El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha demostrado una vez más que la profunda desconfianza ciudadana en su actuación cuenta con firmes bases jurídicas. El pasado miércoles, 29 de septiembre emitió una decisión sumamente paradójica e inconsistente que, aunque en el discurso busca defender la "equidad” de las elecciones presidenciales de 2012, en los hechos agrava la desigualdad al limitar la presencia mediática del aspirante que se encuentra en franca desventaja en la materia.
El mismo tribunal que el año pasado se negó a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por sus “informes legislativos” en pleno proceso electoral o a Demetrio Sodi por su ilegal “entrevista” en medio de un partido de futbol, ahora elabora verdaderas maromas jurídicas para cerrar el paso a la eventual candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Hoy se ordenan “medidas cautelares” para el anuncio del Partido del Trabajo (PT), cuando antes las autoridades se negaron a hacer lo mismo para las declaraciones ilegales de Juan Sandoval Íñiguez o los espots del Informe de Enrique Peña Nieto que se difundieron a lo largo y ancho del país. Otra vez se aplica el viejo dicho del dictador peruano Óscar Benavides, retomado después por Getulio Vargas y Porfirio Díaz: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.
Pero en esta ocasión al “enemigo” ni siquiera se le aplica la ley, sino una interpretación profundamente torcida de la misma. Los magistrados ordenaron al Instituto Federal Electoral (IFE) retirar el espot que resume los 10 puntos del proyecto alternativo de nación de López Obrador, con el argumento de que existiría “la posibilidad de posicionamiento de la imagen... de un ciudadano que puede participar como candidato en el próximo procedimiento electoral federal”. El “pequeño detalle” es que el artículo 35 de la Constitución señala que todo ciudadano tiene el derecho a “ser votado para todos los cargos de elección popular”. Así, de acuerdo con la lógica del tribunal, cualquier persona que aparezca en un anuncio partidista, aunque sea de manera involuntaria, estaría violando la ley al “posicionar su imagen”.
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