No sería exagerado afirmar que el perfil de los tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), a ser nombrados antes del 30 de octubre, determinará el destino de la democracia en el país durante la siguiente década. Los nuevos funcionarios se convertirán rápidamente en una suerte de “superconsejeros”, ya que permanecerán en sus cargos durante nueve años, hasta finales de 2019. Ellos atestiguarán la salida de todos y cada uno de los actuales integrantes del Consejo General y serán los primeros consejeros en la historia en organizar dos elecciones presidenciales, las de 2012 y 2018.
Así, el actual proceso de selección cobra una mayor importancia que el que tuvo lugar en junio de 2008, cuando fueron elegidos Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero para miniperiodos de cinco años que vencerán en 2013. Este proceso incluso podría llegar a ser más trascendente que el de principios de febrero de 2008, cuando fueron designados el actual consejero presidente y dos consejeros electorales más.
Tendrían que llegar tres verdaderos demócratas para que hubiera alguna posibilidad de recuperación de la confianza en las instituciones electorales del país. El IFE cuenta con vastas responsabilidades de regulación del espacio público-electoral y con un enorme potencial institucional para reconstruir la democracia del país. Del éxito o fracaso del IFE en los próximos años dependerá que en algún momento futuro lleguemos a tener un gobierno federal realmente interesado en atender las necesidades más básicas de la población.
El pasado 20 de septiembre, Ulises Beltrán informó que 14% de los mexicanos no cree que “las condiciones de desigualdad y pobreza pueden resolverse actualmente poco a poco en forma pacífica”, sino que “sólo se darán con un nuevo enfrentamiento armado entre los mexicanos, como ocurrió en la Independencia y la Revolución”. El mismo día, El Universal nos informó que 29% de los ciudadanos encuestados piensa que la democracia no “es la forma de gobierno más adecuada para el futuro”, sino que “sería mejor otra forma de gobierno”. Asimismo, 74% cree que “el sistema político actual de México está mal”.
Sin duda, las condiciones para un nuevo estallido social están listas. Una revuelta armada en favor de la justicia tendría un universo potencial de varios millones de mexicanos. Y si la revuelta social no fuera armada, sino pacífica, el apoyo fácilmente podría duplicarse y quizá incluir a los insatisfechos con el sistema político.
La concreción de un IFE independiente fue un eje central de la transición democrática. Hoy el fortalecimiento de este instituto sería una de las tareas claves para conquistar la paz social y auspiciar una genuina participación ciudadana. Sin embargo, todo parece indicar que una vez más los partidos privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de las capacidades de los nuevos consejeros. Adicionalmente, lo más probable es que la izquierda vuelva a quedar sin representación alguna, lo cual implicaría una peligrosa ausencia de pluralidad en el seno del Consejo General.
Frente a esta situación, algunos analistas han llegado a proponer que se excluya a los partidos políticos del proceso de selección y que los nombramientos se encarguen a una comisión de ciudadanos independientes. Un sistema similar existe en Ecuador y otros países latinoamericanos.
La propuesta, aunque es atractiva, plantea dos grandes dificultades. Por un lado, para la selección de los integrantes de la comisión ciudadana nos enfrentaríamos exactamente a los mismos problemas de cuotas y lealtades. Las negociaciones palaciegas simplemente se trasladarían desde el proceso de designación de los consejeros electorales al proceso de nombramiento de los ciudadanos integrantes de esta comisión.
Por otro lado, la propuesta también emerge de una visión equivocada del perfil del consejero electoral. La historia nos ha demostrado que los mejores consejeros no son necesariamente aquellos con la mejor preparación “técnica” o quienes cuenten con mayor “carisma mediático ciudadano”, sino quienes verdaderamente aseguren la necesaria pluralidad del Consejo General y se conduzcan de forma autónoma. Necesitamos consejeros con principios tan firmes como diversos, sin padrinos políticos o sociales, y dispuestos a defender el espacio público-electoral a toda costa.
Lo mejor entonces no es imaginar un proceso idealizado para encontrar un conjunto de “ángeles guardianes” de la democracia, sino un procedimiento práctico que corte de tajo el vínculo entre consejeros y partidos, que abra paso a personajes verdaderamente “incontrolables” desde el poder.
Para lograr este fin habría que considerar un retorno al mecanismo democrático por excelencia: la lotería. Una selección completamente al azar de los nuevos consejeros entre los candidatos que cumplan con una serie de requisitos mínimos acabaría con las humillantes pasarelas y sucios cabildeos de los anteriores procesos. Se abriría la posibilidad a la llegada de consejeros electorales sin compromiso alguno con los políticos, los partidos o los poderes fácticos.
Si se adoptara esta fórmula, por lo menos podríamos dar el beneficio de la duda a los nuevos consejeros. De otra forma, una vez más los ciudadanos tendríamos la obligación cívica de mantenernos radicalmente escépticos con respecto a las intenciones y acciones de los nuevos integrantes del Consejo General. l
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