ADQUIERE "EL MITO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA"

lunes, 31 de octubre de 2016

"¿Quién 'jode' a México?" (Revista Proceso, 30 de octubre, 2016)

John M. Ackerman

“La enorme empatía entre nuestro futuro presidente de la República y el gobernador del estado augura tiempos promisorios para Veracruz". Son las palabras del entonces Presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, pronunciadas unos días después de la elección presidencial de 2012 en una visita a Veracruz. Después de regalarle un efusivo abrazo a Javier Duarte, el futuro Secretario de Energía de Enrique Peña Nieto continuó señalando que el veracruzano “es un joven gobernador priísta que…ha mostrado excelentes destrezas para gobernar, convicciones sociales inquebrantables y una actitud de puntual responsabilidad que el PRI nacional hoy viene a su propia casa a reconocer”. 

No era para menos. Unos seis meses antes, el viernes 27 de enero, la PGR había detenido a dos colaboradores del Gobernador de Veracruz transportando en un avión oficial dos maletas con un total de 25 millones de pesos en amplios fajos de billetes sin poder acreditar ni su origen o destino. El gobierno de Duarte luego “aclararía” que el dinero supuestamente era para “la contratación de artistas y materiales de promoción” para la Cumbre Tajín y que no hicieron el depósito via transferencia bancaria porque “les habían agarrado las prisas”. Solamente el Instituto Federal Electoral (IFE), en su eterna complicidad y compromiso con la impunidad, les compró el cuento. Todos los demás tuvimos perfectamente claro que el destino de este dinero muy probablemente era para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto. 

Recordemos que quien antecedió a Coldwell como Presidente del PRI, Humberto Moreira, recientemente fue detenido en España por acusaciones de lavado de dinero remitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Moreira, cercano a Elba Esther Gordillo, presidía el PRI cuando este instituto político decidió que Peña Nieto sería su abanderado presidencial. 

La renuncia anticipada y fuga sorpresiva de Duarte evidentemente fue pactada directamente con su amigo Peña Nieto. El gobernador de Veracruz tenía miedo de que su otrora aliado y también cercano colaborador de Gordillo, Miguel Angel Yunes, lo apresaría en el momento que terminara su mandato. Coreografiaron muy cuidadosamente la fuga del mandatario estatal para que la orden de aprensión llegara justo unas horas después de que Duarte y su familia se hubieran desaparecido del mapa...

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lunes, 24 de octubre de 2016

"¿Quién no acepta la derrota?" (La Jornada, 24 de octubre, 2016)

Diego Fernando de Cevallos y Carlos Salinas
John M. Ackerman

Cuando Donald Trump señala que solamente aceptará los resultados electorales si le son favorables, sigue fielmente el guión de sus amigos del PRIAN. Estos dos partidos jamás han aceptado su derrota en las urnas.

En 1988, Carlos Salinas de Gortari robó la elección presidencial de manera descarada de las manos de Cuauhtémoc Cárdenas. Y para esconder las evidencias del atraco, el "innombrable" después mandó a destruir las boletas electorales con el apoyo del panista Diego Fernández de Cevallos.

En 2006, Felipe Calderón y Vicente Fox le arrebataron el triunfo, "haiga sido como haiga sido", a Andrés Manuel López Obrador con una guerra mediática ilegal y un fraude electoral sin precedente en la historia de México. Y hace cuatro años, Enrique Peña Nieto dio portazo a Los Pinos por medio de un oprobioso coctel de dinero de dudosa procedencia, compra del voto, hackeoinformático, autoridades electorales parciales, encuestas amañadas y manipulación mediática.
Trump, Salinas, Calderón y Peña Nieto son todos traidores a la democracia. No respetan a sus pueblos correspondientes y buscan imponer a toda costa sus reformas corruptas, anti-mexicanas y retrógradas.

En contraste, López Obrador ha dado claras muestras de su compromiso con el proceso democrático. Aún a pesar de los constantes fraudes en su contra, el tabasqueño se niega a tirar el tablero. No ha modificado un ápice su férreo compromiso con la conquista pacífica del poder por la vía electoral...

