ADQUIERE "EL MITO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA"
lunes, 17 de diciembre de 2007
sábado, 24 de noviembre de 2007
domingo, 11 de noviembre de 2007
"Auditores incómodos, jueces impunes" (Revista Proceso, 11 noviembre de 2007)
El Poder Judicial ha demostrado una vez más que el principal problema con el estado de derecho en el paÃs no es la carencia de una supuesta "cultura de la legalidad" entre la ciudadanÃa, sino el franco desprecio a la ley por parte de nuestros gobernantes. La negativa que el Consejo de la Judicatura Federal dio a la AuditorÃa Superior de la Federación (ASF) para revisar el desempeño del servicio de carrera de jueces y magistrados, es un acto de soberbia solamente posible en un contexto de total impunidad. El cabildeo impulsado por el magistrado presidente de la Suprema Corte para conseguir el apoyo del Pleno de la Corte a esta terrible negativa no hace más que echar sal a la herida.
No hay duda con respecto a la competencia de la ASF para explorar minuciosamente la gestión del Poder Judicial de la Federación. El artÃculo 79 de la Constitución señala con toda claridad que está facultada para fiscalizar "el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, asà como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales". El Consejo es parte del Poder Judicial y ejerce recursos públicos. Negarse a cooperar con la ASF representa una franca violación a la Constitución. Además, en años recientes la AuditorÃa ya ha inspeccionado el desempeño de nueve diferentes servicios de carrera a nivel federal, incluyendo seis del Poder Ejecutivo, dos de órganos autónomos y uno del mismo Poder Judicial.
Ortiz Mayagoitia, quien en un evidente conflicto de intereses es simultáneamente el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, ha recurrido a la Ley Orgánica del Poder Judicial para facultar a la Suprema Corte a intervenir en la controversia. Él sostiene que la ley obliga a la Corte a "velar en todo momento por la autonomÃa de los órganos del Poder Judicial de la Federación', y en particular debe "conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte
de Justicia y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación". Con base en estas cláusulas, busca convencer a los otros ministros de dar un espaldarazo a la opacidad del Consejo de la Judicatura.
Lo que el presidente de la Corte pasa por alto es que el conflicto actual no es entre dos órganos del Poder Judicial, sino entre dos poderes: el Auditor como órgano de la Cámara de Diputados y el Consejo de la Judicatura como parte del Poder Judicial. También confunde la autonomÃa con la autarquÃa e impunidad. Entre más autonomÃa tenga un organismo estatal, mayores son sus obligaciones de rendición de cuentas a la sociedad y a los órganos externos.
Precisamente porque el Poder Judicial no dispone de un vÃnculo directo con la ciudadanÃa por medio de elecciones periódicas, afronta mayores exigencias de transparencia y apertura ante procesos de revisión externa. De otra forma, este poder se encerrará en una cámara de eco donde las únicas voces escuchadas serán las propias y donde la crÃtica rápidamente cederá lugar al autoelogio.
Vale la pena recordar que esta no es la primera ocasión en que la Corte busca limitar a la ASF. En una serie de fallos durante 2004 y 2005 con respecto a auditorÃas a la Comisión Reguladora de EnergÃa y Fobaproa/IPAB, la Corte decidió que la ASF tenÃa que reducir el alcance de sus auditorias al desempeño, y que el Poder Ejecutivo no estaba bajo ninguna obligación de acatar las órdenes y recomendaciones del Auditor.
Hace falta una reforma integral para dotar a éste de plenas facultades de investigación, evaluación y sanción, asà como de mayores recursos económicos. Actualmente, el presupuesto anual de la ASF es la mitad de lo asignado a la SecretarÃa de Función Pública. Aun asÃ, ha sido mucho más efectiva que esa secretarÃa en el combate a la corrupción y la impunidad en el paÃs. La calidad de sus auditorÃas, y en particular las dirigidas al desempeño, son ejemplares y han ganado numerosos concursos internacionales en la materia. No es gratuito, por cierto, que el Auditor haya sido nombrado presidente del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI, por sus siglas en inglés), que agrupa a 185 paÃses, para el perÃodo 2007-2010.
