| Tienda de Autoservicio Soriana/ Foto: Proceso |
A los políticos no les conviene modificar el actual sistema
corrupto de repartición de cargos, favores y prebendas electorales. Solamente
buscan inyectar una nueva dosis de legitimidad pública para superar la crisis
de confianza generada tanto por las desaseadas elecciones de 2012 como por los
escándalos recientes. Tal y como ocurrió despúes de los comicios de 1988, 1994
y 2006, la principal intención de las nuevas promesas y reformas en materia
electoral es borrar las huellas de impunidades pasadas, más que transformar de
raíz el sistema.
Cualquier esfuerzo por avanzar en este tema tendría que
iniciar con una clara rendición de cuentas sobre las elecciones de 2012. No
solamente se deben investigar los desfalcos en Tabasco, sino también los ríos
de dinero que muy probablemente fluyeron de las arcas del Estado de México,
Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y otras entidades gobernadas por el PRI
para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto. Desde luego, también es preciso
llegar al fondo de los asuntos de Monex y Soriana.
Con respecto a la reforma
electoral, hay que ir más allá de
atender lagunas legales y ajustar estructuras burocráticas, para tomar medidas
definitivas que permitan la recuperación de la esperanza ciudadana en los
comicios. Hoy los procesos electorales son juegos de negociaciones oscuras
entre élites partidistas y poderes fácticos. Gana quien sella más pactos
comprometedores y viola más descaradamente las normas electorales.
Es necesario
dar un giro de 180 grados para que las campañas y las elecciones se transformen
en procesos de verdadero debate, expresión y participación ciudadanas. Para
ello habría que poner un alto a los abusos de los medios de comunicación, hacer
efectivos los topes de gasto de campaña, acabar con la parcialidad y la
pasividad de los órganos electorales, y empoderar a los ciudadanos para
defender la autenticidad del sufragio.
El primer reto es evitar perdernos en interminables
debates sobre temas meramente burocráticos. Por ejemplo, desde hace años los
consejeros del IFE y sus intelectuales orgánicos han insistido en que se
deberían trasladar las facultades sancionadoras y de fiscalización del IFE a otros
órganos, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
o la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ello para “proteger” al IFE de
la vorágine política y la sobrecarga de trabajo, que supuestamente dañan su
efectividad y credibilidad. Desde hace tiempo también se ha debatido la
posibilidad de crear un solo instituto electoral a nivel nacional para organizar
tanto los comicios federales como los locales. Los que defienden esta propuesta
sostienen que dicho órgano permitiría un significativo ahorro y además rompería
el control de los gobernadores sobre las elecciones en sus estados respectivos.
Ambas propuestas son cuestionables y no llegan al fondo del problema. En lugar
de aligerar la carga de trabajo a los supuestamente explotados consejeros electorales,
habría que darles más facultades y exigir a estos funcionarios muy bien
remunerados que cumplan cabalmente con sus responsabilidades constitucionales.
Y en lugar de entregar todas las elecciones del país a un grupo de consejeros
nacionales de comprobada parcialidad, habría que tomar medidas para garantizar
la independencia y la ciudadanización de todos los órganos electorales en el
país.
Una reforma clave, por ejemplo, sería implementar nuevos mecanismos para la
selección de los consejeros y magistrados electorales. Un sorteo entre un grupo
de candidatos ciudadanos que ya hayan aprobado varias etapas de revisión por la
misma sociedad civil podría minimizar la influencia de los partidos políticos
sobre los nuevos funcionarios. (Véase mi análisis aquí: http://ow.ly/lxV1W.) Otra reforma estratégica
sería la creación de un nuevo “juicio ciudadano de inconformidad” en la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente
en que la sociedad pueda impugnar directamente la actuación del IFE o de los
partidos políticos ante el TEPJF. De esta manera los ciudadanos dejarían de ser
pasivos emisores de votos para convertirse en actores centrales en la defensa
de la autenticidad del proceso electoral en su conjunto.
Pero la reforma más
importante sería la expansión de las obligaciones para la radio y la
televisión. En lugar de solamente emitir llamados a misa en la forma de
“sugerencias de lineamientos” para la cobertura noticiosa de las campañas políticas,
el IFE tendría que vigilar estrictamente todos los aspectos de las transmisiones
y tener la facultad de sancionar el incumplimiento del principio de equidad. Siguiendo el modelo italiano, las
sanciones deberían aplicarse independientemente de si existió o no un contrato
o una donación formal a algún candidato.
Del mismo modo, sería recomendable reformar el artículo 70
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para
garantizar la organización de por lo menos seis debates entre los aspirantes a
la Presidencia, con asistencia obligatoria para todos los candidatos y
transmisión por cadena nacional. Asimismo, se podrían institucionalizar “jornadas
deliberativas” en las que los mismos ciudadanos tendrían la oportunidad de
debatir públicamente los temas más importantes de la agenda nacional y discutir
las posiciones de los candidatos. Otras propuestas serían la inclusión del
rebase de topes de campaña como causal de nulidad de la elección presidencial,
así como la ampliación de las obligaciones legales a los consejeros electorales,
tanto federales como locales, para inhibir y castigar la compra y coacción del
voto.
Propuestas de reforma abundan. Lo que falta es voluntad
política. Hoy en México la soberanía popular todavía es un sueño. Exijamos un
nuevo país en que éste y otros sueños se cumplan.
Twitter: @JohnMAckerman
