El que se enoja pierde (Revista Proceso, 24 de mayo de 2009)

Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) han demostrado tener la piel muy delgada. Si no soportan la más mínima crítica de periodistas, analistas o ciudadanos, mucho menos iban a estar en condiciones de digerir la encuesta de María de las Heras, publicada el pasado lunes 18 de mayo, que señala que el 51% de los ciudadanos tienen una “mala” o “muy mala” opinión de su desempeño.

La respuesta de los consejeros no se hizo esperar. Ese mismo 18 de mayo, en la sesión del Consejo General, el consejero Alfredo Figueroa arremetió evidentemente molesto contra los “comentócratas” que supuestamente descalifican sin bases la labor del árbitro electoral. Por su parte, el consejero Marco Gómez insistió que el IFE no puede convertirse en “rehén” de los medios de comunicación, y el consejero Benito Nacif declaró que el resultado de la encuesta simplemente no era “un dato relevante”. El consejero Marco Antonio Baños, emulando al típico candidato a quién los sondeos no le son favorables, descalificó la relevancia de “las encuestas” en general. Además, de forma insolente buscó desacreditar el profesionalismo de la encuestadora.

Texto completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/69185

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=74988&seccion=Opinion (Tribuna de los Cabos)

Reforma convaleciente (La Jornada, 18 de mayo de 2009)

La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar la multa impuesta al Partido Verde a causa de los promocionales de sus legisladores podría ser un golpe mortal a la histórica reforma electoral de 2007-2008. Con su fallo del 8 de mayo, los magistrados han abierto de par en par la puerta al dinero privado para la contratación de propaganda político-electoral. También dan permiso a la utilización de los logotipos de los partidos políticos en la difusión gubernamental. Asimismo, la decisión renueva el flujo de recursos públicos a las arcas de las principales empresas de radio y televisión.

Se encuentra en riesgo nada menos que la columna vertebral de la reforma electoral: el supuesto blindaje en contra de la intervención indebida del sector privado, el gobierno y los medios de comunicación en la competencia política. La equidad de las elecciones de 2009 ya se encuentra en duda. Si las instituciones electorales y nuestros representantes populares no toman de manera urgente las providencias necesarias para frenar esta ominosa tendencia, las elecciones presidenciales de 2012 serán nada menos que un desastre.

Texto completo disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2009/05/18/index.php?section=opinion&article=023a2pol

Calderón en campaña (Revista Proceso, 10 de mayo de 2009)

El triunfalista discurso que Felipe Calderón pronunciara en cadena nacional el pasado lunes 4 de mayo demuestra sus claras intenciones por intervenir personalmente en las campanas electorales, utilizando políticamente la crisis sanitaria para favorecer a su gobierno y al Partido Acción Nacional. Frente a ello, la sumisión y complicidad del Instituto Federal Electoral (IFE) pone en evidencia una vez más su falta de autonomía, objetividad e imparcialidad.

Uno de los logros más importantes de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 fue la expresa prohibición de la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas políticas. El nuevo texto de la Carta Magna señala que, “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”. Supuestamente a partir del pasado 3 de mayo, a ninguna entidad gubernamental se le debería permitir utilizar los medios de comunicación para dar a conocer sus acciones o promover sus logros.

Texto completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/68716 (Proceso)

Decreto inconstitucional (La Jornada, 4 de mayo de 2009)

El sábado 25 de abril, el Ejecutivo pasó por encima de la Constitución al declarar unilateralmente un estado de excepción. Si bien las medidas que Calderón ha tomado para combatir la epidemia están plenamente justificadas, la forma en que éstas han sido implementadas implica un flagrante agravio al estado de derecho. Al negarse a conseguir la autorización del Congreso de la Unión o fijar una fecha límite para sus poderes extraordinarios, el Presidente ratifica una vez más sus propensiones dictatoriales.

El decreto presidencial violenta las garantías de libre tránsito y libre asociación, así como nuestros derechos a la privacidad y el respeto de la propiedad. Autoriza a la Secretaría de Salud “la inspección de pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes, así como de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos”. Asimismo, permite “el ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia”. También otorga facultades al gobierno para “evitar las congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión”.

Texto completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/05/04/index.php?section=opinion&article=033a1pol