ADQUIERE "EL MITO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA"

lunes, 26 de marzo de 2018

"Derrotemos al fraude" (La Jornada, 26 de marzo, 2018)

John M. Ackerman

La fabricación de por lo menos 3.4 millones de apoyos falsos para las candidaturas "independientes" de Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter demuestra que el fraude sigue siendo el modus operandi para la mayor parte de los actores políticos en el país. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha detectado que estos tres personajes cercanos al régimen corrupto utilizaron vastas cantidades de recursos, tanto privados como del erario, para traficar en los datos personales de millones de ciudadanos mexicanos en su desesperado intento por aparecer en la boleta electoral.

Con este grave atropello a la ley, el sistema autoritario ratifica una vez más que está dispuesto a destruir la institucionalidad del país y violar cualquier criterio ético o moral con el fin de intentar quitar votos "haiga sido como haiga sido" al candidato puntero en las encuestas: Andrés Manuel López Obrador.

Es cierto que el INE ha frenado temporalmente las intenciones fraudulentas de Rodríguez Calderón y Ríos Piter al emitir dictámenes negativos con respecto a sus firmas recaudadas. Sin embargo, los consejeros electorales se limitaron a remitir los expedientes de estos dos presuntos delincuentes electorales a la Fepade, en lugar de presentar formalmente las denuncias penales correspondientes. Si el ex dirigente priísta, Rodríguez Calderón, y el amigo y cómplice de Luis Videgaray, Ríos Piter, no reciben castigos ejemplares por su evidente burla a la ley, una vez más se enviará una terrible señal de impunidad a todos los actores políticos.

Pero lo más preocupante es que el INE haya avalado el registro de la esposa del ex presidente de la República Felipe Calderón, aun cuando se demostró que casi la mitad de sus apoyos también carecían de sustento. De manera sorpresiva, después de restar sus 708 mil apoyos apócrifos, Margarita Zavala mágicamente logró rebasar por apenas 3 mil 577 firmas, o 0.38 por ciento, el umbral de apoyos requeridos (866 mil 593). Resulta evidente la similitud con el 0.56 por ciento de la votación con que el esposo de Zavala supuestamente "ganó" la elección presidencial de 2006...

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martes, 20 de marzo de 2018

"Debates y valentía" (Revista Proceso, 18 de marzo, 2018)

John M. Ackerman 

Si Ricardo Anaya y José Antonio Meade realmente fueran tan valientes como dicen ser, no estarían buscando desesperadamente un debate con Andrés Manuel López Obrador dentro de un cómodo set televisivo manejado por uno de sus socios, sino que se lanzarían a los municipios más recónditos del país para dialogar y debatir con los millones de víctimas de la carestía, la corrupción y la violencia generadas por las políticas neoliberales impuestas desde hace décadas por los dos partidos que los impulsan: el PRI y el PAN. 

Es ahí, con los más marginados, donde los candidatos presidenciales tendrían que demostrar de manera directa su valentía, su apertura y su sensibilidad. Es ahí, con los ciudadanos más vulnerables, donde los aspirantes a Los Pinos deberían evidenciar su capacidad de escuchar, de proponer soluciones y de recibir críticas. 

López Obrador tiene casi dos décadas recorriendo al país visitando a todos y cada uno de los municipios de México, desde los más adinerados hasta los más olvidados. En cada parada tiene la oportunidad de escuchar las esperanzas y tomar en cuenta los reclamos de la gente. Y en cada visita expone su vida y su integridad física, ya que camina sin escoltas ni protección especial, confiado en que el mismo pueblo lo protege. 

Anaya y Meade, en contraste, sólo participan en reuniones estrictamente controladas, llenas de acarreados y rodeados de escoltas. Y cuando se atreven a participar en eventos con una población más abierta son fuertemente repudiados y abucheados, como cuando Meade tomó el micrófono la semana pasada en el evento de Omnilife en el estadio de las Chivas (véase: http://bit.ly/2FBDDia). 

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lunes, 12 de marzo de 2018

"López Obrador y el tigre" (La Jornada, 12 de marzo, 2018)

John M. Ackerman

Si en las elecciones del próximo primero de julio se repiten los escenarios de fraude electoral de 1988, 2006 y 2012, los siguientes seis años estarían marcados por una profunda inestabilidad institucional, económica, política y social. Una vez más, el pueblo mexicano se encontraría frente a un gobierno ilegítimo impuesto desde el poder, cuyas principales tareas serían saquear al erario, privatizar el patrimonio nacional y ejercer una brutal represión y censura en contra del pueblo.

Pero en esta ocasión ya no habría líder para encaminar y canalizar el descontento ciudadano hacia la esperanza de una futura victoria electoral. Con Andrés Manuel López Obrador gozando de un muy merecido descanso en su rancho de Palenque, Chiapas, se multiplicarían las voces de la resistencia en una enorme cacofonía desorganizada que generaría grandes estragos en todo el país durante un largo periodo de inestabilidad y caos.

