En los próximos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá una nueva oportunidad histórica para exigirle cuentas claras al Estado mexicano. A finales del año pasado, con sus resoluciones acerca de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y los feminicidios de Ciudad Juárez (caso “Campo Algondonero”), emitió un claro mensaje en contra de la impunidad. Ahora, con la revisión de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, el 15 de abril y el 28 de mayo, respectivamente, tenemos ante nosotros una nueva coyuntura que finalmente podría meter en cintura a las fuerzas militares de México.
En hechos separados durante 2002, las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas por soldados que laboraban en tareas de “contrainsurgencia” en los municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec, Guerrero. La justicia fue negada a las dos jóvenes, entonces de 24 y 17 años, ya que las autoridades no les prestaron el apoyo adecuado ni cumplieron con sus responsabilidades constitucionales.
El Ministerio Público, primero, se negó a investigar a fondo las denuncias interpuestas por Inés y Valentina, y, finalmente, se declaró incompetente. Una vez más, se aplicó de manera irresponsable el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que define como un “delito contra la disciplina militar” y, por lo tanto, justiciable por los tribunales castrenses, cualquier acto que sea “cometido por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”. Como era de esperarse, en el ámbito de la justicia militar el caso simplemente no ha avanzado y los delitos han quedado impunes.
Artículo completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78401
http://www.suracapulco.com.mx/opinion02.php?id_nota=6093 (El Sur de Acapulco)
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=94893&seccion=Opinion (Tribuna de los Cabos)
