ADQUIERE "EL MITO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA"

jueves, 30 de septiembre de 2010

"Los superconsejeros del IFE" (Revista Proceso, 26 de septiembre de 2010)

No sería exagerado afirmar que el perfil de los tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), a ser nombrados antes del 30 de octubre, determinará el destino de la democracia en el país durante la siguiente década. Los nuevos funcionarios se convertirán rápidamente en una suerte de “superconsejeros”, ya que permanecerán en sus cargos durante nueve años, hasta finales de 2019. Ellos atestiguarán la salida de todos y cada uno de los actuales integrantes del Consejo General y serán los primeros consejeros en la historia en organizar dos elecciones presidenciales, las de 2012 y 2018. 

Así, el actual proceso de selección cobra una mayor importancia que el que tuvo lugar en junio de 2008, cuando fueron elegidos Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero para miniperiodos de cinco años que vencerán en 2013. Este proceso incluso podría llegar a ser más trascendente que el de principios de febrero de 2008, cuando fueron designados el actual consejero presidente y dos consejeros electorales más.

Tendrían que llegar tres verdaderos demócratas para que hubiera alguna posibilidad de recuperación de la confianza en las instituciones electorales del país. El IFE cuenta con vastas responsabilidades de regulación del espacio público-electoral y con un enorme potencial institucional para reconstruir la democracia del país. Del éxito o fracaso del IFE en los próximos años dependerá que en algún momento futuro lleguemos a tener un gobierno federal realmente interesado en atender las necesidades más básicas de la población.

El pasado 20 de septiembre, Ulises Beltrán informó que 14% de los mexicanos no cree que “las condiciones de desigualdad y pobreza pueden resolverse actualmente poco a poco en forma pacífica”, sino que “sólo se darán con un nuevo enfrentamiento armado entre los mexicanos, como ocurrió en la Independencia y la Revolución”. El mismo día, El Universal nos informó que 29% de los ciudadanos encuestados piensa que la democracia no “es la forma de gobierno más adecuada para el futuro”, sino que “sería mejor otra forma de gobierno”. Asimismo, 74% cree que “el sistema político actual de México está mal”.

Sin duda, las condiciones para un nuevo estallido social están listas. Una revuelta armada en favor de la justicia tendría un universo potencial de varios millones de mexicanos. Y si la revuelta social no fuera armada, sino pacífica, el apoyo fácilmente podría duplicarse y quizá incluir a los insatisfechos con el sistema político.

La concreción de un IFE independiente fue un eje central de la transición democrática. Hoy el fortalecimiento de este instituto sería una de las tareas claves para conquistar la paz social y auspiciar una genuina participación ciudadana. Sin embargo, todo parece indicar que una vez más los partidos privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de las capacidades de los nuevos consejeros. Adicionalmente, lo más probable es que la izquierda vuelva a quedar sin representación alguna, lo cual implicaría una peligrosa ausencia de pluralidad en el seno del Consejo General.

Frente a esta situación, algunos analistas han llegado a proponer que se excluya a los partidos políticos del proceso de selección y que los nombramientos se encarguen a una comisión de ciudadanos independientes. Un sistema similar existe en Ecuador y otros países latinoamericanos.

La propuesta, aunque es atractiva, plantea dos grandes dificultades. Por un lado, para la selección de los integrantes de la comisión ciudadana nos enfrentaríamos exactamente a los mismos problemas de cuotas y lealtades. Las negociaciones palaciegas simplemente se trasladarían desde el proceso de designación de los consejeros electorales al proceso de nombramiento de los ciudadanos integrantes de esta comisión.

Por otro lado, la propuesta también emerge de una visión equivocada del perfil del consejero electoral. La historia nos ha demostrado que los mejores consejeros no son necesariamente aquellos con la mejor preparación “técnica” o quienes cuenten con mayor “carisma mediático ciudadano”, sino quienes verdaderamente aseguren la necesaria pluralidad del Consejo General y se conduzcan de forma autónoma. Necesitamos consejeros con principios tan firmes como diversos, sin padrinos políticos o sociales, y dispuestos a defender el espacio público-electoral a toda costa.

Lo mejor entonces no es imaginar un proceso idealizado para encontrar un conjunto de “ángeles guardianes” de la democracia, sino un procedimiento práctico que corte de tajo el vínculo entre consejeros y partidos, que abra paso a personajes verdaderamente “incontrolables” desde el poder. 

