Es difícil exagerar la importancia de la decisión que están por tomar los cinco ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de los presos de Atenco. Este miércoles la Corte no solamente decidirá sobre el destino de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra injustamente encarcelados desde hace cuatro años, sino también definirá el futuro político del país. La decisión de los ministros será incluso más trascendental que los resultados de las 14 elecciones estatales que se celebran el próximo 4 de julio.
Con este fallo, la primera sala definirá por muchos años en el futuro la posición del Estado mexicano respecto de la crítica y la movilización social. Lo que está en juego es si se mantiene el enfoque autoritario que se parapeta en la “razón de Estado” y la supuesta “infalibilidad” de las instituciones públicas frente a demandas y acciones “desmedidas” de la sociedad, o si, por el contrario, imperará una lógica democrática de tutelar los derechos de los desprotegidos frente a los abusos de gobernantes y poderes fácticos.
¿A quién protege la justicia mexicana? ¿A los ricos y poderosos o a quienes sufren la injusticia de la pobreza y la marginación cotidianas? ¿El Poder Judicial es lo suficientemente maduro e independiente como para entrar de lleno en la modernidad o se siente todavía inseguro como para necesitar utilizar las prácticas de la complicidad y simulación del pasado? Éstas serán las preguntas centrales que pasado mañana resolverán los ministros Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.
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