John M. Ackerman
Desde el 1 de diciembre de 2012, el Gobierno del Distrito Federal ha detenido arbitrariamente y encarcelado injustamente a más de 500 personas durante marchas y manifestaciones públicas. Como fieles perros guardianes de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, primero Marcelo Ebrard y después Miguel Ángel Mancera han buscado desactivar la creciente indignación popular por medio de la criminalización de la protesta social. Durante el proceso de aprobación de las “reformas estructurales” energética, educativa, de telecomunicaciones, laboral y financiera, las marchas de protesta fueron infiltradas sistemáticamente por provocadores enmascarados que protagonizaron actos de violencia con el fin de justificar el encapsulamiento y la detención indiscriminada de manifestantes pacíficos.
El objetivo era infundir miedo y zozobra entre la población, sobre todo entre los jóvenes indignados, quienes ya habían demostrado su gran capacidad de acción y de convocatoria durante el movimiento #YoSoy132. La violencia y las detenciones arbitrarias, ambas fomentadas desde el gobierno, tenían la función de desalentar la movilización social masiva en contra de la consolidación autoritaria en la capital del país.
Pero los aires de la política capitalina empiezan a cambiar. Las contundentes victorias electorales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2015 y 2016 marcan el inicio de una nueva hegemonía política en la Ciudad de México. Ahora, ocasionalmente se permite a las marchas entrar a la plancha del Zócalo y desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se promueve una importante Ley de Amnistía. Esta ley, que ya fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, permitiría sacar de la cárcel a los cuatro presos políticos que aún se encuentran encerrados (Luis Fernando Sotelo, Alejandro Montaño, Fernando Bárcenas y Abraham Cortés), así como limpiar totalmente el historial de cientos de otras personas, la mayoría jóvenes, que han sido injustamente acusadas o encarceladas por el gobierno represor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 2012.
La aprobación de la Ley de Amnistía dejaría un precedente fundamental a escala nacional e internacional, ya que implicaría un reconocimiento oficial de la existencia de presos políticos en México. La prensa nacional e internacional, aliada con Washington, no duda ni un segundo en señalar y exigir hipócritamente la liberación de presos políticos en países como Venezuela, Rusia y Cuba, pero dan la espalda a los cientos de presos que tenemos aquí en casa, sobre todo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México. Apenas hace unos 15 días, el gobierno perredista de Silvano Aureoles detuvo y encarceló arbitrariamente a 48 normalistas indígenas de Michoacán con el fin de diezmar su movimiento a favor de la educación pública, crítica y gratuita en el estado y todo el país...
TEXTO COMPLETO DISPONIBLE AQUÍ
