jueves, 28 de octubre de 2010
lunes, 25 de octubre de 2010
"Los generales al poder" (Revista Proceso, 24 de octubre de 2010)
Desde hace casi un siglo que las Fuerzas Armadas de México se destacan por una estricta disciplina militar que siempre las ha mantenido al margen de los asuntos políticos. Mientras la mayoría de los países de América Latina constantemente sufrían golpes militares, en México se había podido evitar las nefastas consecuencias de las incursiones de las Fuerzas Armadas en la política nacional.
Pero hoy el “pacto” cívico-militar que garantizaba la estabilidad del Estado mexicano podría estar a punto de romperse. Ante la creciente ingobernabilidad del país y el fracaso de los gobiernos de todos los niveles para hacer frente a la amenaza del crimen organizado, por primera vez los militares reclaman explícitamente su autonomía frente a las autoridades civiles. En un documento recientemente dado a conocer por el periódico La Jornada, la Secretaría de la Defensa Nacional exige que las nuevas reformas a la Ley de Seguridad Nacional permitan a sus mandos no solamente “auxiliar” a las autoridades civiles, sino también convertirse en “coordinadores responsables” de los operativos conjuntos.
El documento distribuido a las bancadas del Partido Acción Nacional en el Senado y la Cámara de Diputados señala que “se pervierte” la misión de las Fuerzas Armadas cuando se les “subordina” a autoridades civiles que estén “rebasadas por una afectación a la seguridad interior”. El general Luis Crescencio Sandoval recientemente repitió públicamente el mismo argumento: “Las Fuerzas Armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo la capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad pública y que por falta de capacidad se convirtió en un asunto de seguridad interior y nacional”.
Pero hoy el “pacto” cívico-militar que garantizaba la estabilidad del Estado mexicano podría estar a punto de romperse. Ante la creciente ingobernabilidad del país y el fracaso de los gobiernos de todos los niveles para hacer frente a la amenaza del crimen organizado, por primera vez los militares reclaman explícitamente su autonomía frente a las autoridades civiles. En un documento recientemente dado a conocer por el periódico La Jornada, la Secretaría de la Defensa Nacional exige que las nuevas reformas a la Ley de Seguridad Nacional permitan a sus mandos no solamente “auxiliar” a las autoridades civiles, sino también convertirse en “coordinadores responsables” de los operativos conjuntos.
El documento distribuido a las bancadas del Partido Acción Nacional en el Senado y la Cámara de Diputados señala que “se pervierte” la misión de las Fuerzas Armadas cuando se les “subordina” a autoridades civiles que estén “rebasadas por una afectación a la seguridad interior”. El general Luis Crescencio Sandoval recientemente repitió públicamente el mismo argumento: “Las Fuerzas Armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo la capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad pública y que por falta de capacidad se convirtió en un asunto de seguridad interior y nacional”.
Artículo completo disponible en:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84792 (Proceso)
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/generales-al-poder (Noticias.net)
http://www.periodicoexpress.com.mx/cotarro.php?e=20101028 (Periódico Express)
http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104 (Periódico Noroeste)
lunes, 18 de octubre de 2010
"La tragedia del IFE" (La Jornada, 18 de octubre de 2010)
El Instituto Federal Electoral (IFE) nace en 1990 como una abierta simulación salinista y hoy, a sus 20 años, dramáticamente parece estar retornando a sus orígenes. A la manera de un personaje trágico, el IFE no ha logrado extirpar de su interior su defecto fatal”, o hammartia, en griego, que en este caso reside en un exceso de burocratismo, oficialismo y autocomplacencia. Si no corrige el rumbo pronto, una dolorosa y trágica muerte institucional podría estar a la vuelta de la esquina.
Aquel IFE vinculado a las conquistas ciudadanas fue producto de la pluralidad política de la época. Los avances de la institución no fueron concesiones de sus titulares, sino conquistas arrancadas por los movimientos sociales que también impregnaron los intensos debates internos.
Hoy, Carlos Salinas, Emilio Chauyffet, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés buscan presentarse como ilustres constructores de la democracia mexicana, cuando en realidad son también culpables de muchas de las fallas y deficiencias que todavía hoy aquejan a los procesos electorales.