Desafortunadamente, en nuestro paÃs la ASF no ha logrado consolidar el mismo respaldo y reconocimiento que a nivel internacional ya se le concede. Pero irónicamente ello podrÃa ser otro indicador de su eficacia en lo interno. Tal y como lo ha señalado el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, "las entidades de fiscalización superior no son fábrica de indulgencias plenarias (...) deben actuar como conciencia y espejo de la sociedad, sin importar que estén lejos del conocimiento y reconocimiento de la sociedad o ser consideradas como instituciones incómodas que no son complacientes con el poder polÃtico".
El Congreso de la Unión recientemente aprobó una reforma al artÃculo 79 constitucional a todas luces insuficiente para construir un auditor con la fuerza que necesitamos. El cambio, sin bien clarifica algunas áreas grises, como la facultad de efectuar auditorÃas al desempeño y revisar información de ejercicios presupuestales anteriores, también introduce cláusulas peligrosas como la solventación automática en 120 dÃas hábiles de las observaciones del Auditor. SerÃa urgente retomar las numerosas iniciativas existentes en las dos Cámaras para terminar de consolidar el diseño institucional de nuestro principal bastión contra el cáncer social de la corrupción que tanto daño ha hecho al paÃs.
http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-7242061/Auditores-inc-modos-jueces-impunes.html
No hay duda con respecto a la competencia de la ASF para explorar minuciosamente la gestión del Poder Judicial de la Federación. El artÃculo 79 de la Constitución señala con toda claridad que está facultada para fiscalizar "el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, asà como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales". El Consejo es parte del Poder Judicial y ejerce recursos públicos. Negarse a cooperar con la ASF representa una franca violación a la Constitución. Además, en años recientes la AuditorÃa ya ha inspeccionado el desempeño de nueve diferentes servicios de carrera a nivel federal, incluyendo seis del Poder Ejecutivo, dos de órganos autónomos y uno del mismo Poder Judicial.
Ortiz Mayagoitia, quien en un evidente conflicto de intereses es simultáneamente el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, ha recurrido a la Ley Orgánica del Poder Judicial para facultar a la Suprema Corte a intervenir en la controversia. Él sostiene que la ley obliga a la Corte a "velar en todo momento por la autonomÃa de los órganos del Poder Judicial de la Federación', y en particular debe "conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte
de Justicia y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación". Con base en estas cláusulas, busca convencer a los otros ministros de dar un espaldarazo a la opacidad del Consejo de la Judicatura.
Lo que el presidente de la Corte pasa por alto es que el conflicto actual no es entre dos órganos del Poder Judicial, sino entre dos poderes: el Auditor como órgano de la Cámara de Diputados y el Consejo de la Judicatura como parte del Poder Judicial. También confunde la autonomÃa con la autarquÃa e impunidad. Entre más autonomÃa tenga un organismo estatal, mayores son sus obligaciones de rendición de cuentas a la sociedad y a los órganos externos.
Precisamente porque el Poder Judicial no dispone de un vÃnculo directo con la ciudadanÃa por medio de elecciones periódicas, afronta mayores exigencias de transparencia y apertura ante procesos de revisión externa. De otra forma, este poder se encerrará en una cámara de eco donde las únicas voces escuchadas serán las propias y donde la crÃtica rápidamente cederá lugar al autoelogio.
Vale la pena recordar que esta no es la primera ocasión en que la Corte busca limitar a la ASF. En una serie de fallos durante 2004 y 2005 con respecto a auditorÃas a la Comisión Reguladora de EnergÃa y Fobaproa/IPAB, la Corte decidió que la ASF tenÃa que reducir el alcance de sus auditorias al desempeño, y que el Poder Ejecutivo no estaba bajo ninguna obligación de acatar las órdenes y recomendaciones del Auditor.
