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| Leonardo Valdés/Foto: BFlores, proceso.com |
Solamente alguien muy ingenuo podría ver una casualidad en la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de destruir las boletas electorales de 2006 unos días antes de que termine el mandato de Felipe Calderón. Los consejeros y los magistrados electorales no se cansan nunca de declarar que todo lo que hacen está “apegado estrictamente a derecho”. Pero el caso de las boletas electorales demuestra precisamente lo contrario. Cuando fuertes intereses políticos y económicos se encuentran de por medio, las autoridades de nuestro país están dispuestas a hacer absolutamente todo, menos lo que indica la ley.
Como ya hemos argumentado en numerosas ocasiones en estas mismas páginas (más recientemente en http://www.proceso.com.mx/?p=288777), la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el artículo 6° de la Constitución no solamente permiten, sino que obligan al IFE a poner las boletas electorales de 2006 a disposición de los ciudadanos. Ello se refuerza con las recientes reformas al artículo 1º de la Constitución, donde quedó plasmado el principio pro persona, según el cual la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos debe dar “en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Sin embargo, el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han inventado un sinnúmero de argumentos ad hoc para evadir la ley y negar las solicitudes de acceso presentadas por la revista Proceso y por miles de ciudadanos. Pero ninguna de las múltiples resoluciones y sentencias ordenan al IFE triturar las boletas de 2006 antes de que Calderón entregue la banda presidencial. Estas resoluciones tampoco prohíben al IFE permitir el acceso ciudadano a las boletas antes de la eventual destrucción del material.
Las instancias revisoras se han limitado a ratificar la decisión del IFE de negar las solicitudes realizadas hasta la fecha. No han emitido orden alguna hacia los consejeros con respecto a acciones específicas en el futuro. Si mañana una mayoría de integrantes del Consejo General del IFE quisieran poner las boletas electorales a disposición de la sociedad, podrían hacerlo sin incurrir en falta alguna...
