Los casos de Rafael "Juanito" Acosta, Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos son pruebas de que los poderes fácticos no respetan la ley y sólo buscan el poder público para su beneficio privado. Para ellos lo primordial es llegar al poder “haiga sido como haiga sido”, pues saben que quienes dirigen las instituciones electorales eventualmente se someterán al poder e influencia de los violadores de la ley. Así ocurrió en las elecciones federales de 2006 y 2009, cuando la evidente y sistemática burla a las más básicas normas electorales fue dispensada, o castigada con multas menores, por las autoridades electorales.
Hoy, habría que esperar que las instituciones del Distrito Federal rompan con este círculo vicioso y pongan un ejemplo de respeto a la legalidad. Afortunadamente, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ya ha tomado los primeros pasos al respecto. Falta, sin embargo, ver la actuación tanto de las instancias jurisdiccionales como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Rafael Acosta no es una víctima ni un “Frankenstein”, sino muy posiblemente un delincuente común y corriente. Si resultan ciertas las versiones que señalan que el delegado electo ha solicitado dinero a cambio de presentar su renuncia el próximo primero de octubre, tenemos frente a nosotros alguien que ha incurrido en el delito de “Promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos”, lo cual está penado con prisión hasta por cuatro años, de acuerdo con el artículo 277 del Código Penal del Distrito Federal.
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