"La legalidad en tiempos de Calderón" (30 de mayo de 2011)

Ernesto Cordero
Foto: Jesús Villaseca-jornada.com

El gabinete de Felipe Calderón nunca ha destacado por su profesionalismo, visión política o respeto a la legalidad, pero en la última semana hemos sido testigos de un par de burdas violaciones a la Constitución que generan profunda preocupación por lo que podría ocurrir durante este último tramo del sexenio. En el ocaso de su mandato y frente a las ínfimas posibilidades de victoria en 2012 para un candidato oficial, o incluso para un candidato ciudadano avalado por el partido en el poder, el Presidente se encuentra cada día más desesperado y apuesta a enrarecer el ambiente político.

No fue casualidad que Genaro García Luna haya decidido saltar al Congreso de la Unión y violar olímpicamente la Carta Magna para recibir una medalla al mérito de manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Tampoco es gratuito que Ernesto Cordero haya decidido montar con recursos públicos un escenario para aceptar el apoyo de los 134 militantes calderonistas a su candidatura presidencial. Ambos actos fueron fríamente calculados como pruebas de soberbia e impunidad en preparación para el próximo año electoral. Si ambos ilícitos quedan sin castigo, o por lo menos sin una respuesta enérgica de la sociedad, quedará pavimentado el camino para el total abuso del Poder del Ejecutivo.

El artículo 37 de la Constitución no deja lugar a dudas al señalar que la ciudadanía mexicana se pierde... por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente. El texto no indica de manera potestativa que recibir una medalla de un gobierno extranjero podría ser causal del retiro de la ciudadanía, sino que es categórico al afirmar que esta sanción es consecuencia casi automática de tal acción. Esta disposición legal tiene razón de ser, sobre todo cuando se trata de un alto funcionario público, ya que el Congreso debe velar que un reconocimiento de este tipo no implique alguna sumisión a un gobierno extranjero.

Se antoja difícil que se puedan reunir suficientes votos en el Congreso para iniciar un procedimiento de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública por ésta u otras violaciones a la ley. Asimismo, sería francamente imposible imaginar al Poder Ejecutivo tomando medidas encaminadas a sancionar a uno de los más poderosos integrantes del gabinete. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE), como garante de los derechos y las obligaciones ciudadanas, debe actuar inmediatamente en defensa del marco normativo. Debería iniciar de oficio un procedimiento para dar de baja al secretario del padrón electoral e incluso reconocer formalmente la pérdida de ciudadanía de García Luna, con base en el texto constitucional y ante la inacción de la Secretaría de Gobernación en la materia...

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ENTREVISTAS DE JOHN M. ACKERMAN EN ANIMAL POLÍTICO Y UDG NOTICIAS SOBRE "CONDECORACIÓN" DE GARCÍA LUNA

"Riesgo de otro presidente 'espurio'" (Revista Proceso, 22 de mayo de 2011)

Ya es un secreto a voces que la mejor forma de ganar una elección en México no es a través del cabal cumplimiento del espíritu y la letra de las disposiciones legales, sino con trampas, engaños y triquiñuelas. La reciente inacción del IFE en el caso de las groseras violaciones a la norma por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las campañas federales de 2009 proporciona una clara lección de que romper la ley no cuesta nada. Asimismo, la vergonzosa decisión del TEPJF de exculpar a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la ilegal difusión nacional de su quinto informe de gobierno demuestra que los dados también están cargados en el seno de la máxima instancia de justicia electoral del país. 

Al parecer, el PRI ha decidido apostarle a un perverso juego de debilitar las instituciones electorales a como dé lugar. Con sus decisiones y posicionamientos, los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero ratifican cada día su lealtad al PRI. La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, también parece haber abandonado el partido de su amiga Margarita Zavala para engrosar las filas del viejo partido de Estado. Todo parece indicar que Alanís alberga la esperanza de que el arribo de Peña Nieto a Los Pinos le aseguraría su ansiado lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La falta de acuerdo con respecto a los tres nuevos consejeros del IFE se debe precisamente a que el PRI prefiere un IFE debilitado y rebasado a uno que tenga posibilidad de acciones autónomas. El cálculo es sencillo. Hoy, el PRI solamente necesita convencer a un solo consejero más de que vote junto con Baños y Guerrero para frenar cualquier decisión adversa, tal y como ocurrió en el caso del PVEM. Si el PRI coloca a dos de los tres nuevos consejeros mantendría su posición de fuerza en el Consejo General ya que quedaría a un voto de la mayoría. Sin embargo, si coloca solamente a un consejero su fuerza retrocedería de manera significativa ya que únicamente contaría con tres de los nueve integrantes de la herradura de Viaducto Tlalpan.