La reforma electoral de 1989-1990 fue a todas luces una contrarreforma. Con el fin de detener el avance de la oposición, Salinas elimina las candidaturas comunes y amplía la famosa “cláusula de gobernabilidad”. También se centraliza el control sobre la organización y la calificación de las elecciones a través de la reducción del Colegio Electoral de 500 a 100 diputados y con la creación de una institución bajo el control directo del gobierno federal y el PRI.
Artículo completo disponible en:
Aquel IFE vinculado a las conquistas ciudadanas fue producto de la pluralidad política de la época. Los avances de la institución no fueron concesiones de sus titulares, sino conquistas arrancadas por los movimientos sociales que también impregnaron los intensos debates internos.
Hoy, Carlos Salinas, Emilio Chauyffet, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés buscan presentarse como ilustres constructores de la democracia mexicana, cuando en realidad son también culpables de muchas de las fallas y deficiencias que todavía hoy aquejan a los procesos electorales.
La reforma electoral de 1989-1990 fue a todas luces una contrarreforma. Con el fin de detener el avance de la oposición, Salinas elimina las candidaturas comunes y amplía la famosa “cláusula de gobernabilidad”. También se centraliza el control sobre la organización y la calificación de las elecciones a través de la reducción del Colegio Electoral de 500 a 100 diputados y con la creación de una institución bajo el control directo del gobierno federal y el PRI.
Artículo completo disponible en:
VIDEO ENTREVISTA: "20 años del IFE y la selección de los nuevos consejeros electorales" (Siempre TV), disponible en: http://www.blip.tv/file/4255210
miércoles, 13 de octubre de 2010
Entrevista sobre los 20 años del IFE (Ricardo Rocha, Radio Formula 104.1) (13 de octubre de 2010)
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Ackerman señaló que el IFE llega a sus 20 años muy débil en su actuación, pues no ha logrado imponer un estado de derecho en materia electoral, además de que se muestra como una simulación, al invitar a su festejo al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Nota y audio completos disponibles en: http://radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=135771
Algunos artículos periodísticos recientes de John M. Ackerman sobre el IFE:
- "Los superconsejeros del IFE" (Proceso, 26 de septiembre de 2010)
- "El nuevo peligro para México" (La Jornada, 23 de agosto de 2010)
- "Pétalos que lastiman" (Proceso, 1 de agosto de 2010)
- "IFE ordinario" (La Jornada, 17 de mayo de 2010)
- "¿Habemos IFE?" (Proceso, 14 de febrero de 2010)
- "Boletas electorales: expediente abierto" (Proceso, 8 de noviembre de 2009)
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martes, 12 de octubre de 2010
"Monumento a la ineptitud" (Revista Proceso, 10 de octubre de 2010)
El “michoacanazo” constituye un monumento a la ineptitud en la procuración de justicia en el país. Revela de manera ejemplar por qué la mal llamada “guerra” contra el crimen organizado ha fracasado tan contundentemente. No tiene sentido alguno enviar militares a las calles o crear “mandos únicos” para la policía, si el Ministerio Público (MP) es simplemente incapaz de integrar una consignación convincente.
En lugar de investigar y vigilar el comportamiento de los 35 servidores públicos de Michoacán para poder así robustecer un expediente acusatorio que fuera imposible de desvirtuar ante el juez, la Procuraduría General de la República (PGR) prefirió actuar torpe y apresuradamente antes de la jornada electoral de julio de 2009. En vez de utilizar a los “testigos colaboradores” y la figura del arraigo como puntos de partida para ampliar indagaciones que debiliten desde sus raíces a las organizaciones criminales, la PGR se conforma con las declaraciones de un par de “delincuentes colaboradores” y una supuesta “narconómina” encontrada en la computadora de otro criminal.
De acuerdo con la información proporcionada por la misma autoridad, aparentemente en los expedientes no existe una sola prueba pericial objetiva o al menos algún testimonio o evidencia aportados por alguien que no sea narcotraficante. Con razón, las decisiones de tantos jueces y magistrados distintos, y no solamente las del juez primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares, han llevado a la liberación de todos menos uno de los acusados.
