La contundente derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del pasado 4 de julio no significa ni de cerca que la democracia y la rendición de cuentas hayan avanzado en el país. El fracaso de la “alternancia” al nivel federal nos ha enseñado a los ciudadanos que un cambio de siglas en el gobierno no genera ni más efectividad gubernamental ni mayor participación ciudadana en la definición del rumbo del país.
Gabino Cué, Rafael Moreno Valle y Mario López Valdez tienen la responsabilidad histórica de no repetir los errores de Vicente Fox y Felipe Calderón. Los nuevos gobernadores de Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas también tienen frente a sí el reto de demostrar que un retorno al PRI no necesariamente implica un retroceso en términos políticos. Todos los nuevos gobernantes se verán obligados a ganar la confianza ciudadana a partir de una nueva forma de ejercer el poder, lejos de las lógicas caciquiles y el abuso de autoridad típicos del pasado.
El camino deberá iniciar forzosamente con una transformación estructural en los poderes judiciales y los ministerios públicos en los seis estados que pronto experimentarán un cambio en el partido que los gobierna. Más allá de la evidente desviación de recursos del erario, el poder autoritario de los gobernadores ha encontrado su máxima expresión en el férreo control sobre los aparatos de procuración e impartición de justicia. Tal y como reza el dicho, inspirado por la corrupción tan acendrada que caracteriza al viejo partido de Estado: “No me des, ponme donde hay”. Lo realmente importante no es poder robar ocasionalmente unos cuantos millones de pesos aquí y allá, sino asegurar la impunidad de por vida para uno mismo y los aliados políticos.
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