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| FOTO: Eduardo Miranda, Proceso.com |
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) pueden dormir tranquilos sabiendo que cuentan con fieles representantes en el seno del Instituto Federal Electoral (IFE). Si bien tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto recientemente han recibido leves señalamientos de parte de la autoridad por su indebida intervención en procesos electorales, las votaciones de los consejeros en estos casos evidencian un claro sesgo partidista.
Específicamente, mientras que en agosto los consejeros Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero encabezaron los esfuerzos por señalar a Calderón debido a la transmisión en cadena nacional de sus spots durante las campañas locales de 2010 (ver mi artículo sobre el tema en Proceso del 4 de agosto de 2010: http://bit.ly/g27I4C), hoy de manera vergonzosa repliegan sus argumentos con tal de defender a Peña Nieto. Igualmente, aun cuando hace dos semanas Benito Nacif y Macarita Elizondo se lanzaron con todo en contra de la difusión a nivel nacional de los spots del V Informe de Peña Nieto, durante el verano pasado desplegaron una actitud totalmente contraria cuando les tocó resolver el caso de Calderón.
Habría que recordar que Baños y Guerrero llegaron a sus puestos como propuestas del PRI, en particular de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Asimismo, Nacif y Elizondo fueron fichas del PAN, en aquel momento presidido por Germán Martínez.
En ambos casos, los consejeros recurren a formalismos y artimañas jurídicas exageradas para intentar desechar el señalamiento al funcionario de “su” partido. En contraste, cuando el caso tiene que ver con el funcionario del partido “contrario”, súbitamente se convierten en grandes defensores de los principios constitucionales en materia electoral y buscan imponer el estado de derecho a toda costa. Pocas veces se evidencia tan claramente el cumplimiento del viejo dicho de Porfirio Díaz, Óscar Benavides y Getulio Vargas: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.
En el caso del señalamiento a Calderón, el consejero Baños criticó duramente las lecturas “legaloides” de sus homólogos que buscaban proteger al presidente con base en una lectura estricta del artículo 108 constitucional. “Mi punto central y mi deliberación permanente será el tema de privilegiar el principio de la equidad en la contienda, como lo ordenó el Constituyente Permanente en la reforma del 2007”, afirmó el consejero. Y continuó: “Se ha vulnerado una norma constitucional y tenemos que encontrar mecanismos eficaces para evitar que este tipo de circunstancias ocurran en el proceso de 2012”.
Pero para el caso de Peña Nieto, el mismo consejero recurre precisamente a las interpretaciones “legaloides” que tanto dice repudiar. “Si bien es cierto, los spots han sido transmitidos a nivel nacional, es un hecho evidente que esa condición fue la que el Tribunal colocó como una posibilidad para que en prima facie el Instituto pudiera conocer del asunto, pero después verificase la existencia del proceso electoral federal, para ver si hay o no una afectación al mismo. Al no haber el cumplimiento de ese requisito sine qua non, es un hecho que sobreviene un esquema de incompetencia”.
Baños utiliza una lectura extremadamente limitada de las normas y decisiones jurisdiccionales correspondientes para argumentar que el IFE solamente puede actuar si es que hubiera una afectación directa a un proceso electoral federal en curso. Al consejero le parece poca cosa que Peña Nieto haya pagado hasta 50 veces más a las principales televisoras del país para asegurar la transmisión de sus spots por todo el país con el fin de apuntalar su campaña presidencial. Total, en tratándose de “amigos”, los principios constitucionales pueden ser arrojados al cesto de la basura.
El consejero Nacif incurre en una inconsistencia similar. Sobre el caso de Peña Nieto propuso una lectura abierta y flexible del concepto de “posible afectación al proceso electoral federal”, para argumentar que “aquí lo que nosotros tenemos que custodiar es la elección federal de 2012, y tengo la convicción de que este tipo de actos pueden afectar esa contienda y este es el momento para que esta autoridad haga un llamado y diga: ‘estos actos no son legales’”.
Sin embargo, para el caso de Calderón el consejero se esconde tras argumentos técnicos para abogar por el desechamiento del caso: “Me parece que lo que ahora se propone es un camino, es entrar a un terreno desconocido; es entrar a un terreno, además, donde queremos empezar a construir francamente sobre arena movediza. Y creo que no hay bases jurídicas sólidas para hacer lo que la Secretaría Ejecutiva nos propone. Por esa razón, yo votaré en contra del proyecto de resolución”.
La buena noticia es que en ambos casos la mayoría de los consejeros votaron a favor del señalamiento al Ejecutivo correspondiente. Habría que reconocer aquí que los consejeros Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés demostraron gran consistencia al mantenerse firmes en la defensa de los principios constitucionales en ambos casos.
Sin embargo, los señalamientos finalmente fueron vacíos e inútiles ya que no implican sanción alguna para Calderón o Peña Nieto, ni para los funcionarios públicos responsables de las relaciones con las televisoras, ni para los mismos medios de comunicación que incurrieron en un abierto fraude a la ley, ni para los partidos o los candidatos beneficiados. Asimismo, los criterios inconsistentes de los cuatro consejeros mencionados ponen en duda la independencia de la mayor parte del Consejo General.
Con casos como los comentados vemos con más claridad que nunca los peligros de que los tres nuevos consejeros electorales sean nombrados por cuotas estrictas, y en particular el grave riesgo en que se encontrarían las elecciones de 2012 si se permite al PRI colocar dos leales soldados más en el seno del Consejo General del IFE.
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