Este día se anunciarán los nombres de las organizaciones entre las cuales se repartirán los 25 millones de pesos que el gobierno de Felipe Calderón canalizó para ejercicios de observación electoral en 2009. En una extraña triangulación de fondos, la Organización de las Naciones Unidas administrará los recursos y el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron los responsables de nombrar al comité evaluador de las propuestas de observación. Esta cantidad de dinero es mucho mayor al aumento que se quisieron dar los consejeros electorales hace un par de semanas y por ello debería manejarse con absoluta transparencia, independencia y efectividad. De lo contrario, estaríamos de nuevo ante un derroche inútil y ofensivo de recursos públicos.
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Las organizaciones que intenten fiscalizar las acciones de la autoridad electoral tropezarán de entrada con un obstáculo formidable: la total opacidad del funcionamiento interno del IFE. En franca violación a su propio reglamento de transparencia, el organismo no da a conocer en tiempo y forma sus actas, acuerdos y versiones estenográficas. De manera excesiva, el ciudadano típicamente tiene que esperar hasta dos meses para conocer la información completa sobre las sesiones del Consejo General. A la fecha, por ejemplo, todavía no hay información pública disponible sobre el vergonzoso perdón otorgado a las televisoras en la sesión del 13 de febrero. La más reciente acta accesible por Internet data de hace casi seis semanas.
Texto completo del artículo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=opinion&article=024a2pol