John M. Ackerman
Las airadas protestas relativas a la supuesta "ilegalidad" de la consulta realizada por el equipo de transición del presidente electo sobre la ubicación del nuevo aeropuerto revelaron la predominancia de un enfoque profundamente reaccionario y conservador en relación con la naturaleza y la función del derecho. Tantas décadas de autoritarismo institucionalizado nos han acostumbrado a confundir la legalidad con la vida y el estado de derecho con la razón de Estado.
El constitucionalismo moderno y republicano logró la gran hazaña histórica de someter toda actuación estatal a las leyes. "Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", afirmaba el gran jurista mexicano del siglo XIX José María Iglesias. Un estricto compromiso con el estado de derecho evita el abuso del poder tanto por los funcionarios públicos como por los llamados "poderes fácticos", que si bien no ocupan cargos gubernamentales también ejercen un fuerte poder económico, mediático o social.
Ahora bien, algunos quisieran extender esta lógica de estricta legalidad para incluir también a la ciudadanía. Desde este punto de vista, los ciudadanos de a pie constituimos una amenaza para la institucionalidad democrática y debemos ser sujetos a los mismos controles que los funcionarios públicos y los grandes empresarios. Solamente deben ser permitidas las consultas populares que estén expresamente reguladas por la ley, por ejemplo.
Quienes enarbolan este enfoque pervierten el "principio de legalidad" que dicen defender. El hecho de que la autoridad solamente pueda hacer lo que esté expresamente señalado en la ley, no implica que el ciudadano cuente con los mismos límites, sino todo lo contrario...
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