El miércoles pasado, el Senado dio la espalda a la sociedad al aprobar una serie de reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) orientada a blindar al gobierno de la fiscalización independiente de ciudadanos, periodistas y organizaciones cívicas. Ni un solo senador de los seis partidos representados en esa cámara se atrevió a levantar la voz. Desde la tribuna, los senadores Jesús Murillo Karam, del PRI, y Alfonso Sánchez Anaya, del PRD, expusieron sin mayor problema las reformas consensuadas. Inmediatamente después, de forma casi automática y en un mar de silencio, como en los viejos tiempos, los 91 dedos levantados aparecieron por encima de los escaños de Xicoténcatl.
Ojalá que cuando les toque revisar estas reformas, los diputados federales sí hagan bien su trabajo. Por ejemplo, habría que reconsiderar la disposición que permite al Ejecutivo Federal rechazar cualquier “solicitud genérica” en materia de transparencia. De acuerdo con la propuesta de redacción del artículo 42, el ciudadano debe indicar exactamente los “documentos” que quiere conocer o de lo contrario “no habrá la obligación de darle trámite a la solicitud”. Esta reforma elimina de un plumazo el elemento central de la LFTAIPG que la ubica como una ley de “transparencia y acceso a la información pública” para convertirla en una simple y llana ley de acceso a “documentos” previamente ubicados por el solicitante.
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