El salto de Alonso Lujambio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) es simultáneamente poco ético y de cuestionable legalidad. Demuestra que lo que menos le interesa a este político es la transparencia y la institucionalidad democrática del país.
El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prohíbe tajantemente que los servidores públicos, durante un año después de ejercer su cargo, reciban “donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones” de parte de cualquier persona física o moral que haya estado “directamente vinculada, regulada o supervisada por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo”. Como comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Lujambio fue el responsable de regular, “revisar”, “vigilar”, y “establecer los lineamientos” para la aplicación de la ley de transparencia en la administración pública federal. Hoy, el ex regulador ha aceptado un jugoso cargo de parte del titular del ente regulado, Felipe Calderón Hinojosa.
Texto completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/hemeroteca/detalleHemeroteca/147715
http://www.poresto.net/republica/29693-trampolin-transparente (Por esto!)
http://www.cencos.org/es/node/20582 (CENCOS)
