Los dados están cargados en el proceso de renovación del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Ya es vox pópuli que tanto el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, como el actual ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, tienen candidata. En lugar de permitir a las organizaciones de la sociedad civil expresarse libremente y a los diputados de la Asamblea Legislativa decidir de manera autónoma, ambos funcionarios están dispuestos a “conducir” el proceso para asegurar la llegada de una persona que no haga demasiadas olas en la materia.
Empieza mal la temporada de nombramientos de más de una decena de cargos claves del Estado mexicano en lo que resta del año. Uno esperaría que las autoridades del Distrito Federal buscaran dar un ejemplo de transparencia y equidad. Lamentablemente, hasta la fecha, todo indica que atestiguaremos otra elección de Estado en la que pesará más la venia de las autoridades que la trayectoria y las propuestas de los candidatos.
En este caso, la candidata oficial, Mariclaire Acosta, afortunadamente resulta ser una conocedora de los derechos humanos. Sin embargo, dista mucho de ser la persona idónea para el puesto. Acosta fue una destacada promotora del “voto útil” en las elecciones de 2000 y fue premiada por su apoyo a Vicente Fox con un jugoso cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo el mando de su amigo Jorge Castañeda. Hoy, con el apoyo de algunos destacados “anulistas”, pretende erigirse en la principal defensora de los derechos humanos en la capital del país.
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