Hace falta una reforma integral para dotar a éste de plenas facultades de investigación, evaluación y sanción, asà como de mayores recursos económicos. Actualmente, el presupuesto anual de la ASF es la mitad de lo asignado a la SecretarÃa de Función Pública. Aun asÃ, ha sido mucho más efectiva que esa secretarÃa en el combate a la corrupción y la impunidad en el paÃs. La calidad de sus auditorÃas, y en particular las dirigidas al desempeño, son ejemplares y han ganado numerosos concursos internacionales en la materia. No es gratuito, por cierto, que el Auditor haya sido nombrado presidente del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI, por sus siglas en inglés), que agrupa a 185 paÃses, para el perÃodo 2007-2010.
Desafortunadamente, en nuestro paÃs la ASF no ha logrado consolidar el mismo respaldo y reconocimiento que a nivel internacional ya se le concede. Pero irónicamente ello podrÃa ser otro indicador de su eficacia en lo interno. Tal y como lo ha señalado el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, "las entidades de fiscalización superior no son fábrica de indulgencias plenarias (...) deben actuar como conciencia y espejo de la sociedad, sin importar que estén lejos del conocimiento y reconocimiento de la sociedad o ser consideradas como instituciones incómodas que no son complacientes con el poder polÃtico".
El Congreso de la Unión recientemente aprobó una reforma al artÃculo 79 constitucional a todas luces insuficiente para construir un auditor con la fuerza que necesitamos. El cambio, sin bien clarifica algunas áreas grises, como la facultad de efectuar auditorÃas al desempeño y revisar información de ejercicios presupuestales anteriores, también introduce cláusulas peligrosas como la solventación automática en 120 dÃas hábiles de las observaciones del Auditor. SerÃa urgente retomar las numerosas iniciativas existentes en las dos Cámaras para terminar de consolidar el diseño institucional de nuestro principal bastión contra el cáncer social de la corrupción que tanto daño ha hecho al paÃs.
http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-7242061/Auditores-inc-modos-jueces-impunes.html
domingo, 30 de septiembre de 2007
"El demonio está en los detalles" (Revista Proceso, 30 de septiembre de 2007)
De última hora y bajo presión de los principales medios electrónicos, los senadores cambiaron un par de cláusulas de la reforma electoral que la podrían vaciar de contenido si no se cuidan escrupulosamente los detalles a la hora de redactar la nueva ley electoral.
El cambio más importante fue la modificación del párrafo correspondiente a la prohibición de la intervención de terceros en las campañas políticas. Previamente decía que “ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Según la interpretación un tanto exagerada de los medios, tal formulación permitiría que cualquier locutor que “difundiera” o emitiera alguna opinión sobre algún personaje político podría ser sancionado por violar la Constitución. En respuesta a estos cuestionamientos los senadores cambiaron la redacción. El texto finalmente aprobado se limita a prohibir la “contratación” de “propaganda”. La referencia a la “difusión” de “mensajes susceptibles” fue eliminada por completo.
Este cambio desmiente la afirmación que los medios no fueron tomados en cuenta por los senadores. Cómo decía un nervioso Joaquín López Doriga durante el intercambio público en el Senado, “yo le pediría, muy respetuosamente, insisto, yo es la primera vez que hablo aquí delante de ustedes y es algo que impone, yo les pediría que si se hizo…esta modificación a esta reforma electoral en esta parte de contenidos sobre todo esta frase que habla de susceptible de influir, que lo deja al arbitrio, no sabemos de quién, que se quede así, que no haya una modificación a la modificación.”
Sin embargo, al acotar la prohibición únicamente a la “contratación de propaganda” se cede un amplio margen de maniobra para que los medios electrónicos y los poderes fácticos puedan seguir influyendo de manera indebida en la promoción de candidatos y gobernantes. Ni siquiera se había secado la tinta de la minuta del Senado cuando un grupo empresarial del Estado de México ya había contratado un costoso desplegado de media plana en el periódico Reforma que incluía la fotografía del “gobernador guapo” y que enviaba una felicitación al “licenciado Enrique Peña Nieto y a todos sus colaboradores por haber más que cumplido con sus compromisos de gobierno”. A pesar del evidente sesgo propagandístico del anuncio, estos grupos empresariales siguen teniendo la coartada perfecta para argumentar que sólo ejercen su libertad de expresión.