En lugar de investigar y vigilar el comportamiento de los 35 servidores públicos de Michoacán para poder así robustecer un expediente acusatorio que fuera imposible de desvirtuar ante el juez, la Procuraduría General de la República (PGR) prefirió actuar torpe y apresuradamente antes de la jornada electoral de julio de 2009. En vez de utilizar a los “testigos colaboradores” y la figura del arraigo como puntos de partida para ampliar indagaciones que debiliten desde sus raíces a las organizaciones criminales, la PGR se conforma con las declaraciones de un par de “delincuentes colaboradores” y una supuesta “narconómina” encontrada en la computadora de otro criminal.
De acuerdo con la información proporcionada por la misma autoridad, aparentemente en los expedientes no existe una sola prueba pericial objetiva o al menos algún testimonio o evidencia aportados por alguien que no sea narcotraficante. Con razón, las decisiones de tantos jueces y magistrados distintos, y no solamente las del juez primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares, han llevado a la liberación de todos menos uno de los acusados.
Artículo completo disponible en:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84372 (Proceso)
http://elorbe.com/seccion-politica/articulos/10/12/monumento-a-la-ineptitud.html (El Orbe)
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2010/10/11/430451/monumento-a-la-ineptitud.aspx (El Mexicano)
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=106856&seccion=Opinion (Tribuna de los Cabos)
http://www.vozdelsur.com.mx/oaxaca/noticias/oaxaca/8700-monumento-a-la-ineptitud.html (Voz del sur)
http://www.sonoraenlinea.com.mx/vernoticias.php?artid=25433 (Sonora en Línea)
COMENTARIO sobre esta columna (por Guillermo Cinta): http://www.maseual.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1973&Itemid=1
miércoles, 6 de octubre de 2010
SEMINARIO: "ELECCIONES 2012: EN BUSCA DE EQUIDAD Y LEGALIDAD" (18-21 DE OCTUBRE, 9:00-15:00, IIJ-UNAM)
COORDINADOR: DR. JOHN M. ACKERMAN
La reforma electoral de 2007-2008 fortaleció las reglas y las instituciones electorales con el fin de asegurar la equidad y legalidad de la competencia política en México. Sin embargo, los acontecimientos de los procesos electorales de 2009 y 2010 revelaron que todavía existen importantes vacíos legales que deben ser atendidos antes de las próximas elecciones federales de 2012.
Existe la urgente necesidad de realizar algunas modificaciones correctivas antes de que entre en vigor la veda en contra de la publicación de nuevas reformas electorales (primera semana de julio de 2011). El seminario busca atender este reto al reunir algunos de los expertos más destacados en materia de derecho electoral en el país para identificar los puntos más vulnerables en el actual sistema de regulación política-electoral así como proponer soluciones concretas con el fin de reencauzar y consolidar la democracia mexicana.
Algunos debates claves serían con respecto a la mejor forma de regular la intervención de los principales medios de comunicación electrónicos en los procesos electorales, controlar la utilización de recursos y cargos públicos para promover la imagen pública de los gobernantes, fortalecer la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, fomentar mayor transparencia y democracia interna en los partidos, reformar el código penal y fortalecer el blindaje en contra del crimen organizado y el narcotráfico, entre otros temas. Así mismo, sería importante reflexionar sobre el desempeño y los retos de las principales instituciones electorales al nivel federal: el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
