Traición e ilegalidad en el DF (Revista Proceso, 30 de agosto de 2009)

Los casos de Rafael "Juanito" Acosta, Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos son pruebas de que los poderes fácticos no respetan la ley y sólo buscan el poder público para su beneficio privado. Para ellos lo primordial es llegar al poder “haiga sido como haiga sido”, pues saben que quienes dirigen las instituciones electorales eventualmente se someterán al poder e influencia de los violadores de la ley. Así ocurrió en las elecciones federales de 2006 y 2009, cuando la evidente y sistemática burla a las más básicas normas electorales fue dispensada, o castigada con multas menores, por las autoridades electorales.

Hoy, habría que esperar que las instituciones del Distrito Federal rompan con este círculo vicioso y pongan un ejemplo de respeto a la legalidad. Afortunadamente, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ya ha tomado los primeros pasos al respecto. Falta, sin embargo, ver la actuación tanto de las instancias jurisdiccionales como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Rafael Acosta no es una víctima ni un “Frankenstein”, sino muy posiblemente un delincuente común y corriente. Si resultan ciertas las versiones que señalan que el delegado electo ha solicitado dinero a cambio de presentar su renuncia el próximo primero de octubre, tenemos frente a nosotros alguien que ha incurrido en el delito de “Promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos”, lo cual está penado con prisión hasta por cuatro años, de acuerdo con el artículo 277 del Código Penal del Distrito Federal.

Artículo completo disponible en:

https://www.proceso.com.mx/rv/hemeroteca/detalleHemeroteca/149523

La legislatura de la rendición de cuentas (La Jornada, 24 de agosto de 2009)

Los diputados y senadores de la 61 Legislatura se encuentran ante la oportunidad histórica de lograr una transformación definitiva para el sistema de rendición de cuentas del país. Si nuestros representantes populares así se lo propusieran, bien podrían pasar a la historia como los arquitectos del nuevo andamiaje institucional necesario para extirpar de raíz el grave cáncer de la corrupción que tanto daño le ha hecho a México. El desplome económico, la escalada de violencia y la desastrosa situación de la política social encuentran su origen en la opacidad y la falta de rendición de cuentas endémica del Estado mexicano.

Los gobiernos de la alternancia han fracasado olímpicamente en esta materia. Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón le han apostado erróneamente a una especie de “revolución cultural” para resolver el problema de la corrupción. En lugar de transformar la estructura gubernamental, mejorar los sistemas de vigilancia y castigar a los funcionarios que violan la ley, el gobierno actual ha preferido organizar concursos mediáticos como el del “Trámite más inútil” y, más recientemente, el de dibujos infantiles “Adiós a las trampas”.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/08/24/index.php?section=opinion&article=019a2pol

"Colonialismo educativo" (Revista Proceso, 23 de agosto de 2009)

Por desgracia, algunas escuelas de origen extranjero en México todavía no se percatan de que la época del colonialismo quedó en el pasado. En estas instituciones educativas, los empleados mexicanos tienden a ganar la mitad y hasta la tercera parte de lo que reciben sus contrapartes extranjeras, muchas veces por realizar exactamente las mismas labores. Además, los mexicanos son despedidos con mayor facilidad y normalmente sin justificación alguna. Este tipo de escuelas típicamente se niega a cumplir con la legislación laboral de nuestro país, alegando falsamente que su naturaleza extranjera les coloca en una situación de excepción.

El Liceo Franco Mexicano, que cuenta con sedes tanto en Polanco como en Coyoacán en la Ciudad de México, no es una excepción a esta regla. Más de la tercera parte de los maestros titulares de grupo, desde maternal hasta bachillerato, y casi la totalidad del personal de apoyo (secretarias, niñeras, maestros de arte y de educación física, etc.) se encuentran contratados bajo un precario régimen laboral diseñado especialmente para personal “local”. En un claro contraste, una gran parte de los maestros franceses y los directivos de la escuela disfrutan de condiciones laborales radicalmente distintas: abultados salarios pagados en euros, seguridad laboral, derechos sindicales y generosas prestaciones.

