"El pacto de Calderón" (La Jornada, 28 de febrero de 2011)

A menos de que ocurriera algún inesperado cambio de último minuto, la cumbre de este jueves en Washington entre Barack Obama y Felipe Calderón será más de lo mismo. De nueva cuenta seremos testigos de un desigual trueque de huecos elogios del estadunidense para su homólogo mexicano a cambio de un servilismo total de éste último a los mandatos del gobierno del norte.

Los recientes cables de Wikileaks, entregados directamente a La Jornada por Julian Assange, revelan que el origen de este estancamiento en la agenda bilateral es un pacto secreto entre Calderón y el gobierno de los Estados Unidos. A cambio de que Calderón abdicara de su responsabilidad de defender los connacionales del otro lado de la frontera, EU se comprometía a apoyar de manera personal al presidente mexicano en su cruzada contra las instituciones democráticas y las fuerzas políticas de oposición en el país.

Los cables revelan que incluso desde el 10 de enero de 2006, un día antes de que Calderón registrara su candidatura presidencial, el panista se reunió con el entonces embajador estadunidense Tony Garza para rendirle pleitesía. Calderón demostró una vez más que comparte nuestro punto de vista sobre todos los asuntos desde la migración hasta política de competencia y la seguridad fronteriza, informó un Garza sumamente complacido en un cable confidencial (06MEXICO255), donde también señala que el candidato presidencial prometió proveer continuidad en todas las iniciativas claves de EU en proceso en México....

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SITIO ESPECIAL EN LA JORNADA SOBRE WIKILEAKS

LOS CABLES SOBRE MÉXICO EN WIKILEAKS

"Del IFE a la ASF" (Revista Proceso, 27 de febrero de 2011)

Juan Manuel Portal, Titular ASF
Photo: Raúl Dimayuga, Proceso.com

En el contexto de una profunda crisis de la efectividad del Estado, resulta esperanzador que al menos una institución pública cumpla su mandato legal con independencia y profesionalismo. Entre 1996 y 2003 esta institución fue el Instituto Federal Electoral (IFE). Frente a la descomposición de la confianza social emergida de las crisis económica y política de mediados de los años 90, el IFE demostró que todavía existían soluciones estatales a la problemática nacional. Hoy, el desempeño y posibles reformas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) representan una esperanza y un potencial similar.

Si no hubiera sido por el acuerdo político de 1996 que estableció las bases para la celebración de elecciones más limpias y equitativas, la situación se hubiera descompuesto rápidamente. Abiertos fraudes electorales organizados por el viejo partido de Estado en las elecciones federales de 1997 y 2000, así como en el Distrito Federal en 1997, hubieran preparado las condiciones para un fuerte estallido social. El resultado habría sido no la transición de terciopelo que tuvimos por medio de los votos, sino un cambio de régimen mucho más sangriento y posiblemente regresivo. 

Hoy no queda claro que el camino andado haya sido necesariamente el mejor. Estamos pagando los costos de una transición simulada donde la alternancia en el poder no se ha traducido en una transformación real en las formas de ejercerlo. El fracaso de Vicente Fox y Felipe Calderón para conducir un verdadero cambio de régimen a nivel federal ya ha sido reeditado en los estados por gobernadores como Zeferino Torreblanca en Guerrero y Francisco Barrio en Chihuahua. Hoy nada garantiza que nuevos gobernantes como Rafael Moreno Valle, Ángel Aguirre, Mario López Valdés y hasta Gabino Cué sigan este mismo sendero. Sin embargo, con la reforma política de 1996 por lo menos logramos conjurar una caída libre hacia la barbarie y el autoritarismo más repugnante...

