"Autoritarismo transparente" (Revista Proceso, 23 de febrero, 2015)

La ley es siempre un arma de doble filo. Dependiendo del contexto de aplicación y los intereses en juego, la norma puede fungir como un instrumento de represión o de liberación. Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, la regla ha sido la utilización de la ley para consolidar el autoritarismo, encubrir la corrupción y ensanchar la desigualdad. Sin embargo, durante la breve ventana democrática que se abrió entre 1996 y 2003, la intensidad del contexto político y social logró imponer algunas reformas que prometían invertir la flecha de la legalidad autoritaria y empoderar a la ciudadanía.

Una de las reformas más importantes fue la aprobación, en 2002, de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Esta ley implicó un giro de 180 grados en la relación entre el gobierno y la sociedad. A partir de la entrada en vigor de la nueva normatividad no sería el ciudadano quien tendría que justificar su intención de conocer algún documento oficial, sino que la autoridad debería defender de manera estricta, objetiva y en cada caso la reserva o confidencialidad de la información solicitada. En principio, absolutamente toda la información relacionada con las actividades de las instituciones públicas estaría a la disposición de la ciudadanía. 

Este nuevo enfoque tenía un enorme potencial transformador. Rompió de tajo con décadas de “institucionalismo revolucionario” donde se defendía el principio de opacidad de los documentos públicos con el fin de garantizar la supuesta integridad y fuerza del Estado en contra de los cuestionamientos sociales. Un sólido compromiso con el “principio de máxima publicidad” incluido en la nueva ley de transparencia podría haber transformado profundamente la administración pública.

Si ello hubiera ocurrido, hoy, 13 años después de su aprobación, el país se encontraría en medio de un fuerte proceso de renovación institucional. En lugar de la multiplicación de gobernantes como Abarca, Murat, Aguirre, Moreno Valle y Peña Nieto en todo el país, tendríamos numerosos ejemplos de funcionarios públicos honestos y comprometidos con sus electores. Se hubiera cumplido, aunque sea parcialmente, con el mandato popular expresado en las urnas en 2000 al expulsar al PRI de Los Pinos...

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"Casos aislados" (La Jornada, 17 de febrero, 2015)

José Murat en la firma del "Pacto por México"/Foto: Carlos Ramos, La Jornada

Pocas veces tenemos la oportunidad de ver con tanta claridad los entretelones del sistema de corrupción estructural que tiene postrada a la nación. Los cobardes asesinatos de Norma Angélica Bruno, en Iguala, y de Antonio Zambrano, en Seattle, constituyen la contracara de las insultantes fortunas de importantes políticos mexicanos en Nueva York y Suiza. Y mientras Raúl Salinas, La Tuta y Sandra Ávila Beltrán hoy se pasean por las calles con toda tranquilidad, luchadores sociales, como Nestora Salgado, José Manuel Mireles y Mario Luna, están encerrados en la cárcel en condiciones de extrema precariedad.

Somos malgobernados por un grupo de autoridades neofeudales priístas que no conocen límites. Las fortunas y las mansiones de los políticos mexicanos han sido extraídas con sangre de un pueblo mexicano empujado hacia la miseria, donde por lo menos 50 millones no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Y nos encontramos en medio de un proceso de integraciónnorteamericana en que los vecinos del norte reciben a los corruptos con los brazos abiertos pero pisotean con saña a los mexicanos más dignos.

Llama la atención que los reportajes recientes del New York Times y Le Monde señalan a figuras relacionadas directamente con los dos proyectos estrella del sexenio actual: el Pacto por México y la contrarreforma energética. De acuerdo con el rotativo estadunidense, el antiguo coordinador ejecutivo del Pacto por México, José Murat, cuenta con propiedades millonarias en los Estados Unidos. Y de acuerdo con el rotativo francés, dos de los principales promotores de la reforma energética, Luis Téllez y Alfredo Elías Ayub, tienen cuentas millonarias en Suiza.

Otro dato importante es que los mecanismos de triangulación financiera que la familia Murat según el reportaje del New York Timesutilizaría para encubrir sus propiedades son similares a las estrategias utilizadas por Peña Nieto y su equipo jurídico, encabezado por Jesús Murillo Karam, para financiar las tarjetas Monex y Soriana durante la campaña de 2012. En ambos casos se crearon empresas fantasmas con el fin de esconder las verdades identidades de los dueños o patrocinadores. Las empresas Nivea Management, Himo Limited, XILA Company y LOMA AEAI, de los Murat, tendrían la misma función que Comercializadora Efra, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Atama, utilizadas por Enrique Peña Nieto...

