"Los nuevos ministros" (La Jornada, 30 de noviembre de 2009)

Llama la atención la opacidad y el desinterés que han acompañado el proceso de selección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Presidencia de la República no ha justificado de manera pormenorizada su elección de Luis Aguilar, Mario Pardo, María Luisa Martínez, Arturo Zaldívar, Eduardo Ferrer y Jorge Adame para las ternas ni ha difundido públicamente sus currículos completos. Por su parte, el Senado de la República ha declinado su obligación de auspiciar un proceso de auscultación riguroso, y no ha invitado a la sociedad a opinar respecto de la idoneidad de los candidatos. Finalmente, los medios de comunicación, grupos de vigilancia ciudadana y analistas políticos tampoco le han prestado mayor atención a este importante proceso.

A diferencia del vigoroso debate público y legislativo que rodeó los nombramientos de los nuevos titulares de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo parece indicar que mañana los dos nuevos ministros entrarán a la Corte de manera sigilosa, sin haber levantado mayor discusión o interés público.

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Sin embargo, habría que evitar a toda costa que los vínculos de Zaldívar con el sector privado, como defensor de algunas de las empresas más poderosas del país, pudieran afectar su de-sempeño como juez constitucional. Su eventual nombramiento abriría la coyuntura para avanzar de manera definitiva en el fortalecimiento tanto del código de ética para los ministros como de los mecanismos institucionales de control y de transparencia de los conflictos de interés.

Un buen paso, por ejemplo, sería que todos los ministros hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales, mandaran a un fideicomiso ciego todas sus inversiones económicas y realizaran una declaración pública de intereses y amistades personales, familiares y de negocios. Solamente de esta manera evitaríamos la captura de nuestros valiosos organismos públicos por los poderosos intereses privados que buscan avasallar los poderes constituidos por todas las vías posibles.

Artículo completo disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/30/index.php?section=opinion&article=016a1pol

"ASF: en busca de un auditor a modo" (Revista Proceso, 22 de noviembre de 2009)

El contundente fracaso del Estado mexicano en materia de combate a la corrupción es responsabilidad de todos. La reprobatoria calificación de 3.3 en el índice establecido por Transparencia Internacional (TI) es una llamada de atención para toda la clase política, los tres poderes federales y cada una de las entidades federativas. El hecho de que México sea hoy un país con mayor corrupción que China, El Salvador, Guatemala, Arabia Saudita, Botswana, Namibia y Tailandia se debe también a la falta de acción social. A las organizaciones no gubernamentales, los grupos sociales y los académicos todavía les falta construir un claro programa en la materia.

No es momento para sacar raja política de esta preocupante situación. Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, se equivoca gravemente cuando declara que la calificación de TI “es un llamado de alerta para el gobierno federal. Vale la pena que lo tome en cuenta e instrumente lo que sea necesario a fin de presentar mejores resultados”. En lugar de echar la culpa a los demás, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado haría bien en asumir su responsabilidad y la de su partido para emprender acciones urgentes que puedan enmendar el daño causado.

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Un análisis global y objetivo de la labor de González de Aragón demuestra que bajo su mando la ASF se ha convertido en una de las pocas instituciones del Estado mexicano dignas de confianza. En los últimos ocho años hemos dejado de tener una oficina dedicada a lavar las cuentas públicas, la Contaduría Mayor de Hacienda, para mantener con la ASF una garantía de la correcta utilización de nuestros impuestos.

Urge frenar la acelerada destrucción de los organismos independientes y de rendición de cuentas. Los grandes éxitos del IFE entre 1996 y 2003 fueron desmantelados en la negociación política de 2003. Gracias al Senado, la CNDH hoy continúa por el mismo camino de la opacidad y la complacencia. Esperamos que una de las pocas instituciones del Estado mexicano que sí ha hecho bien su chamba no corra la misma suerte.

Texto completo disponible en:

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/74270

http://www.el-mexicano.com.mx/noticias/editorial/2009/11/23/378550/asf-auditor-a-modo.aspx (El Mexicano)

"Juventud rebelde" (La Jornada, 16 de noviembre de 2009)

La urgente renovación de la política mexicana pasa por la construcción de un movimiento juvenil fuerte, consciente y combativo. La alternancia política no ha estado acompañada de un relevo generacional y los principales dirigentes de todos los partidos políticos siguen siendo los mismos de hace décadas. También llama la atención que los actuales líderes y grupos juveniles no hayan logrado articular un discurso común o una clara presencia pública.

