La ocurrencia de Felipe Calderón de proponer la eliminación de la Secretaría de la Función Pública ratifica una vez más el absoluto desprecio del Presidente en turno hacia la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Más que darse por vencido en esta importante tarea, hoy más que nunca resulta necesario redoblar los esfuerzos para evitar el mal uso de los escasos recursos públicos.
El dinero utilizado para fiscalizar y monitorear el desempeño gubernamental no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión sumamente rentable. Un buen contralor o auditor puede llegar a recuperar recursos en cantidades muchos mayores a lo que cuesta financiar su operación.
Una de las causas más importantes tanto de la crisis económica como de la crisis en materia de seguridad pública es la metástasis de la corrupción a lo largo y ancho de la administración pública federal. Las complicidades de políticos, servidores públicos y poderosos empresarios dañan severamente la posibilidad de consolidar una economía de mercado que funcione de manera libre y eficiente. Asimismo, la confabulación de las fuerzas policiacas con la delincuencia organizada anula cualquier intento de combatir el narcotráfico. Para resolver las crisis actuales y evitar futuros desastres económicos y políticos, habría que gastar más, no menos, en el control y vigilancia de los recursos públicos.
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