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| Policías Federales protegen al Senado de la República de manifestantes pacíficos//Foto: @ilpiolo |
La desesperación con que los políticos actúan para imponer una andanada de reformas antipopulares, cínicas y represivas antes del fin del año se asemeja a la actitud de un ruin ladrón quien, al percatarse de que se acercan los dueños del domicilio saqueado, arroja en su morral cualquier objeto de valor a la vista, con su pistola echa un tiro al aire y se avienta con torpeza desde la ventana del segundo piso. Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera y la clase política entera caminan hacia un suicidio político de dimensiones monumentales.
Absolutamente todos los estudios de opinión demuestran que la confianza ciudadana en Peña Nieto se encuentra por los suelos y que solamente una pequeña minoría de la población está en favor de la privatización de la industria petrolera. La aprobación social del gobierno federal hoy se encuentra en un punto similar al desastroso final del primer año del gobierno de Ernesto Zedillo, quien respondió al derrumbe económico causado por Carlos Salinas con una ola expansiva de corrupción sin precedentes. Los ciudadanos se han dado cuenta de que el nuevo "emperador" del PRI anda desnudo y se alistan para retornar a su domicilio antes de que culmine el saqueo de todas sus pertenencias.
No existe necesidad urgente de aprobar ninguna de las "reformas" que hoy se discuten en el Congreso de la Unión. La reforma energética, la reforma política, las reformas contra el "terrorismo" y la ley para regular las manifestaciones públicas en el Distrito Federal todas contienen elementos profundamente lesivos para la ciudadanía. Deberían ser discutidas a fondo y consultadas con la sociedad antes de su imposición. El hecho de que no ocurra así constituye un claro testimonio del enorme miedo e inseguridad que los políticos sienten ante el creciente rechazo popular al funcionamiento de las instituciones realmente existentes.
La contrarreforma política implica la institucionalización de la política de las componendas, la centralización de la toma de decisiones y la cancelación del debate público iniciados con el Pacto por México. Con la instauración de los "gobiernos de coalición", la relección ad infinitum de diputados y senadores (los supuestos "límites" fijados en la reforma no implicarán obstáculo alguno), la eliminación de la participación del gabinete presidencial "coaligado" en las declaratorias de "suspensión de garantías" y la creación de un enorme monstruo burocrático centralizado para organizar todas las elecciones del país, los hilos de la política nacional se quedarán para siempre tras puertas cerradas manejados por un puñado de burócratas apátridas...
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