México actualmente se encuentra inmerso en un proceso de crecimiento sin precedentes de su población juvenil. Entre 1970 y 1990 los habitantes entre 12 y 29 años se duplicaron. De 1990 a 2000 este grupo creció más de 40 por ciento. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, para 2012 el tamaño de la población juvenil alcanzará su máximo histórico al llegar a casi 36 millones de personas, más de la tercera parte de la población mexicana.

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La amplia participación de jóvenes universitarios en la marcha del pasado miércoles en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) indica que posiblemente los jóvenes mexicanos estén tomando en sus manos su papel histórico en un momento tan importante para el futuro del país. Un reto fundamental sería la articulación de estos estudiantes conscientes con los jóvenes que no han tenido acceso a la educación media superior. Asimismo, es necesario convencer a los otros estudiantes de que el movimiento juvenil no es únicamente un asunto de ultras, sino que compete a toda la población en la misma situación.

Habría que buscar una forma de convocar a la juventud como tal, independientemente de su ocupación, su ideología o su estrato social, como un sector idealmente posicionado para encabezar la “refundación de la República” a la cual nos convocó el rector de la UNAM la semana pasada.

Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/16/index.php?section=opinion&article=018a1pol

"Boletas electorales: expediente abierto" (Revista Proceso, 8 de noviembre de 2009)

El Instituto Federal Electoral (IFE) acaba de emitir otra resolución sobre las boletas electorales de 2006, donde demuestra una gran ignorancia tanto del marco jurídico nacional e internacional como de las decisiones del propio IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la materia Con su resolución, el nuevo Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información (OGTAI) del IFE cumple con las bajas expectativas que se generaron a la hora de su creación y confirma el débil compromiso del instituto con la transparencia y la rendición de cuentas.

Después de una cansada e injustificada espera de cinco meses, el pasado 16 de octubre el ciudadano José Rodríguez Toral fue finalmente informado de que el IFE había negado definitivamente su solicitud de acceso a las boletas del distrito 10 de Zapopan, Jalisco, utilizadas en la elección presidencial de 2006 El texto de la resolución (OGTAI-REV-40/09) es gravemente omiso porque en ningún momento toma en cuenta las nuevas disposiciones del artículo 6º constitucional que obligan a todos los órganos del Estado a seguir el “principio de máxima publicidad” en sus resoluciones en materia de transparencia Cita extensamente el artículo 41 de la Carta Magna, que expone los principios rectores de la función electoral, pero simplemente hace caso omiso del soporte constitucional en materia de acceso a la información pública.

El Órgano Garante también da nueva vida a una serie de argumentos torcidos que se incluyeron en las primeras resoluciones del IFE emitidas en 2006 y que el TEPJF ya ha desechado por notoriamente improcedentes Por ejemplo, hoy se justifica otra vez la negativa esgrimiendo la necesidad de privilegiar “los intereses nacionales” por encima del derecho a la información de los ciudadanos Se plantea que al dar acceso a las boletas “no solo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral federal, sino a la Constitución en sí misma; al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los Poderes de la Unión y protector al mismo tiempo de los derechos de los ciudadanos mexicanos”.

Los lectores de Proceso recordarán que hace tres años el IFE ya había negado la solicitud del periodista Daniel Lizárraga porque su petición supuestamente afectaba “el orden público” y atentaba contra los valores fundamentales de una sociedad democrática Como ejemplo, el IFE citaba las leyes alemanas que autorizan la suspensión de los derechos políticos de grupos relacionados con ideologías fascistas y antisociales Este disparate, afortunadamente anulado por la resolución posterior del TEPJF, es revivido hoy por obra y gracia del Órgano Garante.

En la nueva resolución, el IFE también sostiene que otorgar acceso a las boletas electorales violaría “la secrecía del voto” y que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) encuentra limitaciones en su aplicación porque el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) es supuestamente la “ley especial” en este caso.

Ambos argumentos han sido reconocidos como falaces por el mismo TEPJF Como es obvio, una boleta electoral no contiene ningún dato personal que permita identificar al emisor y por ello no se viola la secrecía del voto Asimismo, en este caso la Ley de Transparencia es sin duda la “ley especial” porque, como el mismo Órgano Garante reconoce, una vez calificada la elección, las boletas “carecen de cualquier relevancia jurídica o fáctica” en materia electoral.

