"El camino al infierno" (La Jornada, 28 de junio de 2010)

Es difícil exagerar la importancia de la decisión que están por tomar los cinco ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de los presos de Atenco. Este miércoles la Corte no solamente decidirá sobre el destino de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra injustamente encarcelados desde hace cuatro años, sino también definirá el futuro político del país. La decisión de los ministros será incluso más trascendental que los resultados de las 14 elecciones estatales que se celebran el próximo 4 de julio.

Con este fallo, la primera sala definirá por muchos años en el futuro la posición del Estado mexicano respecto de la crítica y la movilización social. Lo que está en juego es si se mantiene el enfoque autoritario que se parapeta en la “razón de Estado” y la supuesta “infalibilidad” de las instituciones públicas frente a demandas y acciones “desmedidas” de la sociedad, o si, por el contrario, imperará una lógica democrática de tutelar los derechos de los desprotegidos frente a los abusos de gobernantes y poderes fácticos.

¿A quién protege la justicia mexicana? ¿A los ricos y poderosos o a quienes sufren la injusticia de la pobreza y la marginación cotidianas? ¿El Poder Judicial es lo suficientemente maduro e independiente como para entrar de lleno en la modernidad o se siente todavía inseguro como para necesitar utilizar las prácticas de la complicidad y simulación del pasado? Éstas serán las preguntas centrales que pasado mañana resolverán los ministros Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.

Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/28/index.php?section=opinion&article=020a1pol

"El mensaje de Calderón" (Revista Proceso, 20 de junio de 2010)

A primera vista, el desplegado de Felipe Calderón del pasado lunes 14 de junio podría parecer una respuesta a aquellos analistas, políticos o incluso narcotraficantes que se hayan atrevido a sugerirle “pactar” con el crimen organizado. “Mi gobierno está absolutamente decidido a seguir combatiendo sin tregua a la criminalidad hasta poner un alto a este enemigo común y conseguir el México que queremos”.

Sin embargo, el texto también puede ser leído como un velado intento de establecer nuevos “arreglos” con los narcotraficantes. Plantea que el nuevo objetivo “no es única ni principalmente combatir al narcotráfico”, sino “lograr la seguridad pública de los ciudadanos”. De acuerdo con el presidente, “el punto clave es reducir la acción del crimen organizado contra la población”.

Existen contradicciones evidentes en su discurso. Por un lado, Calderón señala que las alternativas “eran muy claras: ignorar ese problema y administrarlo para tratar de evitar los costos de su solución (...) o hacerle frente con toda la fuerza del Estado y resolverlo”. Por otro lado, sugiere que ya no busca “resolver” el problema del narcotráfico o derrotar a los delincuentes, sino simplemente “reducir” sus acciones y minimizar su impacto en la sociedad en general. En otras palabras, tal parece que se hará precisamente lo que supuestamente se rechaza: “administrar” el problema del narcotráfico.

Texto completo del artículo disponible en:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80558 (Proceso)

http://www.diarioavanzada.com.mx/noticia.php?id=35853 (Diario Avanzada)

http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=23017 (Offnews)

http://alternapalabra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2582&Itemid=42

(Alterna Palabra)

"Totalitarismo a la mexicana" (La Jornada, 14 de junio de 2010)

El lanzamiento de la Iniciativa México (IM) demuestra que el país se acerca de forma franca hacia el totalitarismo. Bajo este sistema político, la clase dominante no se conforma con el ejercicio de la autoridad desde las instituciones gubernamentales, sino que despliega agresivas campañas propagandísticas con el fin de controlar la totalidad de la vida pública y privada de los ciudadanos. Tales intentos de "reducación” cívica típicamente prometen “liberar” al pueblo de una historia de “atraso”. Aspiran a crear un país ficticio a partir de una “revolución cultural” que instale nuevos valores y prácticas.

El principal objetivo de IM es domesticar el histórico espíritu libertario del pueblo mexicano, manifiesto durante la Independencia, la Revolución y la lucha por la democracia. En lugar de generar nuevas claves de convivencia social a partir de una valoración crítica de la historia nacional, la iniciativa busca minar la autoestima del pueblo a través de la repudiación de su pasado. Javier Aguirre llama a “enterrar el México de los complejos” y “alumbrar el México de hombres y mujeres seguros de sí mismos”. Invita a “dejar atrás el México que busca culpables” y “dar paso al México en que todos asumimos responsabilidades”.

El enfoque se asemeja a las estrategias de choque utilizadas en algunos centros de rehabilitación de dudosa procedencia que obligan a los internos a primero denigrarse al extremo con tal de reconocer sus errores pasados. IM busca generar una crisis de identidad y un vacío espiritual en el pueblo mexicano que posteriormente pueda ser llenado con mensajes propagandísticos artificiales diseñados directamente por la clase política y empresarial.

Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/14/index.php?section=opinion&article=026a1pol

"Greg a las urnas" (Revista Proceso, 6 de junio de 2010)

Si los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valoran en algo la congruencia, tendrían que restituirle a Greg Sánchez sus derechos políticos y permitir que los ciudadanos de Quintana Roo con toda libertad decidan quién será su próximo gobernador. En dos casos recientes (Martín Orozco, en Aguascalientes y Jorge Hank Rhon, en Baja California), los magistrados electorales han demostrado un claro compromiso con la defensa del derecho a ser votado, aun ante disposiciones legales expresas que lo restringirían. Si nuestros jueces electorales no proceden de la misma forma en este caso, confirmarían las sospechas acerca de su falta de imparcialidad e independencia.

Hace apenas tres semanas, el 13 de mayo, el TEPJF ordenó al Instituto Electoral de Aguascalientes registrar la candidatura para gobernador de Martín Orozco, del Partido Acción Nacional (PAN), a pesar de que existe un “auto de formal prisión” en su contra. En su sentencia, los magistrados parten de una valoración de la histórica reforma constitucional en materia de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que incluyó explícitamente en el artículo 20 de la Carta Magna el principio de presunción de inocencia y se estableció un proceso penal acusatorio. Asimismo, recuerdan que a partir de esta reforma constitucional ya ni siquiera se habla del “auto de formal prisión” sino únicamente del “auto de vinculación a proceso”.

De acuerdo con los magistrados, habría que reinterpretar el artículo 38, fracción II de la Constitución federal, y las disposiciones locales correspondientes, que se refieren a la pérdida de derechos a partir del auto de formal prisión, ya que esta disposición viola tanto la letra como el espíritu del nuevo sistema penal. También recurren a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protegen de manera clara y contundente el derecho fundamental a ser votado.

Artículo completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80066

http://www.expresionlibre.org/site2/noticias/noti_2849.php (Expresión Libre)

http://www.zonadefuego.com.mx/index/index.php/columnistas/el-corazon-delator/1666-greg-a-las-urnas- (Zona de Fuego, La Columna, 1280 AM)

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=98753&seccion=Opinion (Tribuna de los Cabos)