De última hora y bajo presión de los principales medios electrónicos, los senadores cambiaron un par de cláusulas de la reforma electoral que la podrían vaciar de contenido si no se cuidan escrupulosamente los detalles a la hora de redactar la nueva ley electoral.
El cambio más importante fue la modificación del párrafo correspondiente a la prohibición de la intervención de terceros en las campañas políticas. Previamente decía que “ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Según la interpretación un tanto exagerada de los medios, tal formulación permitiría que cualquier locutor que “difundiera” o emitiera alguna opinión sobre algún personaje político podría ser sancionado por violar la Constitución. En respuesta a estos cuestionamientos los senadores cambiaron la redacción. El texto finalmente aprobado se limita a prohibir la “contratación” de “propaganda”. La referencia a la “difusión” de “mensajes susceptibles” fue eliminada por completo.
Este cambio desmiente la afirmación que los medios no fueron tomados en cuenta por los senadores. Cómo decía un nervioso Joaquín López Doriga durante el intercambio público en el Senado, “yo le pediría, muy respetuosamente, insisto, yo es la primera vez que hablo aquí delante de ustedes y es algo que impone, yo les pediría que si se hizo…esta modificación a esta reforma electoral en esta parte de contenidos sobre todo esta frase que habla de susceptible de influir, que lo deja al arbitrio, no sabemos de quién, que se quede así, que no haya una modificación a la modificación.”
Sin embargo, al acotar la prohibición únicamente a la “contratación de propaganda” se cede un amplio margen de maniobra para que los medios electrónicos y los poderes fácticos puedan seguir influyendo de manera indebida en la promoción de candidatos y gobernantes. Ni siquiera se había secado la tinta de la minuta del Senado cuando un grupo empresarial del Estado de México ya había contratado un costoso desplegado de media plana en el periódico Reforma que incluía la fotografía del “gobernador guapo” y que enviaba una felicitación al “licenciado Enrique Peña Nieto y a todos sus colaboradores por haber más que cumplido con sus compromisos de gobierno”. A pesar del evidente sesgo propagandístico del anuncio, estos grupos empresariales siguen teniendo la coartada perfecta para argumentar que sólo ejercen su libertad de expresión.
La “propaganda” que hacen las televisoras al otorgar minutos adicionales en las entrevistas o cobertura especial a un político o gobernante también será sumamente difícil de controlar. De nueva cuenta, los medios se escudarán en su libertad de expresión. La comercialización de la cobertura mediática continuará sin tregua.
Con estas acciones los poderes fácticos y los medios electrónicos retan la ley, eluden a las autoridades electorales y minan el espíritu de la reforma constitucional. Todo ello no sería tan problemático si contáramos con una clara ética pública por parte de los concesionarios de la radio y la televisión. En este caso tendríamos medios prudentes y autorregulados que distinguirían entre información, opinión y propaganda y empresarios que se limitasen a expresar sus opiniones de manera desinteresada.
Pero el reciente proceder de estos actores ha demostrado que sería suicida confiar ciegamente en ellos. Si bien la profesionalización de los medios de comunicación ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, las actitudes que atestiguamos en los días pasados han mostrado de cuerpo entero a un sector mediático y empresarial que todavía no sabe vivir en la democracia. Ya el conductor Pedro Ferríz de Con lo expresó sin tapujos durante el encuentro en el Senado, “no creo que vengamos (sic) a dialogar con ustedes, venimos a reaccionar de ustedes”.
Ante esta manifiesta falta de voluntad democrática, lo único que nos queda es defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos por medio de la ley y nuestras instituciones. El nuevo texto del Código Electoral tendrá que dejar muy claro que la prohibición de la utilización de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” en la propaganda gubernamental también aplica a la promoción de gobernantes pagada por terceros. Así mismo, tanto la nueva ley electoral como la nueva ley de medios de comunicación deben regular de manera estricta la ética profesional de los periodistas y prohibir explícitamente la contratación directa o indirecta de cualquier espacio o beneficio de parte de políticos y gobernantes en los medios de comunicación.
Finalmente, otra adición peligrosa de última hora fue la que señala que cuando “a juicio” del IFE los tiempos oficiales en radio y televisión “fuesen insuficientes para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante”. La propuesta original señalaba que el IFE simplemente informaría a las autoridades competentes si necesitaba mayor tiempo. Pero con la nueva redacción se abre la posibilidad de que el IFE contrate una gran cantidad de tiempo en medios para promocionar el voto o aún peor para difundir las plataformas de los partidos. De esta manera las televisoras podrían volver a recibir el derrame de recursos públicos que han gozado durante las campañas electorales hasta la fecha. De nueva cuenta, el reto está en lograr una inequívoca redacción de la ley secundaria para asegurar que el espíritu del nuevo texto constitucional no quede en letra muerta.