Aquí habría que traer a colación un histórico fallo que la Corte Constitucional de Alemania emitió recientemente sobre el tema de la publicidad de las boletas y los materiales electorales En la resolución de los casos 2 BvC 3/07 y 2 BvC 4/07, emitida el 3 de marzo de 2009, esta corte, líder mundial en materia de derechos fundamentales, resolvió que existe “un principio de naturaleza pública de las elecciones” y que, en aras de garantizar la confianza en los resultados electorales, es necesario que los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer físicamente las boletas electorales, para lo cual incluso pueden “recuperar (retrace) de manera fehaciente” el proceso de votación y conteo Explícitamente señala que “no es suficiente” que se conozca el resultado final del proceso de conteo por medio de un resumen general Así, se desmiente el argumento de las autoridades mexicanas consistente en que el derecho de acceso a la información del ciudadano estaría garantizado por la publicidad de las actas de las casillas electorales.

Además de no tomar en cuenta la Constitución, de ignorar la resolución del TEPJF en la materia, y de hacer caso omiso de los casos internacionales relevantes, los integrantes del Órgano Garante ni siquiera se han tomado la molestia de ver qué ha hecho el mismo IFE respecto al tema Actualmente, el instituto se encuentra en un proceso de revisión de las boletas electorales y de las listas nominales utilizadas en la elección de 2009.

La realización de este importante estudio demuestra que la supuesta “inviolabilidad” de los paquetes electorales simplemente no existe Sin embargo, la nueva resolución del Órgano Garante insiste en el tema de la “inviolabilidad” como el argumento principal en contra del acceso ciudadano a las boletas, sin mencionar siquiera de paso el acuerdo sobre las boletas de 2009 El doble estándar es evidente y se confirma una vez más la franca politización del derecho en manos del IFE.

El expediente de las boletas electorales sigue abierto La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún tiene pendiente el caso de la revista Proceso Igualmente, todavía falta que algún ciudadano intrépido se atreva a impugnar ante el TEPJF las nuevas resoluciones del IFE, para obligar a los magistrados a emitir un nuevo fallo acorde con el renovado texto del artículo 6º constitucional El camino inicia con un simple “clic”: https://ciudadania.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do *

ARTICULO TAMBIEN DISPONIBLE EN PROCESO Y EL ORBE

"Transparencia de partidos" (La Jornada, 2 de noviembre de 2009)

Tanto César Nava como Manlio Fabio Beltrones buscan sacar provecho de la crisis económica y el rechazo a los partidos políticos para consolidar su poder. Nava ha propuesto triplicar el financiamiento privado para los partidos y reducir a la mitad el financiamiento público. Beltrones se ha pronunciado en favor de la reducción de la cantidad de diputados y senadores de representación proporcional. Si bien ambas propuestas se adornan con ropajes ciudadanos” y de “austeridad”, su efecto real empuja al fortalecimiento del control sobre el espacio público por los políticos profesionales y poderes fácticos de siempre.

Cierto es que año tras año los partidos derrochan grandes cantidades de dinero público. La Constitución ordena que en 2010 los partidos en su conjunto reciban más de 3 mil millones de pesos. En 2012, este monto rebasará los 5 mil millones de pesos. Frente a la ausencia de un verdadero régimen de transparencia para los partidos, el típico desaseo administrativo interno de estos institutos políticos y una actitud francamente omisa de las autoridades electorales, este dinero muchas veces termina utilizándose más para fines personales y clientelares que en función del interés público.

Pero la respuesta no se encuentra en mayor financiamiento privado o necesariamente en la reducción del público, sino en el establecimiento de un riguroso sistema de rendición de cuentas. En las próximas reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sería fundamental que se incluyera a los partidos como plenos “sujetos obligados” de la ley, tal como ocurre en la mayoría de las entidades federativas del país. Los ciudadanos deben tener el mismo derecho a saber en qué gastan los partidos que a tener información sobre las compras gubernamentales. Como “entidades de interés público” y receptores de financiamiento con cargo al erario, no existe pretexto alguno para que los partidos se mantengan alejados de la rendición de cuentas a los ciudadanos.

Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/02/index.php?section=opinion&article=015a2pol