"El fin del PRIAN" (Revista Proceso, 28 de agosto 2011)

Calderón y Gordillo
Foto: Miguel Dimayuga/proceso.com

La alianza del autoritarismo de Estado y la derecha neoliberal se encuentra en riesgo. Desde 1988, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) han administrado en conjunto la alternancia política. Pero los acontecimientos más recientes parecen indicar que Felipe Calderón y el PAN han decidido poner fin a esta etapa histórica para confrontar de manera directa al viejo partido de Estado de cara a las elecciones de 2012. Esta nueva fase en la política nacional podría generar grandes beneficios para la sociedad mexicana.

La época del cogobierno PRI-PAN inició hace 23 años, cuando Acción Nacional escogió la vía de la “concertacesión” después del fraude electoral de 1988. Manuel J. Clouthier del Rincón, Diego Fernández de Cevallos y otros dirigentes del albiazul pactaron reconocer la presidencia de Carlos Salinas a cambio de tres compromisos fundamentales: 1) Reforma electoral y reconocimiento de victorias locales y legislativos del PAN; 2) Reforma económica, incluyendo privatización de la banca y el ejido; y 3) Reconciliación entre el Estado y la Iglesia.

Salinas cumplió: privatizó la banca y el ejido; acercó el Estado a la Iglesia tanto legal como políticamente; entregó al PAN gobiernos estatales claves (Guanajuato, Baja California y Chihuahua) y patrocinó una reforma electoral que aparentó avances democráticos (pero en los hechos implicó graves retrocesos). A cambio, el PAN ofreció “gobernabilidad” y “paz social” al sistema priista.

En las últimas dos elecciones presidenciales, el PRI le devolvió el favor al PAN. En 2000, Ernesto Zedillo se apresuró a “levantarle el brazo” a Vicente Fox el mismo día de la elección a cambio de una “transición de terciopelo” que asegurara impunidad total para los anteriores gobernantes, así como la permanencia de las políticas neoliberales. En 2006, la alianza PRI-PAN se tejió meses antes de los comicios del 2 de julio, cuando amplios sectores del PRI abandonaron la candidatura de Roberto Madrazo para sumarse a la campaña del panista Calderón.}

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"El 'mejor posicionado'" (La Jornada, 22 de agosto de 2011)

La decisión del PRD de seleccionar su candidato presidencial mediante encuestas refleja la extrema debilidad de nuestro sistema democrático. El principal partido de izquierda, que en teoría tendría que estar más cercano a las necesidades del ciudadano común y que históricamente se había distinguido como la única fuerza política que tomaba en cuenta a la sociedad a la hora de tomar determinaciones importantes, hoy anuncia ser una institución igual de cupular, elitista y burocrática que sus opositores. Con esta decisión la ciudadanía en su conjunto pierde, pues se le cierra uno de los últimos reductos de participación directa en la vida política del país.

Es cierto que en la práctica hubiera sido muy difícil celebrar una elección interna confiable. Los procesos electorales recientes organizados por el partido del sol azteca han sufrido graves irregularidades. En 2008, Jesús Ortega fue impuesto presidente del partido por el tribunal electoral en una sentencia que dejó en la total impunidad el evidente cochinero de la elección (mi análisis aquí: http://tinyurl.com/3qzy292). La elección de Amalia García como presidenta del partido en 1999 no fue mucho más limpia. De hecho, tuvo que ser anulada y repetida por las diversas prácticas fraudulentas que se presentaron.

Hoy el partido no cuenta con una comisión electoral con suficiente fuerza, recursos o independencia para organizar una elección como la que se requiere. Asimismo, su padrón electoral se encuentra en total desorden, aun después de una costosa campaña nacional de afiliación y renovación. La discrepancia entre el padrón histórico de más de 8 millones de integrantes y los apenas un millón 800 mil militantes que el partido recientemente registró ante el IFE es un claro indicador del grave problema en esta materia...

