Las históricas reformas electorales de 1994 y 1996 tuvieron el propósito de “ciudadanizar” las instituciones electorales. Se buscaba generar una verdadera independencia y autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tanto del gobierno federal como de los partidos políticos. El fraude electoral denunciado en las elecciones presidenciales de 1988, el crecimiento en la presencia electoral de los partidos de la oposición, la crisis política surgida a raíz del levantamiento zapatista en Chiapas y el colapso de la economía a finales de 1994, todos fueron factores que se articularon para obligar al régimen del partido de Estado a ceder una parte de su control centralizado sobre la organización y la calificación de las elecciones.
Pero, en realidad, la supuesta “ciudadanización” de los órganos electorales incluida en las reformas de 1994 y 1996 fue sumamente parcial y superficial. El régimen autoritario nunca tenía la intención de abrir las puertas a una verdadera participación ciudadana en la organización, la vigilancia y la calificación de las elecciones. Lo único que se buscaba era dar algunas concesiones simbólicas a la oposición política con el fin de recuperar un poco de legitimidad en los ojos de la opinión pública.
Con el tiempo, las debilidades del diseño institucional de 1994-1996 resultarían evidentes. La llegada, en 2003, de un nuevo equipo de consejeros electorales con menos interés en defender la
vigencia de los principios democráticos y mayores compromisos con el gobierno y los partidos políticos, implicaría la cancelación paulatina del vigor institucional que se había construido durante el consejo anterior, de 1996-2003.
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Ha llegado la hora de romper con este círculo vicioso de burocratización, parcialidad, desconfianza y apatía. Habría que recuperar el espíritu ciudadano de las reformas de 1994 y 1996, pero ir más allá de las propuestas de aquel entonces. Es tiempo de im plementar una segunda generación de reformas electorales ciudadanas que realmente empodere a la sociedad en la organización, la vigilancia y la calificación de los procesos electorales.
Con este fin, habría que realizar algunas modificaciones estratégicas al marco jurídico en materia electoral. Específicamente, en el presente artículo proponemos una serie de reformas estratégicas tanto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME). Estas modificaciones tendrían el fin de empoderar a los ciudadanos como partícipes más directos y activos en la labor de garantizar la vigencia de los principios rectores en materia electoral...
TEXTO COMPLETO DISPONIBLE EN REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE MÉXICO
