La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inaugura su “Año de la Sociedad” con una decisión paradójica que impide precisamente la participación social en el funcionamiento del Poder Judicial: El pasado 20 de enero, echó abajo una reforma a la Constitución de Baja California que buscaba diversificar la integración del Consejo de la Judicatura de la entidad. En lugar de celebrar este esfuerzo por abrir el principal órgano de vigilancia y administración del Poder Judicial a la sociedad, los ministros rechazaron tal atrevimiento y ratificaron la histórica insularidad y opacidad que caracteriza a esta institución.
La Suprema Corte sostiene que la reforma de Baja California violenta los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial porque deja en manos del Poder Legislativo la facultad de nombrar a la mayoría (tres de un total de cinco) de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Para los ministros, tal procedimiento supuestamente implicaría una intromisión de los legisladores y perjudicaría el buen funcionamiento de la justicia local porque actores externos tomarían decisiones medulares sin tener en mente los mejores intereses del Poder Judicial.
En la sesión pública, el distinguido ministro Genaro Góngora Pimentel argumentó su respaldo a la decisión de la siguiente manera: “El hecho de que un poder ajeno al Judicial tenga la facultad de nombrar por sí y ante sí a la mayoría de los miembros que integran el órgano de vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial del Estado constituye una intromisión violatoria de la división de poderes, pues con ello se genera la posibilidad de una influencia externa determinante en la toma de decisiones que atañen al funcionamiento del Poder Judicial”. El ministro Mariano Azuela coincidió al afirmar que “la división de poderes supone equilibrio entre poderes, y no es posible que uno o dos poderes se unan para disminuir al tercero eliminando propiamente el sistema de equilibro que la Constitución establece”.
La paradoja principal es que si bien la intención de los ministros es defender “la división de poderes”, en los hechos lo que están propiciando es la construcción de un imperio de los jueces. Parecen olvidar que ellos mismos fueron nombrados por el Poder Legislativo. Nadie en su sano juicio pondría en cuestión la independencia y objetividad de los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia por el hecho de que los senadores hayan participado en su proceso de nombramiento. ¿Por qué razón tendría que ser diferente con los consejeros de la Judicatura? Y aceptando sin conceder que este fuera el caso, ¿por qué entonces se permite participar en el Consejo a un par de estos negativos e intrusos actores, aunque no sean la mayoría?
Con su férrea defensa del control mayoritario de los jueces “de adentro” en los Consejos de la Judicatura, los ministros de la Suprema Corte evocan las tendencias autoritarias de antaño del partido del Estado; por ejemplo, cuando a principios de la década de los 90 se abrieron a la oposición algunos lugares simbólicos en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). En aquel entonces el gobierno veía con buenos ojos que la oposición tuviera voz y representación, siempre y cuando ésta fuera minoritaria. El control de la mayoría por los cercanos tenía que ser garantizado en todo momento.
Los señores ministros tienen razón en que existe la posibilidad de que los legisladores nombren personas no idóneas para el puesto de consejero de la Judicatura, lo cual desde luego perjudicaría el funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, la historia también ha demostrado que los mismos ministros (y magistrados de los tribunales superiores en las entidades federativas) no siempre eligen a los mejor calificados para esta importante labor. No existe ninguna garantía de que un consejero elegido por un juez sea más capaz que uno elegido por representantes populares.
Y en la actual coyuntura de creciente desconfianza en la justicia, convendría más inclinar la balanza hacia la apertura y la participación cívica que hacia la cerrazón. Ese es precisamente el espíritu de la campaña institucional de la Suprema Corte que lleva por nombre “2009: Año de la Sociedad; Observar, Participar y Construir”. Con esta campaña, la Corte buscará crear un observatorio ciudadano del Poder Judicial y mejorar su comunicación con la sociedad. Tales iniciativas se suman a los proyectos de transparencia ya en curso, como la proyección en vivo de las discusiones del pleno por el Canal Judicial, así como la circulación anticipada de proyectos de resolución en casos clave, como el de la llamada “Ley Televisa”.
Todas estas acciones y compromisos son loables. Sin embargo, también valdría la pena que los ministros respaldaran la transparencia y la rendición cuentas desde su actividad jurisdiccional. Lamentablemente, el fallo con respecto a la integración del Consejo de la Judicatura en Baja California camina en sentido contrario a estos objetivos y deja establecido un muy mal precedente para casos futuros.
La decisión se vuelve aún más preocupante vista a la luz del fallo de mayo del año pasado, cuando el máximo tribunal de justicia rechazó las solicitudes de acceso a la información interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación al Consejo de la Judicatura Federal. Esta desafortunada tendencia a buscar blindarse del escrutinio social también se corrobora con la resistencia de parte de la Corte a aceptar la conformación de un órgano garante en materia de transparencia integrado por expertos externos, tal y como lo ordena el nuevo texto del artículo 6º constitucional.