El PRI entonces ha aplicado una estrategia de “todo o nada” con el fin de no ver reducida su influencia en el seno de la autoridad electoral. También supone que al final de cuentas le conviene la sobrecarga de trabajo que hoy afecta gravemente el funcionamiento del IFE. Consejeros cansados y confundidos son actores más dóciles y fácilmente manipulables por las alianzas perversas entre Peña Nieto, las televisoras y otros “factores reales” de poder...

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"La hora de la sociedad" (La Jornada, 16 de mayo, 2011)

Pancho Villa/Library of Congress

En lugar de desgastarse buscando reuniones con Felipe Calderón, el emergente movimiento nacional por la paz, la justicia y la seguridad debería abocarse a articular una acción social plural, combativa y de largo aliento. Antes de atender al poder y sus condiciones, habría que acercarse a los ciudadanos y sus necesidades. De otra forma, se podría perder una oportunidad histórica para transformar de raíz a nuestra dolida nación.

El sexenio de Calderón ya se encuentra en su fase terminal y el Presidente ha sido claro en que no contempla modificar ni un ápice su estrategia de combate al crimen organizado. Según él, tiene la ley, la fuerza, y la razón de su lado y simplemente no existen otras opciones de actuación. Ante su comprobada cerrazón, tiene poco sentido construir escenarios para convencerlo de que debe cambiar de rumbo o hacerlo escuchar a las víctimas. Y aun si por arte de magia de repente el ocupante de Los Pinos se despertara de su terquedad, simplemente no le quedaría tiempo para trazar salidas alternas a la actual emergencia nacional.

La ruta del movimiento debería caminar por otro sendero. Por ejemplo, el encuentro programado para el 10 de junio en Ciudad Juárez constituye una gran oportunidad para la articulación y movilización de una amplia diversidad de grupos y demandas sociales. Esa dolida ciudad es simbólica no solamente por la grave crisis de seguridad pública que se vive hoy, sino también porque allí se desnudan de manera particularmente clara las contradicciones de la inserción de México en el mercado global, que envía cada vez más mexicanos al subempleo maquilador y al extranjero para trabajar como ilegales en condiciones infrahumanas.

Así como Emiliano Zapata revivió en la Selva Lacandona en 1994 para enfrentar la marginación de los pueblos indígenas, hoy se abre la oportunidad para que una versión moderna y pacífica del general Pancho Villa y sus dorados eche a andar procesos sociales de transformación desde la frontera norte. Así como los Tratados de Ciudad Juárez del 21 de mayo de 1911 llevaron a la renuncia de Porfirio Díaz, hoy los Acuerdos de Juárez cien años después también podrían ser el inicio de un cambio radical en los regímenes de dominación y acumulación del país, así como el momento perfecto para insistir en la renuncia de Genaro García Luna y del mismo Calderón...

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Nuevo libro: "Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad" (IIJ-UNAM/ Senado, 2011)

RESUMEN: La reforma electoral de 2007-2008 fortaleció las reglas e instituciones electorales con el fin de asegurar la equidad y legalidad de la competencia política en México. Sin embargo, los acontecimientos de los procesos electorales de 2009 y 2010 revelaron que todavía existen importantes vacios legales que deben ser atendidos ante las elecciones electorales de 2012. Así mismo, aún sin la realización de modificaciones legales correctivas tienen la responsabilidad de implementar mejor el marco jurídico vigente. El presente volumen atiende este reto y reúne a algunos de los expertos más destacados en derecho electoral para identificar los puntos más vulnerables en el actual sistema de regulación política-electoral así como proponer soluciones concretas con el fin de reencauzar y consolidar la democracia mexicana. Algunos de los debates más importantes que aborda el libro son: la regulación de la intervención de los medios de comunicación en los procesos electorales, el control de la utilización de recursos y cargos públicos para promover la imagen pública de los gobernantes, el fortalecimiento del blindaje en contra del crimen organizado y el narcotráfico, entre otros temas. Así mismo, se analiza el desempeño y los retos de las principales instituciones electorales a nivel federal: el Instituto Federal electoral (IFE), el tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos electorales (FEPADE). AUTORES:  John M. Ackerman,  Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Hugo Concha, Javier Corral, Francisco De Andrea, Miguel Eraña, Rafael Estrada, Gonzalo Farrera, José Fernández Santillán, Imer Flores, Pablo Gómez, Manuel González Oropeza, Pilar Hernández, Rafael Hernández, Eduardo Huchim, Issa Luna, Daniel Márquez, Carlos Navarrete, Arturo Nuñez, Alfredo Orellana, Jesús Orozco, Francisco José Paoli, Leticia Santín, Francisco Tortolero, Ivabelle Arroyo, Leonardo Valdés, José Luis Vargas A LA VENTA EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, TIENDA ELECTRÓNICA

"Hacia una Nueva República" (Revista Proceso, 8 de mayo de 2011)

La marcha de este domingo debe ir más allá de un mero desahogo social o un simple listado de buenos propósitos. Habría que encauzar nuestro descontento hacia la construcción de un gran frente social para la creación de una Nueva República. Los conductores de nuestra fallida transición olvidaron hacer cuentas con el pasado antidemocrático, acabar con la impunidad y corregir los enormes desequilibrios de poder que tanto daño le hacen al país. Los rotundos fracasos del gobierno de Felipe Calderón para garantizar la seguridad pública, y tragedias como las de la Guardería ABC, Pasta de Conchos y Sabinas, son apenas síntomas fatídicos de una problemática mucho más profunda.

