John M. Ackerman
La solicitud de financiamiento de 18 mil 256 millones de pesos para alimentar al elefante blanco llamado Instituto Nacional Electoral (INE) durante 2018 es una agresión inaceptable a la dignidad ciudadana. En lugar de premiar la indolencia, el cinismo y la complicidad fraudulenta de los consejeros electorales, la sociedad tendría que castigarlos con su despido inmediato, así como remplazarlos con nuevos consejeros verdaderamente ciudadanos que presten sus servicios de manera gratuita a la nación.
Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Benito Nacif, Enrique Andrade, Roberto Ruiz, Pamela San Martín, Jaime Rivera, Beatriz Zavala y Dania Ravel han demostrado ser "no idóneos" (Aurelio Nuño dixit) para sus altas responsabilidades públicas. Su aval público al fraude electoral cometido en el estado de México y su activo encubrimiento de los ríos de dinero ilícito que fluyeron a la campaña del primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, han confirmado una vez más su falta de independencia y autonomía.
Urge recuperar la legitimidad perdida. Los primeros "consejeros ciudadanos" del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), liderados por Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti y Ricardo Pozas Horcasitas entre 1994 y 1996, no cobraban salario alguno por su labor. Sin embargo, en apenas dos años lograron mucho más que los actuales burócratas forrados de dinero alcanzarán a hacer en toda su vida.
Cuando el árbitro cuenta con la confianza de la sociedad, las denuncias fluyen de manera natural y los ciudadanos se encargan directamente de hacer valer la ley. Tal y como señalaron los doctores Mathew McCubbins y Thomas Schwartz en su clásico estudio publicado en 1984 en la American Journal of Political Science, las "alarmas de fuego", activadas por los ciudadanos en caso de alguna irregularidad, siempre serán más efectivas y eficientes que las constantes "patrullas de policía", que son muy costosas y fácilmente burladas por los delincuentes...