"Las para-campañas" (Revista Proceso, 29 de enero de 2012)

Foto: Octavio Gómez/proceso.com

Es poco probable que los esfuerzos recientes por revertir la simulación e impunidad en materia electoral sean suficientes para prevenir un desastroso choque de trenes durante el proceso electoral en curso. Para los partidos y los candidatos, violar la ley sigue siendo una empresa con grandes beneficios y pocos costos. Asimismo, los poderes mediáticos buscan a toda costa tronar la reforma electoral y sus instituciones garantes. Enrique Peña Nieto ya se ha declarado en contra del actual sistema de comunicación política y ha afirmado que, de llegar a Los Pinos, propondrá inmediatamente “algunos ajustes” al marco legal en la materia.

El miércoles pasado, el Instituto Federal Electoral (IFE) finalmente decidió multar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por su abierta burla a la normatividad electoral durante el proceso electoral federal de 2009. Esta decisión había estado congelada desde el 27 de abril de 2011 por el empate entre los seis consejeros que entonces ocupaban la herradura de Viaducto Tlalpan. Los nuevos consejeros, nombrados el pasado 15 de diciembre, tardaron más de un mes en retomar el caso. Pero el feliz desenlace llegó y, ahora sí, la mayoría votó a favor de multar al partido de Jorge Emilio González con 194 millones de pesos.

La multa fue por la “propaganda integrada” que utilizó el partido en 2009. Todos recordamos, por ejemplo, cómo el actor Raúl Araiza usaba y presumía su camiseta con la leyenda “Soy Verde” en sus telenovelas. También fue evidente la burla a la ley cuando Televisa difundió ampliamente en televisión la portada de la revista Tv y Novelas, que igualmente incluía propaganda a favor del PVEM.

Con esta decisión, el IFE se lava la cara y evita caer en una situación de total desprestigio. Una determinación que auspiciara la impunidad para el PVEM hubiera enviado el clarísimo mensaje a todos los contendientes de que la autoridad electoral no es más que un espantapájaros. También se hubiera consolidado la desconfianza ciudadana en el IFE. El lunes 23 de enero, El Universal dio a conocer datos alarmantes que muestran que casi la mitad de los mexicanos (47%) simplemente no cree que los resultados electorales que proporcione el IFE en las elecciones de 2012 serán confiables...

 

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"Chantaje mediático" (La Jornada, 23 de enero de 2012)

TV Azteca/Foto:María Luisa Severiano, La Jornada

Cada seis años, Televisa aprovecha la coyuntura electoral para chantajear a las autoridades y expandir su poder sobre las conciencias y la economía mexicanas. En 2006, este gigante mediático logró la aprobación de la famosa ley Televisa, que fue redactada por sus propios ejecutivos para facilitar su dominación sobre la televisión comercial. Hoy, la televisora de Chapultepec busca comprar la mitad de las acciones de la telefónica Iusacell con el fin de saldar una alianza monopólica con su principal competidor en la televisión, Tv Azteca, y así luchar juntos en contra de las empresas de Carlos Slim en el mercado de la comunicación móvil.

Pero la verdadera competencia económica no se logra con dotar a los mismos monstruos de siempre con nuevas armas de alto poder para que entre ellos se destruyan en igualdad de condiciones. Al contrario, las autoridades tendrían que tomar medidas definitorias para desmontar estos poderes oligopólicos que tienen postrada a la economía nacional, así como fomentar una verdadera democratización del acceso a la información.

Nuestra supuesta transición democrática ha dado el poder a los dos grandes consorcios mediáticos. En los últimos 11 años de gobiernos de la alternancia, las ganancias de Televisa y Tv Azteca se han multiplicado. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) (www.amedi.org.mx) ha informado que las ganancias de Televisa solamente en el mercado de televisión abierta se han duplicado de 11 mil 555 millones de pesos en 1999 a 22 mil 750 en 2010. Para Tv Azteca, el aumento fue de 6 mil 916 a 11 mil 554 en el mismo periodo.

La reforma electoral de 2007, que prohíbe la compra o adquisición de espacios televisivos por los partidos políticos o para hacer propaganda comicial, buscó limitar el poder omnímodo de estas dos empresas. Sin embargo, la desidia, la timidez y la complicidad de las autoridades responsables de asegurar el cumplimiento de la reforma han generado una situación en que las televisoras ahora son más poderosas que nunca...

 

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"La preocupación de Morelia" (Revista Proceso, 15 de enero de 2012)

La renovación tanto del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) después de las elecciones de 2006 representó una oportunidad de oro para revertir el legado de impunidad y simulación de los comicios de aquel año. Lamentablemente, la mayor parte de las decisiones clave tomadas por los nuevos integrantes de ambas instancias ha reforzado la idea de que todo se vale en materia electoral. Hoy nos encontramos inmersos en una verdadera “ley de la selva” en donde la violación de la equidad, la certeza y la legalidad de los procesos democráticos es más la norma que la excepción. El escenario está puesto para que en 2012 ocurra otra implosión similar, o quizás aún más grave, que la de hace seis años.