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"El nuevo Santa Anna" (La Jornada, 21 de febrero, 2011)

Antonio López de Santa Anna/SMU Library

Las demandas colonialistas del gobierno francés en el caso de Florence Cassez han servido como la perfecta cortina de humo para esconder el entreguismo del gobierno de Felipe Calderón a Estados Unidos. Este sábado, 19 de febrero, una aplastante mayoría (277 en favor, 149 en contra) de integrantes en lo que sería la Cámara de Diputados estadunidense aprobó una iniciativa que prohíbe al gobierno de ese país solicitar informes sobre la venta de armas de alto poder cerca de la frontera con México. Los informes no habrían implicado limitación alguna a la venta de las famosas armas de asalto, sino solamente una mínima transparencia para perseguir y castigar el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país.

Esta nueva muestra de la falta de voluntad política de Washington hacia México no mereció extrañamiento alguno de la Presidencia de la República, y ni siquiera un comunicado formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La única reacción fue un escueto mensaje de 140 caracteres del embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, en su cuenta personal de Twitter: Lamentable que mayoría en Camara de Representantes haya votado anoche para bloquear que el gobierno de EU obligue a armerías reportar ventas múltiples de armas de asalto.

Frente a este nuevo fracaso para la diplomacia mexicana, lo único que el representante de todos los mexicanos ha atinando a hacer ante el gobierno estadunidense es tomar un paño de lágrimas para lamentar la decisión. Ya en diciembre, la clase política de EU le había dado su espalda a México cuando el Senado paró en seco la dream act que habría legalizado a 800 mil jóvenes y estudiantes indocumentados (ver mi análisis sobre el tema en: http://bit.ly/gZT7gR)...

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REPORTAJE DE THE WASHINGTON POST SOBRE LA VOTACIÓN DEL SÁBADO, 19 FEBRERO CON RESPECTO A LAS ARMAS DE ASALTO.

REPORTAJE DE NATIONAL PUBLIC RADIO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ARMAS COMPRADAS EN ESTADOS UNIDOS EN LA VIOLENCIA EN MÉXICO

"Mexico, chief casualty of America's 'War on drugs'" (The Guardian, February 18, 2011)

Photo: AP Photo/Teodoro Blanco Vazquez (Guardian web site)

Tuesday's brutal attack on two US law enforcement agents in Mexico has led to the normal sabre-rattling. Representative Michael McCaul of Texas has called it a "game-changer" and a "wake-up call" to the "war on our nation's doorstep". Last week, James Westphal, undersecretary of the Army, had already spoken of an "armed insurgency" in Mexico, and the possibility of sending "armed and fighting" troops across the border to prevent a "takeover of government". Secretary Janet Napolitano continually speaks of the "war" south of the border. James Clapper, national intelligence director, recently announced that Mexico has been promoted to being a top national security threat.

Mexico has, indeed, reached a tipping point. But an escalation of the present military strategy will only make the situation worse. The best response to recent events is to end the war and proceed towards disarmament, instead of aggravating the conflict. Gil Kerlikowske, director of the Office of National Drug Control Policy, has declared the end of the metaphorical "war on drugs" within US borders. The time has come also to bring a stop to the very real war on the drug cartels south of the border.

The central problem with the military strategy is that it does not distinguish between violent and non-violent criminals, or serious and less harmful crimes. As Kerlikowske has pointed out, the Mexican cartels are not "insurgents" or "terrorists", but "multivalent criminal organisations", which have diversified into a wide variety of activities including kidnapping, extortion, piracy, human trafficking, money-laundering and government corruption, as well as the transportation and sale of illegal drugs....

 

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"No más guerra" (Revista Proceso, 13 de febrero de 2011)

En solidaridad con Carmen Aristegui, voz de la libertad.

Foto de A Poiré por Octavio Gómez, Proceso.com

Más que el hueco, amnésico y falaz anuncio de Felipe Calderón sobre el fin de la “guerra contra el narcotráfico”, hace falta ponerle fin a esta absurda estrategia en la práctica. Una guerra no tiene otro objetivo que aniquilar a las fuerzas “enemigas”, que en este caso son los cientos de miles de jóvenes sin oportunidades que hoy engrosan las filas de los cárteles de la droga. 

