Uno de los problemas más notables con la fallida transición democrática ha sido la ausencia de avances en materia de rendición de cuentas. En lugar de abrazar la transparencia y el control externo, los gobernantes de todos los partidos han preferido mantenerse en la comodidad de la simulación. Los ejemplos han abundado en este fin de año.
En un típico madruguete navideño, el gobernador del estado de Jalisco, Emilio González, publicó el 22 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado una nueva Ley de Transparencia que implica un franco retroceso en la materia. Esta norma aumenta de manera peligrosa las causales de reserva de la información pública, busca desaparecer la crucial “prueba de daño” en la aplicación de las mismas y criminaliza la divulgación, por los medios de comunicación, de información reservada. Con estas reformas, aprobadas por unanimidad de todas las fuerzas políticas, Jalisco sigue el ejemplo de países autoritarios que bajo el escudo de la transparencia han buscado renovados pretextos para limitar la circulación de información incómoda.
En Zimbabwe, por ejemplo, la supuesta “ley de transparencia” ha funcionado principalmente como una forma de controlar los medios de comunicación al obligar a los periodistas a registrarse ante la autoridad y divulgar sus fuentes de información. Esta norma ha llevado al encarcelamiento de por lo menos una docena de periodistas críticos del régimen. Hoy, al abrir la puerta para la criminalización de reporteros y jefes de información, Jalisco se convierte en el nuevo ejemplo negativo a nivel internacional.
Desde hace tiempo ya era evidente que el discurso celebratorio de la rendición de cuentas distaba mucho de su ejercicio en la práctica en México. Sin embargo, hasta hoy ningún gobernante se había atrevido a ir tan lejos como el gobernador González en desmontar nuestras garantías constitucionales. Desde ya se debe promover una Acción de Inconstitucionalidad en contra de esta ley, así como amparos y recursos ante las instancias internacionales correspondientes...
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