En este contexto, la decisión de la Sala Regional en Toluca del TEPJ de anular la elección para presidente municipal de Morelia demuestra que todavía queda una pequeña luz de esperanza. Ante las burlas del PRI a la normatividad electoral en las elecciones de Michoacán, el magistrado Santiago Nieto redactó una sentencia (ST-JRC-117/2011) que arruina la fiesta a los acelerados operadores de todos los partidos que ya se frotan las manos con el jugoso negocio de las ilegalidades electorales este año.

Una de las trampas más comunes al redactar las normas electorales es hacer prácticamente imposible la eventual nulidad de una elección. Por ejemplo, los legisladores!20suelen limitar las causales de nulidad exclusivamente al aspecto cuantitativo durante la jornada electoral (verbigracia, cuando más de 15% de las casillas no se instalen o presenten irregularidades graves, etcétera). Los partidos temen como una plaga cualquier causal “genérica” que permitiría declarar la invalidez por “violaciones generales” a los principios constitucionales durante la campaña. Asimismo, uno de los grandes retrocesos contenidos en ha reforma electoral de 2007-2008 fue la inclusión, en el artículo 99 de la Carta Magna, de una cláusula que indica que los magistrados únicamente pueden anular una elección por causales “expresamente” establecidas en las leyes secundarias....

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"La batalla por el GDF" (La Jornada, 9 de enero, 2012)

Registro de MA Mancera/Foto:Jesús Villaseca, jornada.com

El candidato de izquierda para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no surgirá de las encuestas del próximo fin de semana y mucho menos de un auténtico proceso de participación ciudadana, sino por medio de un acuerdo cupular a espaldas de la sociedad. Una vez más, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) revela su falta de compromiso con los postulados democráticos que le dieron origen y traiciona su legado de participación y empoderamiento ciudadano. La complicidad del Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano (MC) con este proceso demuestra que estos partidos también están dispuestos a jugar con las mismas reglas.

Las encuestas marcarán el inicio y no el punto final de la batalla por el GDF. Si bien ofrecerán mucha información útil sobre el comportamiento y las preferencias del electorado, no podrán por sí solas imponer un ganador. Las encuestas no son mecanismos de toma de decisión, sino solamente herramientas de medición de la opinión pública en un momento específico. En este contexto, una exigencia ciudadana clave sería que el PRD divulgue toda la información sobre las encuestas levantadas, incluyendo su metodología, los resultados específicos para cada pregunta así como las bases de datos, para que puedan ser verificados e interpretados de forma independiente.

Es también importante recordar que el Estatuto del PRD no permite la determinación de candidaturas por medio de encuestas. La convocatoria interna de ese partido señala claramente que su candidato para el GDF no será designado sino hasta el 11 y 12 de febrero por su Consejo Estatal en el Distrito Federal. Es cierto que la convocatoria indica que los resultados de las encuestas serán determinantes y tendrán efectos vinculantes. Sin embargo, al no especificar una metodología precisa para determinar y evaluar estos resultados, en los hechos deja todo completamente abierto a la interpretación...

 

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"Opacidad con moño navideño" (Revista Proceso, 1 de enero, 2012)

Uno de los problemas más notables con la fallida transición democrática ha sido la ausencia de avances en materia de rendición de cuentas. En lugar de abrazar la transparencia y el control externo, los gobernantes de todos los partidos han preferido mantenerse en la comodidad de la simulación. Los ejemplos han abundado en este fin de año.

En un típico madruguete navideño, el gobernador del estado de Jalisco, Emilio González, publicó el 22 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado una nueva Ley de Transparencia que implica un franco retroceso en la materia. Esta norma aumenta de manera peligrosa las causales de reserva de la información pública, busca desaparecer la crucial “prueba de daño” en la aplicación de las mismas y criminaliza la divulgación, por los medios de comunicación, de información reservada. Con estas reformas, aprobadas por unanimidad de todas las fuerzas políticas, Jalisco sigue el ejemplo de países autoritarios que bajo el escudo de la transparencia han buscado renovados pretextos para limitar la circulación de información incómoda.

En Zimbabwe, por ejemplo, la supuesta “ley de transparencia” ha funcionado principalmente como una forma de controlar los medios de comunicación al obligar a los periodistas a registrarse ante la autoridad y divulgar sus fuentes de información. Esta norma ha llevado al encarcelamiento de por lo menos una docena de periodistas críticos del régimen. Hoy, al abrir la puerta para la criminalización de reporteros y jefes de información, Jalisco se convierte en el nuevo ejemplo negativo a nivel internacional.

Desde hace tiempo ya era evidente que el discurso celebratorio de la rendición de cuentas distaba mucho de su ejercicio en la práctica en México. Sin embargo, hasta hoy ningún gobernante se había atrevido a ir tan lejos como el gobernador González en desmontar nuestras garantías constitucionales. Desde ya se debe promover una Acción de Inconstitucionalidad en contra de esta ley, así como amparos y recursos ante las instancias internacionales correspondientes...

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