PONENTES: Manuel Bartlett Díaz (Ex-Senador de la República), Pablo Gómez Álvarez (Senador de la República), José de Jesús Orozco (IIJ-UNAM), Francisco de Andrea Sánchez (IIJ-UNAM), Issa Luna Pla (IIJ-UNAM), Gabriel Sosa Plata (UAM-Xochimilco), Roberto Gil Zuarth (Diputado Federal), Javier Corral Jurado(Diputado Federal), Arturo Nuñez Jiménez(Senador de la República), Jesús Cantú Escalante (Tecnológico de Monterrey), Juan Carlos Silva Adaya (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), Gonzalo Farrera Bravo (IIJ-UNAM), José Luis Vargas Valdéz (Titular, Fiscalía Especial para los Delitos Electorales, PGR), Edgardo Buscaglia (ITAM), Samuel González (Facultad de Derecho, UNAM), Jose Luis Piñeyro (UAM-Iztapalapa), Luis Astorga (IIS-UNAM), Raúl Benítez Manaut (CISAN-UNAM), Leticia Santin (PNUD- México), Alfredo Orellana (Suprema Corte de Justicia de la Nacion), Imer Flores (IIJ-UNAM), María del Pilar Hernández (IIJ-UNAM), Javier Patiño Camarena (IIJ-UNAM), Hugo Concha (IIJ-UNAM), Mauro Miguel Reyes Zapata (Ex-Magistrado de la Sala Superior del TEPJF), Santiago Nieto Castillo (Magistrado Presidente, Sala Toluca, TEPJF), Jaime Cárdenas Gracia (IIJ-UNAM, Diputado Federal), John M. Ackerman (IIJ-UNAM), Daniel Márquez Gómez(IIJ-UNAM), José Antonio Crespo (CIDE), Ricardo García Cervantes (Senador de la República), Jesús Murillo Karam (Senador de la República), Rafael Hernández Estrada (Representante del PRD ante el IFE), Lorenzo Córdova Vianello (IIJ-UNAM), Francisco José Paoli Bolio (IIJ-UNAM), José Fernández Santillán (Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México), Manuel Gonzalez Oropeza (Magistrado, Sala Superior TEPJF), Fernando Ojesto (Ex-Magistrado, Sala Superior TEPJF), Federico Valle Ochoa (PNUD), Miguel Eraña Sánchez (Universidad Iberoamericana), Ernesto Villanueva (IIJ-UNAM),Rafael Estrada Michel (Universidad Iberoamericana), Leonardo Valdés Zurita(Consejero Presidente, IFE), Pedro Salazar Ugarte (IIJ-UNAM), Eduardo Huchim (Columnista, Periódico Reforma), César Astudillo (IIJ-UNAM),Luis Javier Garrido (IIS-UNAM), Francisco Tortolero (IIJ-UNAM)
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lunes, 4 de octubre de 2010
"El tribunal de la inequidad" (La Jornada, 4 de octubre de 2010)
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha demostrado una vez más que la profunda desconfianza ciudadana en su actuación cuenta con firmes bases jurídicas. El pasado miércoles, 29 de septiembre emitió una decisión sumamente paradójica e inconsistente que, aunque en el discurso busca defender la "equidad” de las elecciones presidenciales de 2012, en los hechos agrava la desigualdad al limitar la presencia mediática del aspirante que se encuentra en franca desventaja en la materia.
El mismo tribunal que el año pasado se negó a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por sus “informes legislativos” en pleno proceso electoral o a Demetrio Sodi por su ilegal “entrevista” en medio de un partido de futbol, ahora elabora verdaderas maromas jurídicas para cerrar el paso a la eventual candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Hoy se ordenan “medidas cautelares” para el anuncio del Partido del Trabajo (PT), cuando antes las autoridades se negaron a hacer lo mismo para las declaraciones ilegales de Juan Sandoval Íñiguez o los espots del Informe de Enrique Peña Nieto que se difundieron a lo largo y ancho del país. Otra vez se aplica el viejo dicho del dictador peruano Óscar Benavides, retomado después por Getulio Vargas y Porfirio Díaz: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.
Pero en esta ocasión al “enemigo” ni siquiera se le aplica la ley, sino una interpretación profundamente torcida de la misma. Los magistrados ordenaron al Instituto Federal Electoral (IFE) retirar el espot que resume los 10 puntos del proyecto alternativo de nación de López Obrador, con el argumento de que existiría “la posibilidad de posicionamiento de la imagen... de un ciudadano que puede participar como candidato en el próximo procedimiento electoral federal”. El “pequeño detalle” es que el artículo 35 de la Constitución señala que todo ciudadano tiene el derecho a “ser votado para todos los cargos de elección popular”. Así, de acuerdo con la lógica del tribunal, cualquier persona que aparezca en un anuncio partidista, aunque sea de manera involuntaria, estaría violando la ley al “posicionar su imagen”.
Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/04/index.php?section=opinion&article=020a2pol
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