La “propaganda” que hacen las televisoras al otorgar minutos adicionales en las entrevistas o cobertura especial a un político o gobernante también será sumamente difícil de controlar. De nueva cuenta, los medios se escudarán en su libertad de expresión. La comercialización de la cobertura mediática continuará sin tregua.
Con estas acciones los poderes fácticos y los medios electrónicos retan la ley, eluden a las autoridades electorales y minan el espíritu de la reforma constitucional. Todo ello no sería tan problemático si contáramos con una clara ética pública por parte de los concesionarios de la radio y la televisión. En este caso tendríamos medios prudentes y autorregulados que distinguirían entre información, opinión y propaganda y empresarios que se limitasen a expresar sus opiniones de manera desinteresada.
Pero el reciente proceder de estos actores ha demostrado que sería suicida confiar ciegamente en ellos. Si bien la profesionalización de los medios de comunicación ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, las actitudes que atestiguamos en los días pasados han mostrado de cuerpo entero a un sector mediático y empresarial que todavía no sabe vivir en la democracia. Ya el conductor Pedro Ferríz de Con lo expresó sin tapujos durante el encuentro en el Senado, “no creo que vengamos (sic) a dialogar con ustedes, venimos a reaccionar de ustedes”.
Ante esta manifiesta falta de voluntad democrática, lo único que nos queda es defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos por medio de la ley y nuestras instituciones. El nuevo texto del Código Electoral tendrá que dejar muy claro que la prohibición de la utilización de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” en la propaganda gubernamental también aplica a la promoción de gobernantes pagada por terceros. Así mismo, tanto la nueva ley electoral como la nueva ley de medios de comunicación deben regular de manera estricta la ética profesional de los periodistas y prohibir explícitamente la contratación directa o indirecta de cualquier espacio o beneficio de parte de políticos y gobernantes en los medios de comunicación.
Finalmente, otra adición peligrosa de última hora fue la que señala que cuando “a juicio” del IFE los tiempos oficiales en radio y televisión “fuesen insuficientes para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante”. La propuesta original señalaba que el IFE simplemente informaría a las autoridades competentes si necesitaba mayor tiempo. Pero con la nueva redacción se abre la posibilidad de que el IFE contrate una gran cantidad de tiempo en medios para promocionar el voto o aún peor para difundir las plataformas de los partidos. De esta manera las televisoras podrían volver a recibir el derrame de recursos públicos que han gozado durante las campañas electorales hasta la fecha. De nueva cuenta, el reto está en lograr una inequívoca redacción de la ley secundaria para asegurar que el espíritu del nuevo texto constitucional no quede en letra muerta.
El cambio más importante fue la modificación del párrafo correspondiente a la prohibición de la intervención de terceros en las campañas políticas. Previamente decía que “ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Según la interpretación un tanto exagerada de los medios, tal formulación permitiría que cualquier locutor que “difundiera” o emitiera alguna opinión sobre algún personaje político podría ser sancionado por violar la Constitución. En respuesta a estos cuestionamientos los senadores cambiaron la redacción. El texto finalmente aprobado se limita a prohibir la “contratación” de “propaganda”. La referencia a la “difusión” de “mensajes susceptibles” fue eliminada por completo.
Este cambio desmiente la afirmación que los medios no fueron tomados en cuenta por los senadores. Cómo decía un nervioso Joaquín López Doriga durante el intercambio público en el Senado, “yo le pediría, muy respetuosamente, insisto, yo es la primera vez que hablo aquí delante de ustedes y es algo que impone, yo les pediría que si se hizo…esta modificación a esta reforma electoral en esta parte de contenidos sobre todo esta frase que habla de susceptible de influir, que lo deja al arbitrio, no sabemos de quién, que se quede así, que no haya una modificación a la modificación.”