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"Disfunción pública" (8 de febrero, 2015)

Enrique Peña Nieto y Virgilio Andrade (Foto: Twitter)

John M. Ackerman

Con cada coletazo, el dinosaurio priista va destruyendo una a una las instituciones de la supuesta “transición democrática”. Cualquier organismo público que haya tenido en algún momento un espíritu ciudadano o una independencia política ha sido domesticado o cooptado por el aparato. El intento de Enrique Peña Nieto de resucitar como tapadera coyuntural a la ya desaparecida Secretaría de la Función Pública (SFP) es un ejemplo particularmente claro de la consolidación de este perverso rasgo del autoritarismo mexicano.

La primera “reforma estructural” impulsada por Peña Nieto no fue la reforma educativa, ni la reforma energética, sino la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Aun antes de tomar posesión, el presidente electo hizo llegar al Congreso de la Unión, por los malos oficios de Manlio Fabio Beltrones, una iniciativa de ley que eliminaría la SFP y trasladaría sus funciones medulares a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de ser ocupada por su amigo y cómplice Luis Videgaray. Peña Nieto también buscaba excluir miles de puestos del ya debilitado Sistema de Servicio Profesional de Carrera con el fin de rellenarlos con nuevos funcionarios a modo.

El propósito era centralizar al máximo el poder administrativo para evitar cualquier fuga de información sobre los fraudes que ya se estaban preparando desde Los Pinos. Recordemos que precisamente en las mismas fechas en que el presidente electo envió su reforma administrativa a los diputados, en noviembre de 2012, el futuro secretario de Hacienda estaba en pleno proceso de mudanza a su nueva “Casa HIGA” en Malinalco.

Peña Nieto tenía la intención de encubrir su jugada centralizadora con la creación simultánea de un nuevo elefante blanco llamado Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) que estaría bajo el control de un consejo de “notables”, incluyendo a los 31 gobernadores, y presidido por el mismo primer mandatario. Aquella cortina de humo simuladora la analizamos en su momento en estas mismas páginas (véase: http://ow.ly/IyI0z). La propuesta que hoy impulsa el PRI en el Congreso de la Unión a partir de la masacre de Iguala es esencialmente la misma...

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"Una nueva historia" (La Jornada, 2 de febrero, 2015)

Jesús Murillo Karam (Imagen de 2009, cuando fungía como Secretario General del PRI, Foto: María Luis Severiano)

Dicen que la historia la escriben los vencedores, y México no es la excepción. Desde la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 1946, nuestra historia ha sido definida por un grupo de funcionarios públicos e intelectuales orgánicos cuyo único interés ha sido aumentar su poder y riqueza personales. La inaceptable soberbia demostrada por Jesús Murillo Karam el martes pasado al declarar su hipótesis sobre la masacre de Iguala como la "verdad histórica" condensa la lógica de poder autoritario que ha predominado en el país desde hace 69 años. Afortunadamente, una nueva historia ya empieza a escribirse.

Una de las funciones principales del PRI desde su fundación ha sido poner la historia nacional de cabeza. El presidente Lázaro Cárdenas del Río fundó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) con la finalidad de dar fuerza política a las conquistas sociales de la Revolución Mexicana.  Aquel instituto político nació el 30 de marzo de 1938, apenas dos semanas después de la histórica expropiación petrolera encaminada a modernizar el país. Ocho años después, el remplazo de la palabra "mexicana" por "institucional" y la transformación de "revolución" en "revolucionario" simbolizarían la traición histórica del proyecto social originario de la Constitución de 1917.

Desde el sexenio del primer presidente priísta, Miguel Alemán Valdés, hasta la fecha, el régimen ha buscado remplazar la gran historia mexicana de luchas y conquistas desde abajo con una nueva historia "institucional", donde los verdaderos constructores de la patria serían los burócratas "ilustrados" de arriba.

Hoy, los gobernantes repiten la misma fórmula al desconocer a los padres de familia como interlocutores e imponer su versión de los hechos del 26 de septiembre. El Todos somos Ayotzinapa de Enrique Peña Nieto y la verdad histórica de Murillo Karam no son más que dos ejemplos contemporáneos de la continuidad de siete décadas de hipocresía, suplantación y simulación institucionalizadas...

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