Con el caso de la polémica cena en casa de María del Carmen Alanís Figueroa, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han vuelto a demostrar que su preocupación principal no está en la impartición de justicia, sino en la protección de intereses inconfesables. En lugar de aprovechar la discusión suscitada la semana pasada para establecer nuevas reglas de comportamiento, los magistrados garantizaron no sólo la total impunidad de la magistrada presidenta, sino que sentaron un muy negativo precedente para que otros funcionarios electorales actúen libremente sin temor a represalias frente a acusaciones sobre posibles conflictos de interés.
De ahora en adelante, todos los servidores públicos, tanto del TEPJF y el Instituto Federal Electoral (IFE) como de los institutos y tribunales de las entidades federativas, tienen permiso para reunirse con cualquier actor político, social o gubernamental en el momento que sea, hora o lugar para tratar todo tipo de asuntos. El único límite será cuidar las formas para que no parezca que se estén presentando alegatos jurídicos ante el funcionario correspondiente.
Asimismo, de acuerdo con la decisión del TEPJF, habría que tomar todas las medidas necesarias para asegurar la más absoluta opacidad respecto del contenido de las reuniones. De lo contrario, algún periodista latoso podría cometer el sacrilegio de insinuar conductas indebidas que pongan en duda la pureza de los más altos juzgadores en materia electoral del país.
Así como el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia de Iniciativa México busca meter la sangre bajo la cama en lugar de acabar con ella, hoy la resolución del TEPJF (SUP-IMP-1/2011) busca esconder los conflictos de interés en lugar de expulsarlos de raíz en la impartición de justicia. Se ratifica así, una vez más, la República de la Simulación que impera en México y que tanto daño ha causado a las instituciones y a la población...
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