Tanto César Nava como Manlio Fabio Beltrones buscan sacar provecho de la crisis económica y el rechazo a los partidos políticos para consolidar su poder. Nava ha propuesto triplicar el financiamiento privado para los partidos y reducir a la mitad el financiamiento público. Beltrones se ha pronunciado en favor de la reducción de la cantidad de diputados y senadores de representación proporcional. Si bien ambas propuestas se adornan con ropajes ciudadanos” y de “austeridad”, su efecto real empuja al fortalecimiento del control sobre el espacio público por los políticos profesionales y poderes fácticos de siempre.
Cierto es que año tras año los partidos derrochan grandes cantidades de dinero público. La Constitución ordena que en 2010 los partidos en su conjunto reciban más de 3 mil millones de pesos. En 2012, este monto rebasará los 5 mil millones de pesos. Frente a la ausencia de un verdadero régimen de transparencia para los partidos, el típico desaseo administrativo interno de estos institutos políticos y una actitud francamente omisa de las autoridades electorales, este dinero muchas veces termina utilizándose más para fines personales y clientelares que en función del interés público.
Pero la respuesta no se encuentra en mayor financiamiento privado o necesariamente en la reducción del público, sino en el establecimiento de un riguroso sistema de rendición de cuentas. En las próximas reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sería fundamental que se incluyera a los partidos como plenos “sujetos obligados” de la ley, tal como ocurre en la mayoría de las entidades federativas del país. Los ciudadanos deben tener el mismo derecho a saber en qué gastan los partidos que a tener información sobre las compras gubernamentales. Como “entidades de interés público” y receptores de financiamiento con cargo al erario, no existe pretexto alguno para que los partidos se mantengan alejados de la rendición de cuentas a los ciudadanos.
Cierto es que año tras año los partidos derrochan grandes cantidades de dinero público. La Constitución ordena que en 2010 los partidos en su conjunto reciban más de 3 mil millones de pesos. En 2012, este monto rebasará los 5 mil millones de pesos. Frente a la ausencia de un verdadero régimen de transparencia para los partidos, el típico desaseo administrativo interno de estos institutos políticos y una actitud francamente omisa de las autoridades electorales, este dinero muchas veces termina utilizándose más para fines personales y clientelares que en función del interés público.
Pero la respuesta no se encuentra en mayor financiamiento privado o necesariamente en la reducción del público, sino en el establecimiento de un riguroso sistema de rendición de cuentas. En las próximas reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sería fundamental que se incluyera a los partidos como plenos “sujetos obligados” de la ley, tal como ocurre en la mayoría de las entidades federativas del país. Los ciudadanos deben tener el mismo derecho a saber en qué gastan los partidos que a tener información sobre las compras gubernamentales. Como “entidades de interés público” y receptores de financiamiento con cargo al erario, no existe pretexto alguno para que los partidos se mantengan alejados de la rendición de cuentas a los ciudadanos.
Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/02/index.php?section=opinion&article=015a2pol