Es muy indicativo el lastimoso papel del vocero, Alejandro Poiré, quien inmediatamente después de cada matanza declara que ella ha sido un indicador más del “éxito” de la estrategia gubernamental. Pero lo verdaderamente grave es que, estrictamente hablando, el vocero tiene razón. Los 35 mil muertos en el sexenio no han sido “daños colaterales”, sino justamente el objetivo principal de una estrategia gubernamental que más pareciera ser de “limpieza juvenil” que de combate al narcotráfico. La insistencia con tanto ahínco en que 90% de los ejecutados supuestamente estaban “vinculados” al narcotráfico, precisamente cumple el propósito de convencer a la opinión pública de que merecían morir y de que la guerra es “justa” al final de cuentas. 

Las propuestas para una modificación táctica de la “lucha por la seguridad pública” son abundantes. En lugar de la fuerza bruta, se dice que habría que atacar financieramente a los cárteles, mejorar la investigación policiaca, reformar el sistema judicial, aumentar la participación ciudadana y combatir la corrupción gubernamental, entre otras acciones. Todas estas iniciativas son desde luego muy loables. Sin embargo, para que verdaderamente hubiera alguna posibilidad de que tengan éxito es necesario que se acompañen de una modificación general de la estrategia que engloba la acción gubernamental.

Concretamente, habría que invertir las prioridades en materia de seguridad pública. Para empezar, se debe reducir la atención al transporte de estupefacientes hacia Estados Unidos ya que, estrictamente hablando, este delito no hace daño alguno a la población mexicana. Así como los políticos estadunidenses se niegan a regular la venta de armas de asalto porque no perciben el daño que ello genera en su propio país, México debería reducir al máximo la persecución del delito de trasiego de drogas. Esta decisión inmediatamente liberaría cuantiosos recursos que podrían ser utilizados para combatir los delitos más dañinos para la sociedad mexicana, como el secuestro, el homicidio, la trata de personas y la corrupción gubernamental.... 

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OTROS ARTÍCULOS RECIENTES DE JOHN M. ACKERMAN SOBRE LA "GUERRA" CONTRA EL NARCOTRÁFICO:

• "Estado de barbarie" (La Jornada, 9 Ago. 10)
• "El mensaje de Calderón" (Proceso, 21 jun. 10)
• "Propaganda narco" (Proceso, 27 abr. 10)
• "Las lecciones del caso Beltrán Leyva" (La Jornada, 38 dic. 09)

"De las alianzas al movimiento" (La Jornada, 7 de febrero de 2011)

Más allá de sus evidentes diferencias políticas, Diego Fernández de Cevallos, Óscar Levín Coppel y Andrés Manuel López Obrador tienen razón al pretender defender losprincipios y los valores éticos de la política, y de entrada rechazar las alianzas electorales por conveniencia. Pero lo que no reconocen es que la pobredumbre moral de la clase política no es algo nuevo y mucho menos depende de la existencia o no de una coalición electoral. Las alianzas, y el transfuguismo oportunista, son apenas expresión de una realidad que entre los políticos ha venido in crescendo desde hace más de una década: la búsqueda del poder sobre la democracia, y del dinero antes que la justicia.

Engendros como Ángel Aguirre en Guerrero (un priísta postulado por el PRD y apoyado por el PAN para oponerse al gobierno del PRD), Leonel Cota en Los Cabos (un ex presidente del PRD postulado por el Panal y apoyado por el PRI), Rafael Moreno Valle en Puebla (un elbista apoyado por el PRD y el PAN para derrotar al PRI) o Juan Sabines en Chiapas (quien ganó con el respaldo de López Obrador, pero hoy se acerca al PAN y PRI) confunden a la ciudadanía. Asimismo, cuando el PT apoya al candidato del tricolor en Durango y Convergencia respalda la contrarreforma electoral de Enrique Peña Nieto en el estado de México, queda claro que ni estos partidos supuestamente antisistémicos son capaces de salvarse de la corrupción política.

