Un ominoso escenario respecto a la defensa de los derechos fundamentales se configura en el país. El pasado 9 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio carta blanca a la Procuraduría General de la República (PGR) para negar de manera unilateral y discrecional cualquier información solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Asimismo, Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualmente se encuentra en un proceso de intenso cabildeo a favor de una nueva Ley de Seguridad Nacional que asegure la militarización del país y la suspensión de nuestras garantías de manera indefinida. En el Distrito Federal, la situación no pinta mucho mejor, ya que el pasado día 9 la Secretaría de Seguridad Pública local inició un programa para detener y revisar de manera discrecional a cualquier auto “sospechoso” que circule en zonas específicas de la ciudad.
Los pasados 8 y 9 de marzo, el gobierno mexicano fue duramente cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con el comunicado emitido por las organizaciones civiles que asistieron al encuentro, dicho comité exigió la eliminación de las figuras de fuero militar y arraigo, y manifestó terminantemente su inconformidad con la militarización del país. También reprobó la permanencia de la tortura en México y el estado de indefensión en que se encuentran los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
Otro informe devastador acerca del desempeño del sistema de justicia fue dado a conocer recientemente por el Centro Pro Juárez. El título del informe lo dice todo: Sociedad amenazada: violencia e impunidad, rostros del México actual. En su informe correspondiente a 2009, Amnistía Internacional también reprueba al Estado mexicano. Por su parte, Human Rights Watch ha publicado un importante estudio titulado Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México. Y a finales del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano en las cuales denuncia tanto los efectos nefastos del fuero militar como la total irresponsabilidad de las autoridades en Ciudad Juárez.
Los pasados 8 y 9 de marzo, el gobierno mexicano fue duramente cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con el comunicado emitido por las organizaciones civiles que asistieron al encuentro, dicho comité exigió la eliminación de las figuras de fuero militar y arraigo, y manifestó terminantemente su inconformidad con la militarización del país. También reprobó la permanencia de la tortura en México y el estado de indefensión en que se encuentran los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
Otro informe devastador acerca del desempeño del sistema de justicia fue dado a conocer recientemente por el Centro Pro Juárez. El título del informe lo dice todo: Sociedad amenazada: violencia e impunidad, rostros del México actual. En su informe correspondiente a 2009, Amnistía Internacional también reprueba al Estado mexicano. Por su parte, Human Rights Watch ha publicado un importante estudio titulado Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México. Y a finales del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano en las cuales denuncia tanto los efectos nefastos del fuero militar como la total irresponsabilidad de las autoridades en Ciudad Juárez.
Pero todos estos esfuerzos por documentar los excesos gubernamentales no quitan el sueño a nuestras autoridades. Siguiendo el ejemplo de Salinas, optan por no ver ni oír las imparables críticas, e insisten en la “necesidad” de suspender las garantías básicas de los mexicanos. El aval implícito del gobierno de Estados Unidos a esta estrategia también permite que la situación siga agravándose.
Como ya lo advertimos en estas mismas páginas (Proceso 1695), no hay duda de que la iniciativa del presidente de la República para reformar la Ley de Seguridad Nacional pavimenta el camino para un eventual golpe de Estado militar. En franca violación a los artículos 11, 16, 29 y 111 de la Constitución, la propuesta busca dotar al Consejo de Seguridad Nacional –una instancia conformada exclusivamente por subordinados del presidente– de la facultad de declarar unilateralmente la existencia de “una afectación a la seguridad interior”. Con un pronunciamiento de esta naturaleza, las fuerzas armadas estarían autorizadas para intervenir en una amplia diversidad de ámbitos de la vida pública y suspender nuestra libertad de expresión, de asociación, de libre tránsito, y hasta nuestro derecho al debido proceso. Las modificaciones legales también autorizarían la intervención indiscriminada de las comunicaciones privadas por parte del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacionales.
La decisión de la Suprema Corte de permitir que la PGR niegue información a la CNDH implica igualmente una grave afectación al estado de derecho. Ya de por sí es típica la falta de voluntad de la PGR para cumplir con los requisitos constitucionales en materia de transparencia. Recordemos las reformas al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales que obstaculizan el acceso ciudadano a las averiguaciones previas, y la tradicional renuencia a cumplir con las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Pero hoy la Suprema Corte le da el tiro de gracia a cualquier esperanza de abrir la caja negra de la PGR. Preocupa en particular la abierta desconfianza que los ministros de la mayoría expresaron hacia los funcionarios de la CNDH al insinuar que la información confidencial no estaría segura en manos del ómbudsman. Si de desconfianzas se trata, habría que empezar con la misma PGR, cuyos funcionarios y policías han demostrado ser todo antes que pulcros y eficientes. Urge establecer nuevos mecanismos para la supervisión y vigilancia independientes de esta institución, responsable de la grave crisis en materia de seguridad pública que resiente el país.
Por último, es lamentable que el gobierno del Distrito Federal –el cual ha destacado en otros ámbitos (aborto, matrimonio gay, etcétera) por su promoción irrestricta de las libertades y los derechos ciudadanos– se sume hoy a la moda impuesta por el gobierno federal. La revisión aleatoria y discrecional de automóviles sin causa justificada implica una evidente violación al artículo 16 constitucional, que a la letra dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
No nos acostumbremos a las estrategias propias de los gobiernos fascistas. Habría que exigir a nuestros gobernantes en todos los niveles que no pierdan de vista los principios y valores más básicos del liberalismo democrático que ha forjado nuestra patria desde hace 200 años*