Nadie pide que no se persiga o no se aplique la ley a los delincuentes. Los que marchamos hoy exigimos que se atiendan las raíces en lugar de los síntomas de esta tragedia nacional. Habría que empezar, por ejemplo, con una reorientación de la estrategia de desarrollo económico para atender la pobreza que aqueja al país. Los cálculos más conservadores indican que hay 47 millones de pobres, de los cuales la mitad se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, las 10 familias más privilegiadas del país controlan más de 10% del Producto Interno Bruto, y los ingresos del 10% más rico de la población son 25 veces más grandes que los del 10% más pobre. 

Los gobiernos de la “transición” han agravado esta desigualdad al someter los poderes formales a los poderes “fácticos”. Esta creciente subordinación de las instituciones democráticas es la fuente principal de la situación actual, ya que asegura un régimen generalizado de impunidad y debilidad gubernamental. Un Estado incapaz de regular y controlar a Carlos Slim, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Emilio Azcárraga Jean o Minera México jamás podrá derrotar al Chapo Guzmán o a Heriberto Lazcano. En los últimos años, todos estos nuevos caciques de la “modernidad” han logrado doblar a las instituciones públicas.

Hace falta confrontar de manera directa el problema central de nuestros tiempos: la absurda concentración del poder económico, social y político en unas cuantas manos. Lamentablemente, la historia ha demostrado que las elecciones son muy poco eficaces para lograr cambios sociales profundos. Desde 1934 hasta la fecha, todos y cada uno de los presidentes de la República han llegado a su cargo por medio de elecciones populares. Hasta Porfirio Díaz se vio en la necesidad de someterse a elecciones populares en seis ocasiones...

TEXTO COMPLETO DEL ARTÍCULO DISPONIBLE EN PROCESO (ACCESO GRATUITO), JAROCHOS.NET, 

Interviews in international press on anti-drug war march (May 8th, 2011)

• MEXICANS PROTEST DRUG WAR WITH SILENT MARCH (THE WASHINGTON POST, MAY 8, 2011)

• MEXICANS THINKING EGYPTIAN: CAN THE GROWING PROTEST MOVEMENT SAVE MEXICO´S DEMOCRACY? (TEXAS OBSERVER, MAY 5, 2011)

• ANTI DRUG-WAR MOVEMENT EMERGES IN MEXICO (BORDERLAND BEAT, MAY 7, 2011)

"Que se vayan todos" (La Jornada, 2 de mayo, 2011)

La marcha del 6 de abril 

Foto: Víctor Camacho/jornada.com

Los analistas y medios de comunicación de siempre empiezan ya a edulcorar y unificar el mensaje de la marcha multitudinaria del próximo domingo 8 de mayo en solidaridad con Javier Sicilia. Con el fin de reducir los daños para Felipe Calderón y su gobierno, las imágenes y reportajes que desde ahora se preparan resaltarán las expresiones de rechazo a los criminales y la corresponsabilidad de la sociedad. El repudio directo al gobierno y su fallida estrategia bélica recibirán un trato marginal, y se buscará relacionar estas expresiones con "oscuros intereses políticos" o simplemente descalificarlos como "grupúsculos de resentidos sociales". El objetivo será construir una escenografía para que Calderón salga al día siguiente a reconocer la gran importancia de la manifestación y por enésima vez se comprometa a trabajar con la sociedad en la búsqueda de soluciones a la violencia.

El peligro es que se redite la historia de hace tres años en que, a raíz del secuestro y asesinato de Fernando Martí, se firmó en Palacio Nacional el famoso Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que, más allá de haber sido anunciado con bombo y platillo, ha sido completamente inútil e inservible. Desde la firma del acuerdo por todos los gobernadores y secretarios de Estado, así como figuras tan desacreditadas como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, la situación de inseguridad solamente ha empeorado.

La sociedad está cansada de pactos vacíos y expresiones estériles de buena voluntad de los gobernantes. Habría que superar la etapa de exigencias generales para elevar de manera directa los costos de aquellos gobernantes que no cumplen con su deber. Los políticos y altos funcionarios solamente cambiarán su comportamiento si empiezan a ver que la sociedad puede castigarlos.