Paradójicamente, el vacío ideológico que hoy ofrecen los partidos tiene la ventaja de generar un ambiente de repudio generalizado hacia toda la clase política sin distingos. El desdibujamiento de las fronteras entre izquierda y derecha, entre lo nuevo y lo viejo, y entre lo programático y lo corporativo deja a los ciudadanos sin brújula política. Lo positivo es que este vacío genera las condiciones que podrían permitir la articulación de una nueva iniciativa auténticamente social a favor de la transformación del país. En lugar de esperar pacientemente que las soluciones vengan de los políticos, ahora los ciudadanos voltearán la mirada hacia ellos mismos como los únicos responsables de su destino...

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ENTREVISTA EN EL ECONOMISTA SOBRE LAS ALIANZAS ELECTORALES.

OTROS ARTÍCULOS DE JOHN M. ACKERMAN SOBRE LA NECESIDAD DE UN NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL:

• "Salidas falsas" (La Jornada, 27-12-10)
• "La revolución necesaria" (Proceso, 23-11-10)
• "El ¡Ya Basta! del norte" (Proceso, 30-3-10)
• "Juventud rebelde" (Jornada, 16-11-09)

"IFE partidizado" (Revista Proceso, 30 de enero 2011)

FOTO: Eduardo Miranda, Proceso.com

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) pueden dormir tranquilos sabiendo que cuentan con fieles representantes en el seno del Instituto Federal Electoral (IFE). Si bien tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto recientemente han recibido leves señalamientos de parte de la autoridad por su indebida intervención en procesos electorales, las votaciones de los consejeros en estos casos evidencian un claro sesgo partidista.

Específicamente, mientras que en agosto los consejeros Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero encabezaron los esfuerzos por señalar a Calderón debido a la transmisión en cadena nacional de sus spots durante las campañas locales de 2010 (ver mi artículo sobre el tema en Proceso del 4 de agosto de 2010: http://bit.ly/g27I4C), hoy de manera vergonzosa repliegan sus argumentos con tal de defender a Peña Nieto. Igualmente, aun cuando hace dos semanas Benito Nacif y Macarita Elizondo se lanzaron con todo en contra de la difusión a nivel nacional de los spots del V Informe de Peña Nieto, durante el verano pasado desplegaron una actitud totalmente contraria cuando les tocó resolver el caso de Calderón. 

Habría que recordar que Baños y Guerrero llegaron a sus puestos como propuestas del PRI, en particular de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Asimismo, Nacif y Elizondo fueron fichas del PAN, en aquel momento presidido por Germán Martínez. 

En ambos casos, los consejeros recurren a formalismos y artimañas jurídicas exageradas para intentar desechar el señalamiento al funcionario de “su” partido. En contraste, cuando el caso tiene que ver con el funcionario del partido “contrario”, súbitamente se convierten en grandes defensores de los principios constitucionales en materia electoral y buscan imponer el estado de derecho a toda costa. Pocas veces se evidencia tan claramente el cumplimiento del viejo dicho de Porfirio Díaz, Óscar Benavides y Getulio Vargas: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.

En el caso del señalamiento a Calderón, el consejero Baños criticó duramente las lecturas “legaloides” de sus homólogos que buscaban proteger al presidente con base en una lectura estricta del artículo 108 constitucional. “Mi punto central y mi deliberación permanente será el tema de privilegiar el principio de la equidad en la contienda, como lo ordenó el Constituyente Permanente en la reforma del 2007”, afirmó el consejero. Y continuó: “Se ha vulnerado una norma constitucional y tenemos que encontrar mecanismos eficaces para evitar que este tipo de circunstancias ocurran en el proceso de 2012”.