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"Democracia sin verguenza" (Revista Proceso, 21 de agosto 2011)

Genaro García Luna
Foto:Octavio Gómez, proceso.com

Durante el régimen del partido del Estado, la ciudadanía ocasionalmente atestiguaba la renuncia de uno que otro alto funcionario por algún escándalo político o equivocación manifiesta. En momentos de crisis, los secretarios de Estado e incluso los gobernadores funcionaban como fusibles o válvulas de escape para apaciguar el descontento social. Estos movimientos eran, desde luego, más simulación que otra cosa, ya que rápidamente el funcionario castigado era reciclado para otro cargo de igual o mayor importancia. Sin embargo, el sacrificio temporal de uno de los suyos por lo menos daba la apariencia de una mínima rendición de cuentas por parte de la clase gobernante. 

Hoy, nuestros gobernantes supuestamente democráticos ni siquiera se dignan en realizar este tipo de ejercicios del viejo autoritarismo de Estado. Asimismo, ahora los actores sociales pocas veces se atreven a pedir la renuncia de algún funcionario público para no dar la impresión de ser demasiado radicales o revanchistas. Entre algunos sectores ciudadanos se considera que una actitud política “madura” o “civilizada” es una que apela exclusivamente a la “unidad” y al “diálogo” y excluye exigencias de renuncia que pudieran generar encono.

Existe también un argumento práctico en contra de las solicitudes de renuncia. Los problemas normalmente no se resuelven con un simple cambio de mando. La personalización de las exigencias inclusive puede distraer la atención de los asuntos de fondo. Esa también es la perfecta salida fácil para las autoridades, pues ofrecen la cabeza del funcionario responsable en lugar de atender las raíces del problema. Por ejemplo, tienen razón aquellas voces que afirman que la renuncia de Genaro García Luna no resolvería la crisis de seguridad pública en el país. Ante tal eventualidad, Felipe Calderón sin duda nombraría a alguien aún más inepto e ineficaz.

Pero la razón principal para no quitar el dedo del reglón con respecto al despido de García Luna y otros funcionarios ineficaces no es el efecto práctico que tendría en el corto plazo, sino las posibles consecuencias estructurales a largo plazo. La permanencia de este personaje como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, aun después de su fracaso monumental en la “lucha por la seguridad pública” y para garantizar la paz en el país, envía una señal inequívoca, tanto a los gobernantes como a los gobernados, de que lo que importa para mantener un trabajo no es el desempeño, sino las relaciones de amistad y complicidad con el jefe...

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"El nuevo embajador" (La Jornada, 8 de agosto de 2011)

Foto: jornada.com/reuters

El nuevo embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, ofrece una total continuidad a la política de su antecesor, Carlos Pascual. Ambos funcionarios tienen un perfil similar, son diplomáticos de larga carrera con experiencia en la reconstrucción de estados fallidos y en el combate al terrorismo. El último puesto de Wayne fue de funcionario de primera línea en la embajada de Washington en Kabul, Afganistán. La rápida ratificación, por consenso y sin debate alguno, de Wayne el pasado martes habla del acuerdo generalizado entre la clase política estadunidense en relación con México.

Aunque los estadunidenses se quejan de los pocos avances en la guerra contra el narcotráfico, al final de cuentas están contentos con la sólida alianza estratégica que han emprendido con Calderón. Los 50 mil muertos son lo de menos. Lo importante es que los mercados, el petróleo y el sistema policiaco-militar de nuestro país continúen intervenidos y manipulados por ellos.

Aquel pacto secreto entre Calderón y el embajador Tony Garza instaurado desde antes de las elecciones presidenciales de 2006, revelado por los cables de Wikileaks en La Jornada, sigue más vigente que nunca. El gobierno mexicano sacrifica la defensa de los intereses nacionales a cambio del apoyo simbólico del gobierno estadunidense a la legitimidad de la presidencia de Calderón (véase mi columna sobre el tema: http://bit.ly/gK9Zz1).

Ello confirma que la salida de Pascual no fue motivada por diferencia alguna entre los gobiernos mexicano y estadunidense. Obama simplemente cedió al capricho de Calderón en contra de Pascual por los amoríos del diplomático con la hija de Francisco Rojas, así como por sus declaraciones reveladas por Wikileaks. A cambio, Calderón mantiene y profundiza su actitud servil y entreguista hacia los intereses estadunidense...

 

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