La Suprema Corte sostiene que la reforma de Baja California violenta los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial porque deja en manos del Poder Legislativo la facultad de nombrar a la mayoría (tres de un total de cinco) de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Para los ministros, tal procedimiento supuestamente implicaría una intromisión de los legisladores y perjudicaría el buen funcionamiento de la justicia local porque actores externos tomarían decisiones medulares sin tener en mente los mejores intereses del Poder Judicial.
En la sesión pública, el distinguido ministro Genaro Góngora Pimentel argumentó su respaldo a la decisión de la siguiente manera: “El hecho de que un poder ajeno al Judicial tenga la facultad de nombrar por sí y ante sí a la mayoría de los miembros que integran el órgano de vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial del Estado constituye una intromisión violatoria de la división de poderes, pues con ello se genera la posibilidad de una influencia externa determinante en la toma de decisiones que atañen al funcionamiento del Poder Judicial”. El ministro Mariano Azuela coincidió al afirmar que “la división de poderes supone equilibrio entre poderes, y no es posible que uno o dos poderes se unan para disminuir al tercero eliminando propiamente el sistema de equilibro que la Constitución establece”.
La paradoja principal es que si bien la intención de los ministros es defender “la división de poderes”, en los hechos lo que están propiciando es la construcción de un imperio de los jueces. Parecen olvidar que ellos mismos fueron nombrados por el Poder Legislativo. Nadie en su sano juicio pondría en cuestión la independencia y objetividad de los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia por el hecho de que los senadores hayan participado en su proceso de nombramiento. ¿Por qué razón tendría que ser diferente con los consejeros de la Judicatura? Y aceptando sin conceder que este fuera el caso, ¿por qué entonces se permite participar en el Consejo a un par de estos negativos e intrusos actores, aunque no sean la mayoría?
Con su férrea defensa del control mayoritario de los jueces “de adentro” en los Consejos de la Judicatura, los ministros de la Suprema Corte evocan las tendencias autoritarias de antaño del partido del Estado; por ejemplo, cuando a principios de la década de los 90 se abrieron a la oposición algunos lugares simbólicos en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). En aquel entonces el gobierno veía con buenos ojos que la oposición tuviera voz y representación, siempre y cuando ésta fuera minoritaria. El control de la mayoría por los cercanos tenía que ser garantizado en todo momento.
Los señores ministros tienen razón en que existe la posibilidad de que los legisladores nombren personas no idóneas para el puesto de consejero de la Judicatura, lo cual desde luego perjudicaría el funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, la historia también ha demostrado que los mismos ministros (y magistrados de los tribunales superiores en las entidades federativas) no siempre eligen a los mejor calificados para esta importante labor. No existe ninguna garantía de que un consejero elegido por un juez sea más capaz que uno elegido por representantes populares.
Y en la actual coyuntura de creciente desconfianza en la justicia, convendría más inclinar la balanza hacia la apertura y la participación cívica que hacia la cerrazón. Ese es precisamente el espíritu de la campaña institucional de la Suprema Corte que lleva por nombre “2009: Año de la Sociedad; Observar, Participar y Construir”. Con esta campaña, la Corte buscará crear un observatorio ciudadano del Poder Judicial y mejorar su comunicación con la sociedad. Tales iniciativas se suman a los proyectos de transparencia ya en curso, como la proyección en vivo de las discusiones del pleno por el Canal Judicial, así como la circulación anticipada de proyectos de resolución en casos clave, como el de la llamada “Ley Televisa”.
Todas estas acciones y compromisos son loables. Sin embargo, también valdría la pena que los ministros respaldaran la transparencia y la rendición cuentas desde su actividad jurisdiccional. Lamentablemente, el fallo con respecto a la integración del Consejo de la Judicatura en Baja California camina en sentido contrario a estos objetivos y deja establecido un muy mal precedente para casos futuros.
La decisión se vuelve aún más preocupante vista a la luz del fallo de mayo del año pasado, cuando el máximo tribunal de justicia rechazó las solicitudes de acceso a la información interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación al Consejo de la Judicatura Federal. Esta desafortunada tendencia a buscar blindarse del escrutinio social también se corrobora con la resistencia de parte de la Corte a aceptar la conformación de un órgano garante en materia de transparencia integrado por expertos externos, tal y como lo ordena el nuevo texto del artículo 6º constitucional.
Artículo completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/66033
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=68375&seccion=Opinion (Tribuna de los Cabos)