El reciente despido sumario y sin justificación alguna de un francés de ascendencia argelina que había sido contratado bajo el régimen de contratación “local”, ha provocado un cisma en el Liceo que bien podría terminar en un paro laboral generalizado. Las autoridades de la escuela harían bien en demostrar tanto mayor flexibilidad en el caso específico bajo disputa como voluntad para mejorar las condiciones laborales para todo el personal “local” de la escuela.

Artículo completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/71699

La nueva "claúsula de gobernabilidad" (La Jornada, 10 de agosto de 2009)

Es falso que en la pasada elección la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haya logrado los suficientes votos para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El PRI recibió únicamente 36.92 por ciento de la votación nacional, lo cual le da derecho a controlar hasta 44.92 por ciento de la Cámara, es decir 224 curules, de acuerdo con el tope de 8 por ciento de sobrerrepresentación. Por su parte, los 2.3 millones de votos que recibió el PVEM le permitirá recibir hasta 24 diputados federales. En total, la alianza PRI-PVEM alcanza un máximo de 248 legisladores, tres curules menos de lo que necesita para controlar la mayoría de la Cámara de Diputados.

¿Por qué, entonces, tanto triunfalismo de los priístas respecto de la próxima legislatura? Porque saben bien que cuentan con el apoyo de sus amigos consejeros electorales para cargar los dados en su favor a la hora de repartir las diputaciones plurinominales. A partir de una interpretación sesgada y parcial de la norma, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) preparan ya un jugoso regalo de 13 diputados adicionales a lo que legalmente corresponde al PRI.

En el pasado, el control unilateral del tricolor sobre el Congreso de la Unión se lograba de forma autoritaria mediante la “cláusula de gobernabilidad”, que garantizaba que el partido que lograra la primera minoría automáticamente recibía suficientes curules adicionales para controlar la mayoría absoluta. Hoy ya no hacen falta este tipo de leyes tramposas, porque es suficiente contar con un grupo de consejeros leales para asegurar el predominio del viejo partido de Estado sobre la Cámara de Diputados.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/08/10/index.php?section=opinion&article=020a1pol

"Los relevos que vienen" (Revista Proceso, 2 de agosto de 2009)

Ante la inminencia de los relevos que tendrán lugar en los próximos meses en algunos de los más importantes órganos del Estado mexicano, vale la pena meditar sobre los factores que explican el buen o mal desempeño de este tipo de instituciones. En particular, no es suficiente con exigir que los nuevos ombudsmen, ministros, auditores, consejeros y comisionados tengan un perfil “ciudadano” a secas y que los procesos de selección se desarrollen de forma “transparente”. El verdadero reto no es encontrar candidatos puros o angelicales, sino designar a personas valientes que no se dejen intimidar por los poderes fácticos.

Ciertos enfoques en boga demandan el nombramiento de personas “neutrales” cuya imparcialidad hipotéticamente vendría de contar con un perfil más técnico que “político”. Desde este punto de vista, el mejor titular de un organismo autónomo sería alguien que pudiera resistir las presiones externas a partir de ubicarse en una posición “equidistante” entre los diferentes intereses en juego. Las cualidades más importantes del titular serían entonces la moderación y la “responsabilidad” en su actuación.

Sin embargo, para los relevos que se acercan en instituciones tan relevantes como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el arrojo y la valentía son cualidades aún más importantes que la neutralidad o la moderación. No es suficiente que estas instituciones se limiten a resguardar el orden público o defender la legalidad. Estos órganos deben atreverse a impulsar la transformación democrática del Estado mexicano. Ante la falta de compromiso democrático por parte del poder ejecutivo y la escasez de voluntad política por parte del Congreso de la Unión en una amplia diversidad de temas, hoy la responsabilidad para lograr un cambio estructural en materia de rendición de cuentas queda en una gran parte en manos de los organismos autónomos y el poder judicial.

Texto completo del artículo disponible en:

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/71217