Pero para el caso de Peña Nieto, el mismo consejero recurre precisamente a las interpretaciones “legaloides” que tanto dice repudiar. “Si bien es cierto, los spots han sido transmitidos a nivel nacional, es un hecho evidente que esa condición fue la que el Tribunal colocó como una posibilidad para que en prima facie el Instituto pudiera conocer del asunto, pero después verificase la existencia del proceso electoral federal, para ver si hay o no una afectación al mismo. Al no haber el cumplimiento de ese requisito sine qua non, es un hecho que sobreviene un esquema de incompetencia”. 

Baños utiliza una lectura extremadamente limitada de las normas y decisiones jurisdiccionales correspondientes para argumentar que el IFE solamente puede actuar si es que hubiera una afectación directa a un proceso electoral federal en curso. Al consejero le parece poca cosa que Peña Nieto haya pagado hasta 50 veces más a las principales televisoras del país para asegurar la transmisión de sus spots por todo el país con el fin de apuntalar su campaña presidencial. Total, en tratándose de “amigos”, los principios constitucionales pueden ser arrojados al cesto de la basura. 

El consejero Nacif incurre en una inconsistencia similar. Sobre el caso de Peña Nieto propuso una lectura abierta y flexible del concepto de “posible afectación al proceso electoral federal”, para argumentar que “aquí lo que nosotros tenemos que custodiar es la elección federal de 2012, y tengo la convicción de que este tipo de actos pueden afectar esa contienda y este es el momento para que esta autoridad haga un llamado y diga: ‘estos actos no son legales’”. 

Sin embargo, para el caso de Calderón el consejero se esconde tras argumentos técnicos para abogar por el desechamiento del caso: “Me parece que lo que ahora se propone es un camino, es entrar a un terreno desconocido; es entrar a un terreno, además, donde queremos empezar a construir francamente sobre arena movediza. Y creo que no hay bases jurídicas sólidas para hacer lo que la Secretaría Ejecutiva nos propone. Por esa razón, yo votaré en contra del proyecto de resolución”. 

La buena noticia es que en ambos casos la mayoría de los consejeros votaron a favor del señalamiento al Ejecutivo correspondiente. Habría que reconocer aquí que los consejeros Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés demostraron gran consistencia al mantenerse firmes en la defensa de los principios constitucionales en ambos casos. 

Sin embargo, los señalamientos finalmente fueron vacíos e inútiles ya que no implican sanción alguna para Calderón o Peña Nieto, ni para los funcionarios públicos responsables de las relaciones con las televisoras, ni para los mismos medios de comunicación que incurrieron en un abierto fraude a la ley, ni para los partidos o los candidatos beneficiados. Asimismo, los criterios inconsistentes de los cuatro consejeros mencionados ponen en duda la independencia de la mayor parte del Consejo General.

Con casos como los comentados vemos con más claridad que nunca los peligros de que los tres nuevos consejeros electorales sean nombrados por cuotas estrictas, y en particular el grave riesgo en que se encontrarían las elecciones de 2012 si se permite al PRI colocar dos leales soldados más en el seno del Consejo General del IFE. 

OTROS ARTÍCULOS RECIENTES DE JOHN M. ACKERMAN SOBRE EL IFE:

• "EL SECUESTRO DEL IFE" (LA JORNADA, 11/29/10) (SOBRE LA FALTA DE ACUERDO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS 3 CONSEJEROS NUEVOS)
• "IFE: LA ULTIMA OPORTUNIDAD" (LA JORNADA, 11/11/10) (SOBRE EL "DICTAMEN" DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN QUE SELECCIONÓ 17 FINALISTAS)
• "LA TRAGEDIA DEL IFE" (LA JORNADA, 10/18/10) (SOBRE LOS 20 AÑOS DEL IFE)
• "LOS SUPERCONSEJEROS DEL IFE" (PROCESO, 9/30/10) (PROPUESTA DE USAR EL MÉTODO DE INSACULACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LOS NUEVOS CONSEJEROS)