Las televisoras comerciales y los intereses económicos que representan, no constituyen el único poder fáctico que amenaza la convivencia democrática del país. La exclusión sistemática de las mujeres del sistema político también pone en riesgo la salud de nuestras instituciones públicas. De la misma forma en que es necesario frenar los abusos e ilegalidades de Televisa y TV Azteca, es también urgente que los partidos políticos y las autoridades electorales realicen todo lo que esté a su alcance para combatir la hegemonía de los hombres en el poder.
Afortunadamente, la reforma electoral de 2007-2008 atendió este reclamo social al incluir una serie de disposiciones legales que garantizarían una mayor representación de las mujeres. Hoy el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) señala sin rodeos que los partidos políticos están obligados a “procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular”. En las elecciones de 2009, ningún género puede rebasar el 60% [por un error de edición esta cifra aparece erróneamente como 70% en la versión impresa de este artículo] de los espacios para las candidaturas. La norma también faculta al Instituto Federal Electoral (IFE) a negar el registro de las candidaturas que no cumplan con este requisito.
Texto completo del artículo disponible en:
http://www.cencos.org/es/node/20490 (CENCOS)