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LECTURA COMPLEMENTARIA "ENRIQUE TRUMP"

lunes, 17 de octubre de 2016

"Los presos políticos de Mancera" (Revista Proceso, 16 de octubre, 2016)

John M. Ackerman

Desde el 1 de diciembre de 2012, el Gobierno del Distrito Federal ha detenido arbitrariamente y encarcelado injustamente a más de 500 personas durante marchas y manifestaciones públicas. Como fieles perros guardianes de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, primero Marcelo Ebrard y después Miguel Ángel Mancera han buscado desactivar la creciente indignación popular por medio de la criminalización de la protesta social. Durante el proceso de aprobación de las “reformas estructurales” energética, educativa, de telecomunicaciones, laboral y financiera, las marchas de protesta fueron infiltradas sistemáticamente por provocadores enmascarados que protagonizaron actos de violencia con el fin de justificar el encapsulamiento y la detención indiscriminada de manifestantes pacíficos.

El objetivo era infundir miedo y zozobra entre la población, sobre todo entre los jóvenes indignados, quienes ya habían demostrado su gran capacidad de acción y de convocatoria durante el movimiento #YoSoy132. La violencia y las detenciones arbitrarias, ambas fomentadas desde el gobierno, tenían la función de desalentar la movilización social masiva en contra de la consolidación autoritaria en la capital del país.

Pero los aires de la política capitalina empiezan a cambiar. Las contundentes victorias electorales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2015 y 2016 marcan el inicio de una nueva hegemonía política en la Ciudad de México. Ahora, ocasionalmente se permite a las marchas entrar a la plancha del Zócalo y desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se promueve una importante Ley de Amnistía. Esta ley, que ya fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, permitiría sacar de la cárcel a los cuatro presos políticos que aún se encuentran encerrados (Luis Fernando Sotelo, Alejandro Montaño, Fernando Bárcenas y Abraham Cortés), así como limpiar totalmente el historial de cientos de otras personas, la mayoría jóvenes, que han sido injustamente acusadas o encarceladas por el gobierno represor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 2012.

La aprobación de la Ley de Amnistía dejaría un precedente fundamental a escala nacional e internacional, ya que implicaría un reconocimiento oficial de la existencia de presos políticos en México. La prensa nacional e internacional, aliada con Washington, no duda ni un segundo en señalar y exigir hipócritamente la liberación de presos políticos en países como Venezuela, Rusia y Cuba, pero dan la espalda a los cientos de presos que tenemos aquí en casa, sobre todo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México. Apenas hace unos 15 días, el gobierno perredista de Silvano Aureoles detuvo y encarceló arbitrariamente a 48 normalistas indígenas de Michoacán con el fin de diezmar su movimiento a favor de la educación pública, crítica y gratuita en el estado y todo el país...

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lunes, 10 de octubre de 2016

"Atraco constituyente" (La Jornada, 10 de octubre, 2016)

Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Filemón Tacuba, Jonathan Morales, Octavio García, Génesis Urrutia, Leobardo Arroyo, estudiantes de Guerrero y de Veracruz, justicia ya, ni una gota más de sangre estudiantil a manos del narcogobierno.

John M. Ackerman

Desde el primer día de su gestión, Miguel Ángel Mancera ha buscado minar la tradición de conciencia política y organización social tan arraigada en la Ciudad de México. En lugar de apoyar a los pueblos en defensa de su tierra, los jóvenes movilizados por la educación pública, los ciudadanos que exigen justicia por los estudiantes de Ayotzinapa y los maestros que defienden una educación crítica y de calidad, Mancera prefiere favorecer a las inmobiliarias, los oligarcas, los centros comerciales, los Walmarts, los Starbucks y la privatización de las multas y de los servicios públicos.

