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| Detención de un activista en el Zócalo capitalino, 13 de septiembre/Foto: La Jornada |
El secuestro del Zócalo capitalino por policías uniformados, la infiltración de marchas pacíficas por provocadores violentos, la difamación de los maestros disidentes por medios mercenarios, la negativa a consultar a la ciudadanía sobre la reforma energética y la negativa a relegir Luis González Placencia como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) configuran un escenario de pleno retroceso democrático. Solamente un sistema autoritario expulsa manifestantes pacíficos de su principal plaza pública, cancela la expresión pública de sus jóvenes, denigra a sus maestros, presta oídos sordos a la opinión pública y despide a quienes defienden las causas ciudadanas.
Paradójica forma de cerrar el ciclo de la llamada "apertura democrática" iniciado con la reforma electoral de 1977 y la Ley de Amnistía de 1978. En aquel momento el sistema político reaccionó de manera inteligente a la estrepitosa caída de la legitimidad gubernamental reincorporando a los disidentes a la vida pública y generando nuevos espacios para la participación política. En 1976 José López Portillo fue el único candidato presidencial con registro oficial, lo que evidenció claramente la esencia defraudadora del sistema electoral mexicano. Asimismo, la sangrienta represión gubernamental contra movimientos estudiantiles, campesinos y sindicales, y desde luego los dolorosos acontecimientos del 2 de octubre y el 10 de junio, junto a la valiente lucha de líderes de la estatura de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero, habían ido convenciendo a muchos de que las vías institucionales para transformar el país estaban canceladas.
Frente a tal crisis de legitimidad, el secretario de Gobernación de López Portillo, Jesús Reyes Heroles, impulsó reformas democratizadoras. Por un lado, se declaró una amnistía general en favor de "todas las personas acusadas de los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país".
Por otro lado, se aprobó una histórica reforma electoral que legalizó e impulsó la consolidación de partidos de oposición. La reforma reconoció a los partidos políticos como "entidades de interés público", redujo los requisitos para el registro de nuevos partidos, aumentó el financiamiento público para sus actividades, estableció su derecho al uso de los medios de comunicación y amplió de manera significativa la representación proporcional en el Congreso...
TEXTO COMPLETO DISPONIBLE EN LA JORNADA