Para lograr este fin habría que considerar un retorno al mecanismo democrático por excelencia: la lotería. Una selección completamente al azar de los nuevos consejeros entre los candidatos que cumplan con una serie de requisitos mínimos acabaría con las humillantes pasarelas y sucios cabildeos de los anteriores procesos. Se abriría la posibilidad a la llegada de consejeros electorales sin compromiso alguno con los políticos, los partidos o los poderes fácticos. 

Si se adoptara esta fórmula, por lo menos podríamos dar el beneficio de la duda a los nuevos consejeros. De otra forma, una vez más los ciudadanos tendríamos la obligación cívica de mantenernos radicalmente escépticos con respecto a las intenciones y acciones de los nuevos integrantes del Consejo General. l




www.johnackerman.blogspot.com

lunes, 20 de septiembre de 2010

"¡Viva Salinas!" (La Jornada, 20 de septiembre de 2010)

Del mismo modo en que Manuel Ávila Camacho traicionó el programa e ideario de Lázaro Cárdenas del Río para retornar al caciquismo de Plutarco Elías Calles, Felipe Calderón también se ha propuesto frenar el proceso de democratización y entregar el poder al más retrógrado cacique político del momento: Carlos Salinas. Andrés Manuel López Obrador agregó vivas” a “los héroes anónimos”, a los indígenas, a las mujeres, y a los jóvenes en su arenga desde la Plaza de las Tres Culturas el pasado 15 de septiembre. A Calderón, sin duda, no le faltaron ganas de colocar a Salinas junto a los héroes de la patria en su proclama desde Palacio Nacional.

Habría que discrepar del gran maestro del periodismo nacional, don Miguel Ángel Granados Chapa, cuando afirma que Ernesto Zedillo es “el ex presidente con quien más afinidades tiene el actual titular del Ejecutivo”. La comparación más adecuada no tendría que ser con el burócrata gris y corrupto de Zedillo, sino con el gobierno autoritario y represor de Salinas. Si Salinas eliminó la rectoría del Estado en la economía y transformó los monopolios públicos en oligopolios privados para beneficiar a sus amigos y prestanombres, Calderón hoy también beneficia amigos y familiares y auspicia una fantástica concentración de la riqueza nacional en pocas manos. Recordemos que Carlos Slim le debe la acumulación de su fortuna al gobierno de Salinas, y que hoy el millonario se ha convertido en el hombre más rico del mundo bajo el amparo de Calderón.

Si Salinas atacó a campesinos e indígenas con sus ominosas reformas para privatizar el ejido y vender el país con su tratado de libre comercio, hoy Calderón ha emprendido una verdadera cruzada anti-obrera contra electricistas, obreros, mineros, maestros independientes y más recientemente los trabajadores de Mexicana de Aviación.


Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2010/09/20/index.php?section=opinion&article=025a2pol

lunes, 13 de septiembre de 2010

"Empresarios, al banquillo" (Revista Proceso, 12 de septiembre de 2010)

"Un empresario que se colude para elevar los precios no es otra cosa que un criminal común. No merece ningún trato especial y debe ir directo a la cárcel", aseveró Joe Philips, quien fungió como director de la división de Competencia Económica de la OCDE en París por casi tres décadas. "Cuando las empresas tienen una vida tranquila" continuó Philips, "cuando no existe una competencia vigorosa, invierten menos, innovan menos y ven reducida de manera significativa su productividad. Este es el problema principal con la economía mexicana hoy".

Por su parte, Juan Rodríguez, abogado litigante de la división Anti-monopolios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, instancia que en los últimos años ha enviado a docenas de empresarios a la cárcel por periodos hasta de cinco años, declaró: "Lo que buscamos es que los empresarios que incurran en prácticas monopólicas se llenen de pavor".

Ambos expertos participaron en un seminario de análisis de las posibles modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica organizado por el doctor Jorge Witker en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace unos días. Las conclusiones del seminario son contundentes. Es impostergable aplicar medidas drásticas que auspicien una verdadera economía de mercado en el país, para que los mercados dejen de estar controlados por unos cuantos empresarios que actúan en contra del interés público.

