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| Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal |
Filemón Tacuba, Jonathan Morales, Octavio García, Génesis Urrutia, Leobardo Arroyo, estudiantes de Guerrero y de Veracruz, justicia ya, ni una gota más de sangre estudiantil a manos del narcogobierno.
John M. Ackerman
Desde el primer día de su gestión, Miguel Ángel Mancera ha buscado minar la tradición de conciencia política y organización social tan arraigada en la Ciudad de México. En lugar de apoyar a los pueblos en defensa de su tierra, los jóvenes movilizados por la educación pública, los ciudadanos que exigen justicia por los estudiantes de Ayotzinapa y los maestros que defienden una educación crítica y de calidad, Mancera prefiere favorecer a las inmobiliarias, los oligarcas, los centros comerciales, los Walmarts, los Starbucks y la privatización de las multas y de los servicios públicos.
Mancera insiste en ratificar todos los días su traición a los principios elementales de la izquierda y de la democracia. Frente al reciente despido arbitrario de 21 profesionales de educación primaria en la Ciudad de México en castigo por su activismo, tanto Mancera como Alejandra Barrales, ex secretaria de Educación Pública del Distrito Federal y ahora presidenta del PRD, han guardado un silencio cómplice. El jefe de Gobierno también cierra de manera sistemática e ilegal el acceso del pueblo indignado a la Plaza de la Constitución.
En contraste, el pasado viernes, 7 de octubre, Mancera abrió el Zócalo capitalino de par en par para un insultante despliegue de poder autoritario. Con el pretexto de honrar otro aniversario del importante Plan DNIII-E, que normalmente se conmemora en el Campo Marte, el centro de la Ciudad de México fue ocupado por miles de soldados y con gran estruendo intimidatorio aterrizaron tres helicópteros militares en el Zócalo.
La propuesta de Mancera para la nueva carta magna de la Ciudad de México constituye la cereza en el pastel de la consolidación autoritaria en la capital. El documento que ha presentado a la recién instalada Asamblea Constituyente está plagado de trampas que buscan terminar de arrebatar de los ciudadanos la rectoría sobre la ciudad y entregarla de manera definitiva a los poderes fácticos.
En materia de derechos sociales y servicios públicos, la enorme abstracción del texto permitirá la consolidación del actual proceso de precarización social y de privatización de absolutamente todo lo público. Por ejemplo, las dos páginas dedicadas al derecho a la educación no obligan al gobierno a garantizar el acceso a una educación pública de calidad a todos los niños y jóvenes de la ciudad, sino que empujan hacia la creación de cada vez más escuelas patito por el sector privado...
TEXTO COMPLETO DISPONIBLE EN LA JORNADA