Muchas élites y oligarcas culpan a López Obrador por la desconfianza ciudadana en las autoridades públicas. Suponen que si no fuera por los cuestionamientos del tabasqueño todos los mexicanos nos comportaríamos como siervos obedientes. Piensan que sin López Obrador "el tigre" de la resistencia popular se regresaría a su cueva para dormir una larga siesta.

Esta perspectiva parte de la poderosa influencia que todavía ejerce la escuela de Octavio Paz sobre los hombres y las mujeres del poder. Desde este punto de vista, el pueblo mexicano sería por naturaleza "agachado", "dejado" y pasivo. Imaginan que somos capaces de tolerar cualquier desgracia sin levantar siquiera el dedo en protesta. Postulan que la herencia colonial y nuestra supuesta baja autoestima no nos permitirían nunca levantarnos en una masiva movilización social capaz de derrocar al régimen despótico...

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sábado, 10 de marzo de 2018

"Hacia la reciudadanización del derecho electoral" (Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXVIII, Número 270, Enero-Abril 2018)

John M. Ackerman

Las históricas reformas electorales de 1994 y 1996 tuvieron el propósito de “ciudadanizar” las instituciones electorales. Se buscaba generar una verdadera independencia y autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tanto del gobierno federal como de los partidos políticos. El fraude electoral denunciado en las elecciones presidenciales de 1988, el crecimiento en la presencia electoral de los partidos de la oposición, la crisis política surgida a raíz del levantamiento zapatista en Chiapas y el colapso de la economía a finales de 1994, todos fueron factores que se articularon para obligar al régimen del partido de Estado a ceder una parte de su control centralizado sobre la organización y la calificación de las elecciones.

Pero, en realidad, la supuesta “ciudadanización” de los órganos electorales incluida en las reformas de 1994 y 1996 fue sumamente parcial y superficial. El régimen autoritario nunca tenía la intención de abrir las puertas a una verdadera participación ciudadana en la organización, la vigilancia y la calificación de las elecciones. Lo único que se buscaba era dar algunas concesiones simbólicas a la oposición política con el fin de recuperar un poco de legitimidad en los ojos de la opinión pública.
Con el tiempo, las debilidades del diseño institucional de 1994-1996 resultarían evidentes. La llegada, en 2003, de un nuevo equipo de consejeros electorales con menos interés en defender la
vigencia de los principios democráticos y mayores compromisos con el gobierno y los partidos políticos, implicaría la cancelación paulatina del vigor institucional que se había construido durante el consejo anterior, de 1996-2003.

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Ha llegado la hora de romper con este círculo vicioso de burocratización, parcialidad, desconfianza y apatía. Habría que recuperar el espíritu ciudadano de las reformas de 1994 y 1996, pero ir más allá de las propuestas de aquel entonces. Es tiempo de im plementar una segunda generación de reformas electorales ciudadanas que realmente empodere a la sociedad en la organización, la vigilancia y la calificación de los procesos electorales.

Con este fin, habría que realizar algunas modificaciones estratégicas al marco jurídico en materia electoral. Específicamente, en el presente artículo proponemos una serie de reformas estratégicas tanto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME). Estas modificaciones tendrían el fin de empoderar a los ciudadanos como partícipes más directos y activos en la labor de garantizar la vigencia de los principios rectores en materia electoral...

TEXTO COMPLETO DISPONIBLE EN REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE MÉXICO

domingo, 4 de marzo de 2018

"La disputa por el segundo lugar" (Revista Proceso, 4 de marzo, 2018)

John M. Ackerman

La idea de que Ricardo Anaya sería un “opositor al sistema” es un insulto a la inteligencia y una burla a los verdaderos luchadores sociales, como Nestora Salgado, que han enfrentado al régimen de manera directa y, en consecuencia, han sido objeto de duras represalias. 

Desde el primer día del sexenio de Enrique Peña Nieto, Anaya ha fungido como un leal aliado del sistema de corrupción, impunidad y saqueo. El ahora candidato presidencial panista, abanderado de la coalición Por México al Frente, fue activo promotor de los acuerdos cupulares del “Pacto por México” que nos trajo las dañinas reformas energética, educativa, laboral y de telecomunicaciones. También se ha demostrado que Anaya cuenta con vastas propiedades en México y Estados Unidos adquiridas al amparo de su actividad política. 

El gobierno federal hoy utiliza la Procuraduría General de la República (PGR) para exhibir los trapos sucios de Anaya, no porque el especulador en naves industriales represente alguna amenaza a la integridad del sistema de oprobio que hoy nos malgobierna, sino simple y llanamente porque Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón lo consideran un traidor. Al estilo de un cártel de narcotraficantes o de una secta religiosa o política, priistas y calderonistas buscan ajusticiar personalmente a su antiguo amigo y aliado. 

Anaya no es, entonces, de ninguna manera un perseguido político. Estamos atestiguando una vil lucha por el poder entre dos bandos igualmente ambiciosos, cínicos y corruptos...

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