El cambio más importante fue la modificación del párrafo correspondiente a la prohibición de la intervención de terceros en las campañas políticas. Previamente decía que “ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Según la interpretación un tanto exagerada de los medios, tal formulación permitiría que cualquier locutor que “difundiera” o emitiera alguna opinión sobre algún personaje político podría ser sancionado por violar la Constitución. En respuesta a estos cuestionamientos los senadores cambiaron la redacción. El texto finalmente aprobado se limita a prohibir la “contratación” de “propaganda”. La referencia a la “difusión” de “mensajes susceptibles” fue eliminada por completo.
Este cambio desmiente la afirmación que los medios no fueron tomados en cuenta por los senadores. Cómo decía un nervioso Joaquín López Doriga durante el intercambio público en el Senado, “yo le pediría, muy respetuosamente, insisto, yo es la primera vez que hablo aquí delante de ustedes y es algo que impone, yo les pediría que si se hizo…esta modificación a esta reforma electoral en esta parte de contenidos sobre todo esta frase que habla de susceptible de influir, que lo deja al arbitrio, no sabemos de quién, que se quede así, que no haya una modificación a la modificación.”
Sin embargo, al acotar la prohibición únicamente a la “contratación de propaganda” se cede un amplio margen de maniobra para que los medios electrónicos y los poderes fácticos puedan seguir influyendo de manera indebida en la promoción de candidatos y gobernantes. Ni siquiera se había secado la tinta de la minuta del Senado cuando un grupo empresarial del Estado de México ya había contratado un costoso desplegado de media plana en el periódico Reforma que incluía la fotografía del “gobernador guapo” y que enviaba una felicitación al “licenciado Enrique Peña Nieto y a todos sus colaboradores por haber más que cumplido con sus compromisos de gobierno”. A pesar del evidente sesgo propagandístico del anuncio, estos grupos empresariales siguen teniendo la coartada perfecta para argumentar que sólo ejercen su libertad de expresión.
La “propaganda” que hacen las televisoras al otorgar minutos adicionales en las entrevistas o cobertura especial a un político o gobernante también será sumamente difícil de controlar. De nueva cuenta, los medios se escudarán en su libertad de expresión. La comercialización de la cobertura mediática continuará sin tregua.
Con estas acciones los poderes fácticos y los medios electrónicos retan la ley, eluden a las autoridades electorales y minan el espíritu de la reforma constitucional. Todo ello no sería tan problemático si contáramos con una clara ética pública por parte de los concesionarios de la radio y la televisión. En este caso tendríamos medios prudentes y autorregulados que distinguirían entre información, opinión y propaganda y empresarios que se limitasen a expresar sus opiniones de manera desinteresada.
Pero el reciente proceder de estos actores ha demostrado que sería suicida confiar ciegamente en ellos. Si bien la profesionalización de los medios de comunicación ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, las actitudes que atestiguamos en los días pasados han mostrado de cuerpo entero a un sector mediático y empresarial que todavía no sabe vivir en la democracia. Ya el conductor Pedro Ferríz de Con lo expresó sin tapujos durante el encuentro en el Senado, “no creo que vengamos (sic) a dialogar con ustedes, venimos a reaccionar de ustedes”.
Ante esta manifiesta falta de voluntad democrática, lo único que nos queda es defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos por medio de la ley y nuestras instituciones. El nuevo texto del Código Electoral tendrá que dejar muy claro que la prohibición de la utilización de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” en la propaganda gubernamental también aplica a la promoción de gobernantes pagada por terceros. Así mismo, tanto la nueva ley electoral como la nueva ley de medios de comunicación deben regular de manera estricta la ética profesional de los periodistas y prohibir explícitamente la contratación directa o indirecta de cualquier espacio o beneficio de parte de políticos y gobernantes en los medios de comunicación.
Finalmente, otra adición peligrosa de última hora fue la que señala que cuando “a juicio” del IFE los tiempos oficiales en radio y televisión “fuesen insuficientes para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante”. La propuesta original señalaba que el IFE simplemente informaría a las autoridades competentes si necesitaba mayor tiempo. Pero con la nueva redacción se abre la posibilidad de que el IFE contrate una gran cantidad de tiempo en medios para promocionar el voto o aún peor para difundir las plataformas de los partidos. De esta manera las televisoras podrían volver a recibir el derrame de recursos públicos que han gozado durante las campañas electorales hasta la fecha. De nueva cuenta, el reto está en lograr una inequívoca redacción de la ley secundaria para asegurar que el espíritu del nuevo texto constitucional no quede en letra muerta.