Para que la marcha del domingo tenga un impacto real y un efecto detonador expansivo, los que participaremos en ella estamos obligados a utilizar todos los medios a nuestro alcance para dejar en claro que nuestro reclamo principal es hacia el total fracaso de la clase gobernante, y de Calderón en particular, para asegurar condiciones básicas de paz y seguridad. Un ¡ya basta! a los criminales no serviría absolutamente de nada, ya que los delincuentes no tienen ninguna obligación con nosotros, a diferencia de nuestros gobernantes y representantes, que en teoría están a nuestro servicio....

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"Ending the Mexican 'drug war'" (Dallas Morning News, Sunday Commentary, May 1, 2011)

Mexican Flag/www.esparta.com

The Mexican people are growing increasingly frustrated with their role in the “war on drugs.” As the violence expands, common citizens are wondering whether such an enormous human sacrifice is really worthwhile. The hundreds of clandestine graves and the assassination of the son of a poet in Cuernavaca are only the most recent cases that belie the Mexican government’s theory that 90 percent of the almost 40,000 violent killings over the past four years are supposedly criminals. Mexico is losing an entire generation of youth in a losing fight to “protect” willing drug users in the United States.

President Barack Obama’s contradictory policies toward Mexico have made matters worse. Instead of articulating a new vision, he has half-heartedly played out failed policies initiated under the George W . Bush administration. If Obama doesn’t change tack soon, Mexico may soon become more of a headache than Libya, Syria or Afghanistan.

The U.S. has been more effective at arming and funding the criminals than supporting the Mexican people. During 2009 and 2010, U.S. customs agents seized only 386 weapons, a fraction of the approximately 2,000 that the Brookings Institution estimates cross the border daily. The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives has intentionally allowed 1,700 high-caliber weapons to find their way into the hands of Mexico’s most bloodthirsty killers. The Wachovia bank scandal has revealed that U.S. banks launder billions of drug money yearly with almost complete impunity.

Instead of changing course, Obama has bowed to NRA pressure and refused to implement basic reporting requirements for multiple purchases of assault weapons at gun stores in the Southwest. He has made little to no progress on combating money laundering. He also has failed to deliver over two-thirds of the support originally pledged as part of the $1.5 billion Mérida Initiative set up by Bush four years ago.

Obama did not mention Mexico once in his 2010 or 2011 State of the Union addresses. He has shown little interest in naming a successor to the U.S. Ambassador in Mexico, Carlos Pascual, whose resignation last month made him the first top diplomatic casualty of the present administration.

Meanwhile, Mexican public opinion has reached a turning point. Two-thirds of Mexicans now think the government’s U.S.-backed militarized strategy has been a failure. Mexican President Felipe Calderón’s overall approval ratings are in free fall, and anti-American sentiment is on the rise. Next Sunday, hundreds of thousands of protesters are expected to take to the streets throughout the country to protest the increase in violence.

Next year’s presidential election will be highly charged. Seventy-four percent of Mexicans are convinced that the political system is performing badly and needs to change. The old-guard Party of the Institutional Revolution (PRI), which governed Mexico for over 70 years and is largely responsible for the present strength of the drug cartels, leads by 20 percentage points in the polls.

Meanwhile, the mean age in Mexico is only 26, and the use of social media has expanded significantly. This has fed an increasingly active movement whose rallying cry is “No more blood!” It may be only a matter of time before Mexico’s youth follow the example of their Egyptian colleagues.

Obama still has a last chance to fulfill the promise he made in The Dallas Morning News in 2008 to give priority to Mexico and articulate a broad new vision of mutual responsibility in North America . The new policy should repudiate the “war” framework and focus on what the U.S. can do on its side of the border to improve the situation. Rep. Michael McCaul , R-Austin, is wrong to call the drug cartels “terrorists,” since this plays in to the same failed militarized strategy led by Calderón over the past four years.

The new approach should begin by significantly expanding ATF supervision of gun sales near the border, broadening financial oversight of U.S. banks and appointing a new high-profile ambassador. The next step would then be to include bold new economic development initiatives, as well as a definitive immigration reform. The increasing violence is not only linked to the drug trade, but also to the lack of economic opportunities and the fact that tougher border policies in the U.S. have increased the demand of migrants for the services of organized crime.

In general, the U.S. needs to stop seeing Mexicans as a threat. Hundreds of thousands of people legally cross the U.S.-Mexico border daily, and the two economies are fully intertwined.

There is no possibility of cutting ties. Peace and prosperity in North America depends on taking into account Mexico as an equal partner and moving the needs of the common Mexican citizen to the forefront of the binational agenda.

The failed “war on drugs” should take a back seat. Development, the rule of law and mutual responsibility should be the priorities.

ORIGINAL PUBLISHED TEXT AVAILABLE AT DALLAS MORNING NEWS