquín Vargas, hizo público sus intercambios con Javier Lozano en el caso de Carmen Aristegui, evidenciando la absoluta disposición del empresario a negociar contenidos y espacios con el gobierno. La sorpresiva cancelación de las participaciones de un servidor en este mismo medio respondió sin duda a esa misma lógica. Todo parece indicar que Vargas será el nuevo empresario mediático consentido del régimen, equivalente a lo que ocurrió con Emilio Azcárraga durante las administraciones de Fox y Calderón...

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