Nadie pide que no se persiga o no se aplique la ley a los delincuentes. Los que marchamos hoy exigimos que se atiendan las raíces en lugar de los síntomas de esta tragedia nacional. Habría que empezar, por ejemplo, con una reorientación de la estrategia de desarrollo económico para atender la pobreza que aqueja al país. Los cálculos más conservadores indican que hay 47 millones de pobres, de los cuales la mitad se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, las 10 familias más privilegiadas del país controlan más de 10% del Producto Interno Bruto, y los ingresos del 10% más rico de la población son 25 veces más grandes que los del 10% más pobre.
Los gobiernos de la “transición” han agravado esta desigualdad al someter los poderes formales a los poderes “fácticos”. Esta creciente subordinación de las instituciones democráticas es la fuente principal de la situación actual, ya que asegura un régimen generalizado de impunidad y debilidad gubernamental. Un Estado incapaz de regular y controlar a Carlos Slim, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Emilio Azcárraga Jean o Minera México jamás podrá derrotar al Chapo Guzmán o a Heriberto Lazcano. En los últimos años, todos estos nuevos caciques de la “modernidad” han logrado doblar a las instituciones públicas.
Hace falta confrontar de manera directa el problema central de nuestros tiempos: la absurda concentración del poder económico, social y político en unas cuantas manos. Lamentablemente, la historia ha demostrado que las elecciones son muy poco eficaces para lograr cambios sociales profundos. Desde 1934 hasta la fecha, todos y cada uno de los presidentes de la República han llegado a su cargo por medio de elecciones populares. Hasta Porfirio Díaz se vio en la necesidad de someterse a elecciones populares en seis ocasiones...