Mancera insiste en ratificar todos los días su traición a los principios elementales de la izquierda y de la democracia. Frente al reciente despido arbitrario de 21 profesionales de educación primaria en la Ciudad de México en castigo por su activismo, tanto Mancera como Alejandra Barrales, ex secretaria de Educación Pública del Distrito Federal y ahora presidenta del PRD, han guardado un silencio cómplice. El jefe de Gobierno también cierra de manera sistemática e ilegal el acceso del pueblo indignado a la Plaza de la Constitución.

En contraste, el pasado viernes, 7 de octubre, Mancera abrió el Zócalo capitalino de par en par para un insultante despliegue de poder autoritario. Con el pretexto de honrar otro aniversario del importante Plan DNIII-E, que normalmente se conmemora en el Campo Marte, el centro de la Ciudad de México fue ocupado por miles de soldados y con gran estruendo intimidatorio aterrizaron tres helicópteros militares en el Zócalo.

La propuesta de Mancera para la nueva carta magna de la Ciudad de México constituye la cereza en el pastel de la consolidación autoritaria en la capital. El documento que ha presentado a la recién instalada Asamblea Constituyente está plagado de trampas que buscan terminar de arrebatar de los ciudadanos la rectoría sobre la ciudad y entregarla de manera definitiva a los poderes fácticos.

En materia de derechos sociales y servicios públicos, la enorme abstracción del texto permitirá la consolidación del actual proceso de precarización social y de privatización de absolutamente todo lo público. Por ejemplo, las dos páginas dedicadas al derecho a la educación no obligan al gobierno a garantizar el acceso a una educación pública de calidad a todos los niños y jóvenes de la ciudad, sino que empujan hacia la creación de cada vez más escuelas patito por el sector privado...

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domingo, 2 de octubre de 2016

"Guerrero se levanta" (Revista Proceso, 2 de octubre, 2016)

Lucio Cabañas, mártir de las luchas por la justicia en Guerrero
John M. Ackerman

El estado de Guerrero siempre se ha caracterizado como un sitio de lucha, de dignidad y de conciencia particularmente transformador. Desde el siglo XIX, José María Morelos, Vicente Guerrero y Juan Álvarez protagonizaron batallas clave, primero en la lucha por la Independencia y después en la derrota de los imperialistas y conservadores. Durante la Revolución, el pueblo de Guerrero su sumó a la lucha de Emiliano Zapata y convirtió a la entidad en una zona rebelde y radical.

Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, las contundentes luchas estudiantiles, campesinas y guerrilleras en Guerrero pusieron en jaque al estado autoritario priista y pavimentaron el camino hacia la esperanza democrática en todo el país. Hoy los jóvenes de Ayotzinapa, los pueblos indígenas, los maestros democráticos y los policías comunitarios en el estado están dando una continuidad ejemplar a estos históricos combates.

Sin embargo, hoy como antes, las luchas populares han tenido que enfrentarse a un Estado represor que prefiere aliarse con los criminales y los caciques en lugar de apoyar las causas ciudadanas. La violencia, la represión y la criminalización de la protesta social han sido la norma a lo largo de la historia en esta combativa entidad.

La situación se agravó a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, en diciembre de 2012. Con el fin de generar las condiciones para la aprobación y aplicación de las “reformas estructurales” neoliberales del Pacto por México, el PRI, el PAN y el PRD, desde sus respectivos gobiernos, simultáneamente agudizaron la represión en contra de los movimientos sociales en el país y dejaron sueltos a los delincuentes para infundir miedo en la población.

En Guerrero, las baterías se dirigieron con particular saña en contra de los tres grupos más conscientes y movilizados del estado: los estudiantes de las escuelas normales, los maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). La desaparición forzada de 43 alumnos y la ejecución de otros tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala el 26 de septiembre de 2014 fue la consecuencia directa de la instauración de esta estrategia antimovimientos sociales en todo el país. El acoso constante a la CETEG, con múltiples órdenes de aprehensión contra sus líderes y la fatal golpiza de Claudio Castillo por la Policía Federal en Acapulco, en 2015, también forma parte de esta estrategia...

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