John M. Ackerman
Lo que realmente preocupa a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) no es tanto el dinero que dejarán de percibir con la reforma electoral y aún menos el supuesto ataque a la libertad de expresión, sino el hecho que ahora los medios electrónicos tendrán que rendir cuentas a las autoridades electorales. Con la eliminación de los secretos bancario, fiscal y fiduciario y el robustecimiento de las facultades del IFE para sancionar personas físicas y morales así como para ordenar el retiro de propaganda, se ha logrado dar un paso firme en contra de la impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país.
Los medios no se comportan como simples espectadores en las campañas electorales, sino que inciden de manera determinante en los resultados. No es ningún secreto que las televisoras elevan sus precios durante la etapa electoral y cobran tarifas diferenciadas dependiendo de su cercanía o lejanía con los candidatos. Obsequian espacios a los que comparten su punto de vista y cobran tarifas usureras a los adversarios.
El manejo discrecional de las tarifas en el pasado proceso electoral federal seguramente fue mucho más generalizado de lo que imaginamos. Por ello no es raro que la CIRT se haya negado rotundamente a proporcionar al IFE toda la información con respecto a los 281 mil spots "huérfanos". Paradójicamente, el 19 de enero de 2006 la CIRT firmó con bombo y platillo un convenio de colaboración con el IFE que obligaba a los integrantes de la cámara a entregar información detallada sobre la contratación de propaganda política. El convenio indicaba que los integrantes de la CIRT tendrían que proporcionar copias de todas las facturas expedidas a cada partido político, así como hojas membreteadas que especificaran spot por spot el costo, horario, duración y contratante de cada uno de los anuncios. Televisa firmó su propio convenio con las mismas características el 3 de octubre de 2005.
Estos convenios fueron inútiles. Televisa y los integrantes de la CIRT se limitaron a informar a la autoridad electoral de manera general sobre el número total de spots transmitidos y el costo total de los mismos. No proporcionaron información específica sobre precios, horarios o contratantes de los anuncios. Así consta en los cuadros-resumen que proporcionó el titular de la Unidad de Enlace del IFE, Gregorio Castillo, en su respuesta a una reciente solicitud de acceso a la información (oficio USID/UE/03978/07). De la misma forma en que el Tribunal Electoral ha pedido que los ciudadanos nos conformemos con la información contenida en las actas de la elección presidencial al negar el acceso a la materia prima contenida en las boletas electorales, los medios de comunicación también esconden la información detallada sobre precios y contratantes de cada uno de los anuncios políticos, esperando que nos demos por bien servidos con su escueta información.
Las autoridades electorales señalan que los "procesos oficiosos" van por buen camino, que los medios han estado proporcionando la información solicitada. Pero ante la aparente alianza entre los actuales consejeros electorales y los principales medios comerciales surge la duda de si el IFE actual cuenta con la suficiente independencia y calidad moral para obligar a la CIRT a proporcionar toda la información necesaria.
Tanto la CIRT como el consejero presidente han criticado la reforma electoral porque no transparenta el gasto de los partidos políticos. Tienen razón. Como "entidades de interés público" y organizaciones que se financian principalmente del erario público, los partidos deberían estar obligados a rendir cuentas directamente a la ciudadanía. Desafortunadamente, ni la reciente reforma al artículo 6o. constitucional en materia de transparencia ni la actual reforma electoral incluyeron a los partidos políticos como sujetos obligados.
Pero los medios sólo ven la paja en el ojo ajeno. Si realmente estuvieran comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, ellos empezarían por proporcionar hoy mismo, tanto al IFE como al público en general, las copias de todas las facturas de compra de propaganda política así como la información desglosada para cada spot contratado durante el año 2006. Habría que incluir también la información sobre los anuncios contratados por el Consejo Coordinador Empresarial y otras agrupaciones que a juicio del mismo Tribunal Electoral incidieron de manera directa en las campañas políticas. Asimismo, el IFE debería reproducir y proporcionar copias públicas de toda la información con la que cuenta hasta la fecha con respecto a la contratación de propaganda política durante las últimas elecciones presidenciales. Es hora de que los medios, al igual que los partidos, empiecen a rendir cuentas.
El autor es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Fuente: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/406/810371/
