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| Felipe Calderón/Foto: Octavio Gómez, proceso.com |
La denuncia en contra de Felipe Calderón y altos mandos militares y policiacos, así como de capos de la droga, que se presentará el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, no busca venganza, sino justicia. Las más de 25 mil personas que respaldamos la iniciativa, encabezada por el abogado Netzaí Sandoval (www.juicioacalderon.blogspot.com), tenemos la firme convicción de que estamos obligados moral y políticamente a utilizar todas las vías legales y pacíficas a nuestro alcance para poner un alto al baño de sangre que se vive en el país. No defendemos a los criminales, sino todo lo contrario: buscamos denunciarlos a todos, independientemente de su rango o posición dentro y fuera del gobierno.
La CPI es una institución nueva, en funciones desde 2002 y reconocida por el Estado mexicano en 2005, que se estableció para investigar y enjuiciar los delitos más graves cometidos contra la humanidad. Está autorizada para actuar cuando los sistemas domésticos de justicia de las diversas naciones se encuentran imposibilitados para hacerlo, ya sea a causa de un débil diseño institucional o directamente por falta de voluntad política, de modo que puede llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o crímenes de “agresión” (ver el Estatuto de Roma:
http://bit.ly/oWhn1y).
La dimensión de la violencia en México (50 mil asesinados, 230 mil desplazados y por lo menos 10 mil desaparecidos) es mucho mayor que la existente en el Congo, Sudán, Kenia, Costa de Marfil e incluso en la Libia de Gadafi. Todos estos países son investigados por la CPI. En la actualidad es evidente que en México también se cometen “crímenes de lesa humanidad”, definidos como “ataques generalizados o sistemáticos en contra de una población civil, y con conocimiento de dichos ataques”, incluyendo actos como tortura, desaparición forzada, asesinato y violación...
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