Sin embargo, al acotar la prohibición únicamente a la “contratación de propaganda” se cede un amplio margen de maniobra para que los medios electrónicos y los poderes fácticos puedan seguir influyendo de manera indebida en la promoción de candidatos y gobernantes. Ni siquiera se había secado la tinta de la minuta del Senado cuando un grupo empresarial del Estado de México ya había contratado un costoso desplegado de media plana en el periódico Reforma que incluía la fotografía del “gobernador guapo” y que enviaba una felicitación al “licenciado Enrique Peña Nieto y a todos sus colaboradores por haber más que cumplido con sus compromisos de gobierno”. A pesar del evidente sesgo propagandístico del anuncio, estos grupos empresariales siguen teniendo la coartada perfecta para argumentar que sólo ejercen su libertad de expresión.
La “propaganda” que hacen las televisoras al otorgar minutos adicionales en las entrevistas o cobertura especial a un político o gobernante también será sumamente difícil de controlar. De nueva cuenta, los medios se escudarán en su libertad de expresión. La comercialización de la cobertura mediática continuará sin tregua.
Con estas acciones los poderes fácticos y los medios electrónicos retan la ley, eluden a las autoridades electorales y minan el espíritu de la reforma constitucional. Todo ello no sería tan problemático si contáramos con una clara ética pública por parte de los concesionarios de la radio y la televisión. En este caso tendríamos medios prudentes y autorregulados que distinguirían entre información, opinión y propaganda y empresarios que se limitasen a expresar sus opiniones de manera desinteresada.
Pero el reciente proceder de estos actores ha demostrado que sería suicida confiar ciegamente en ellos. Si bien la profesionalización de los medios de comunicación ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, las actitudes que atestiguamos en los días pasados han mostrado de cuerpo entero a un sector mediático y empresarial que todavía no sabe vivir en la democracia. Ya el conductor Pedro Ferríz de Con lo expresó sin tapujos durante el encuentro en el Senado, “no creo que vengamos (sic) a dialogar con ustedes, venimos a reaccionar de ustedes”.
Ante esta manifiesta falta de voluntad democrática, lo único que nos queda es defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos por medio de la ley y nuestras instituciones. El nuevo texto del Código Electoral tendrá que dejar muy claro que la prohibición de la utilización de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” en la propaganda gubernamental también aplica a la promoción de gobernantes pagada por terceros. Así mismo, tanto la nueva ley electoral como la nueva ley de medios de comunicación deben regular de manera estricta la ética profesional de los periodistas y prohibir explícitamente la contratación directa o indirecta de cualquier espacio o beneficio de parte de políticos y gobernantes en los medios de comunicación.
Finalmente, otra adición peligrosa de última hora fue la que señala que cuando “a juicio” del IFE los tiempos oficiales en radio y televisión “fuesen insuficientes para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante”. La propuesta original señalaba que el IFE simplemente informaría a las autoridades competentes si necesitaba mayor tiempo. Pero con la nueva redacción se abre la posibilidad de que el IFE contrate una gran cantidad de tiempo en medios para promocionar el voto o aún peor para difundir las plataformas de los partidos. De esta manera las televisoras podrían volver a recibir el derrame de recursos públicos que han gozado durante las campañas electorales hasta la fecha. De nueva cuenta, el reto está en lograr una inequívoca redacción de la ley secundaria para asegurar que el espíritu del nuevo texto constitucional no quede en letra muerta.
jueves, 20 de septiembre de 2007
Medios y transparencia (Periódico Reforma, 20 de septiembre, 2007)
John M. Ackerman
Lo que realmente preocupa a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) no es tanto el dinero que dejarán de percibir con la reforma electoral y aún menos el supuesto ataque a la libertad de expresión, sino el hecho que ahora los medios electrónicos tendrán que rendir cuentas a las autoridades electorales. Con la eliminación de los secretos bancario, fiscal y fiduciario y el robustecimiento de las facultades del IFE para sancionar personas físicas y morales así como para ordenar el retiro de propaganda, se ha logrado dar un paso firme en contra de la impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país.