Texto completo del artículo disponible en:

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83330 (Proceso, acceso gratuito) 

http://www.sonoraenlinea.com.mx/vernoticias.php?artid=24933 (Sonora en Línea)

http://www.eltiempodenayarit.com/nota.php?id=22014 (El Tiempo de Nayarit)

http://www.lanigua.com/index.php?entry=entry100914-022859 (Lanigua.com)

http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104 (Periódico Noroeste)

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=105200&seccion=Opinion
(Tribuna de los Cabos)

viernes, 10 de septiembre de 2010

"The wrong solution in Mexico" (Los Angeles Times, September 10, 2010)

Secretary of State Hillary Rodham Clinton made a dangerous mistake Wednesday when she spoke of Mexico's drug cartels as "insurgents" and suggested reviving President Clinton's Plan Colombia to address the issue. That program set up U.S. military bases in Colombia and funneled billions of dollars in military aid to fight the country's drug-trafficking left-wing insurgency. The last thing the United States needs today is a new quagmire south of the Rio Grande.

Mexico is different from Colombia. Colombia was up against a rebel organization bent on taking over the government. In contrast, Mexican drug traffickers are businessmen who we can assume are principally concerned with increasing their profits. In the end, they prefer to use "silver," or bribes, over "lead," or bullets. Although they are quick to kill or decapitate members of rival gangs, they much prefer a pliant police officer, soldier or mayor to a dead one. This is why government officials make up such a small percentage of the dead — only about 3,000 out of 28,000, according to official statistics.

The deployment of U.S. combat troops on Mexican soil could also have the look and feel of a foreign invasion. This would not be the first time the U.S. literally crossed the line. Between 1846 and 1848, the U.S. conquered a third of Mexico's territory. In 1914, the U.S. occupied the strategic port city of Veracruz. In 1917, as the modern Mexican Constitution was being drafted, U.S. troops crossed the border in a failed pursuit of Pancho Villa.

...


Unfortunately
, neither strong anti-corruption agencies nor support for journalists have formed a part of the new focus on social programs, which months ago the Obama administration suggested as a possible focus for future funding to Mexico. Under the influence of the Calderon government, most of the talk has been about much "softer" initiatives, such as drug education, urban renewal, scholarships and community development programs. All of this is fine, but none of it will attack the roots of the present failure to rein in the drug cartels in Mexico.

It is time to turn the corner in U.S. policy toward Mexico. Instead of sending more money down the black hole of attack helicopters, military bases or social development programs, the U.S. could make a significant contribution to peace in North America by helping to aggressively combat corruption and supporting freedom of expression.

lunes, 6 de septiembre de 2010

"Gringos al ataque" (La Jornada, 6 de septiembre de 2010)

México y la política migratoria se han convertido en temas centrales en el debate político en Estados Unidos. El próximo 2 de noviembre, en el país vecino se disputarán las 435 curules de la Cámara de Representantes a escala federal, 37 gubernaturas muy importantes y 36 de los 100 asientos del Senado. En este contexto electoral existe una enorme presión tanto para los candidatos republicanos como para los demócratas por ver quiénes son más duros con México y los mexicanos.

De acuerdo con encuestas de Pew y CBS, entre 60 y 70 por ciento de los ciudadanos estadunidenses respalda la polémica ley Arizona que permite a policías detener y solicitar documentos a cualquier persona con apariencia de estar ilegalmente en el país. El senador John McCain, quien apenas hace unos años promovió la instauración de una reforma migratoria integral, hoy es uno de los más aguerridos en la materia. En un reciente espot televisivo (www.youtube.com/watch?v=r0lwusMxiHc) aparece junto a un comandante de la Border Patrol demandando el envío a la frontera de miles de tropas adicionales, así como la culminación de la construcción de la reja fronteriza con el fin de proteger Arizona de los mexicanos que él asocia al aumento de asesinatos, drogas e invasión de domicilios.

Una diversidad de candidatos al gobierno en 20 estados, incluyendo algunos demócratas, así como en entidades que ni siquiera se encuentran cerca de la frontera con México, han decidido hacer público su apoyo a la ley Arizona e incluso llegan a proponer políticas aún más duras. Por ejemplo, el candidato republicano en el estado de Iowa, Terry Branstad, ha propuesto que los hijos de los indocumentados ya no tengan derecho de acceso a la educación pública. La candidata republicana en Nuevo México, Susana Martínez, de ascendencia mexicana, propone revocar todas las licencias de conducir a los indocumentados.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/09/06/index.php?section=opinion&article=020a2pol