Las elecciones del pasado 4 de julio demostraron de forma simultánea la existencia de una ciudadanía consciente dispuesta a cobrar facturas a gobernadores corruptos y autoritarios, y la permanencia de las viejas prácticas de fraude electoral y parcialidad institucional. Veracruz, Durango y Hidalgo, en particular, demuestran la otra cara del proceso electoral. Asimismo, en Chihuahua y Tamaulipas ganó una mezcla tóxica de abstencionismo (que fue mayor a 40 por ciento) y temor generado por el narco y la ilegítima operación de la maquinaria electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Si bien en Oaxaca, Puebla y Sinaloa los ciudadanos enviaron un mensaje claro a los gobernantes de que no son la masa inerte que los políticos imaginan, las instituciones electorales en todo el país también ratificaron su disposición a hacerse de la vista gorda ante flagrantes violaciones a la ley. Los gobernadores hicieron todo lo posible por intervenir en los procesos electorales. Las grabaciones de Fidel Herrera y Ulises Ruiz son apenas la punta del iceberg. Las televisoras mantuvieron su política de vender entrevistas y notas de manera fraudulenta. Los infomerciales tanto de Eviel Pérez Magaña como de Gabino Cué fueron apenas los ejemplos más burdos de esta desafortunada práctica generalizada. Por su parte, Felipe Calderón tuvo una presencia mediática totalmente irregular durante la semana previa a las eleccciones y sin el menor empacho utilizó los programas de desarrollo social con fines electorales. Aún más grave fue la debilidad del supuesto “blindaje” contra el financiamiento del narcotráfico para partidos políticos y candidatos.
Mientras, las instituciones responsables se limitan a “iniciar las investigaciones correspondientes” y emitir “amonestaciones públicas”. Una vez más se ratifica que en materia electoral la situación se acerca más al escenario de la ley de la selva que al de un verdadero estado de derecho. Todos los actores saben que si quieren tener alguna posibilidad de ganar una elección deben buscar por todas las vías posibles cómo dar la vuelta a la normatividad vigente. Ello sienta un precedente funesto para el futuro y contribuye a la tormenta que podría llegar a desatarse durante las elecciones presidenciales de 2012.
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