Una pasarela de candidatos no es suficiente para asegurar la transparencia de los procesos de nombramiento de los nuevos titulares de los órganos del Estado mexicano. Más allá de la saludable disposición de los candidatos a exponerse al escrutinio público, habría que exigir que los legisladores fundamenten y motiven sus decisiones de manera pública. De otra forma se presenta un escenario de simulación que no ayuda en nada a la fortaleza institucional de órganos tan importantes como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Banco de México y la Auditoría Superior de la Federación.
Hace un par de años todos atestiguamos un ejercicio histórico de participación ciudadana cuando más de 500 personas se inscribieron como candidatos a ser consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo, después de un muy encomiable ejercicio de audiencias públicas y vigilancia ciudadana, la decisión final se tomó como siempre: tras puertas cerradas y a partir de una vil negociación política. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no se atrevió a presentar ternas ante el pleno y ni siquiera elaboró dictámenes pormenorizados justificando la selección de los nuevos consejeros. El acuerdo fue “planchado” por los coordinadores parlamentarios en total opacidad y presentado como un hecho consumado al resto de los diputados.
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