Los medios no se comportan como simples espectadores en las campañas electorales, sino que inciden de manera determinante en los resultados. No es ningún secreto que las televisoras elevan sus precios durante la etapa electoral y cobran tarifas diferenciadas dependiendo de su cercanía o lejanía con los candidatos. Obsequian espacios a los que comparten su punto de vista y cobran tarifas usureras a los adversarios.
El manejo discrecional de las tarifas en el pasado proceso electoral federal seguramente fue mucho más generalizado de lo que imaginamos. Por ello no es raro que la CIRT se haya negado rotundamente a proporcionar al IFE toda la información con respecto a los 281 mil spots "huérfanos". Paradójicamente, el 19 de enero de 2006 la CIRT firmó con bombo y platillo un convenio de colaboración con el IFE que obligaba a los integrantes de la cámara a entregar información detallada sobre la contratación de propaganda política. El convenio indicaba que los integrantes de la CIRT tendrían que proporcionar copias de todas las facturas expedidas a cada partido político, así como hojas membreteadas que especificaran spot por spot el costo, horario, duración y contratante de cada uno de los anuncios. Televisa firmó su propio convenio con las mismas características el 3 de octubre de 2005.
Estos convenios fueron inútiles. Televisa y los integrantes de la CIRT se limitaron a informar a la autoridad electoral de manera general sobre el número total de spots transmitidos y el costo total de los mismos. No proporcionaron información específica sobre precios, horarios o contratantes de los anuncios. Así consta en los cuadros-resumen que proporcionó el titular de la Unidad de Enlace del IFE, Gregorio Castillo, en su respuesta a una reciente solicitud de acceso a la información (oficio USID/UE/03978/07). De la misma forma en que el Tribunal Electoral ha pedido que los ciudadanos nos conformemos con la información contenida en las actas de la elección presidencial al negar el acceso a la materia prima contenida en las boletas electorales, los medios de comunicación también esconden la información detallada sobre precios y contratantes de cada uno de los anuncios políticos, esperando que nos demos por bien servidos con su escueta información.
Las autoridades electorales señalan que los "procesos oficiosos" van por buen camino, que los medios han estado proporcionando la información solicitada. Pero ante la aparente alianza entre los actuales consejeros electorales y los principales medios comerciales surge la duda de si el IFE actual cuenta con la suficiente independencia y calidad moral para obligar a la CIRT a proporcionar toda la información necesaria.
Tanto la CIRT como el consejero presidente han criticado la reforma electoral porque no transparenta el gasto de los partidos políticos. Tienen razón. Como "entidades de interés público" y organizaciones que se financian principalmente del erario público, los partidos deberían estar obligados a rendir cuentas directamente a la ciudadanía. Desafortunadamente, ni la reciente reforma al artículo 6o. constitucional en materia de transparencia ni la actual reforma electoral incluyeron a los partidos políticos como sujetos obligados.
Pero los medios sólo ven la paja en el ojo ajeno. Si realmente estuvieran comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, ellos empezarían por proporcionar hoy mismo, tanto al IFE como al público en general, las copias de todas las facturas de compra de propaganda política así como la información desglosada para cada spot contratado durante el año 2006. Habría que incluir también la información sobre los anuncios contratados por el Consejo Coordinador Empresarial y otras agrupaciones que a juicio del mismo Tribunal Electoral incidieron de manera directa en las campañas políticas. Asimismo, el IFE debería reproducir y proporcionar copias públicas de toda la información con la que cuenta hasta la fecha con respecto a la contratación de propaganda política durante las últimas elecciones presidenciales. Es hora de que los medios, al igual que los partidos, empiecen a rendir cuentas.
El autor es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Fuente: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/406/810371/
sábado, 1 de septiembre de 2007
jueves, 7 de junio de 2007
martes, 8 de mayo de 2007
domingo, 25 de febrero de 2007
sábado, 24 de febrero de 2007
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