"Los compromisos de Peña Nieto" (Revista Proceso, 11 septiembre de 2011)

Foto: Benjamín Flores, proceso.com

Enrique Peña Nieto gusta de presumir que ha cumplido con los “compromisos” establecidos al principio de su mandato. No se cansa de presentar la realización de las obras públicas más elementales, cuya construcción es obligación de cualquier mandatario, como si fueran generosos regalos de un líder “eficaz” y “cercano a la gente”. Pero los compromisos que lucieron durante su VI Informe de Gobierno no fueron los que pudiera ofrecer a la ciudadanía mexiquense, sino aquellos que ha establecido con la oligarquía y la clase política dominantes responsables de la actual tragedia nacional.

Peña Nieto se negó a acudir al Congreso del Estado de México para rendir su informe y exponerse a los cuestionamientos de la oposición. Tampoco permitió la entrada al acto celebrado en el teatro Morelos de ningún ciudadano común, o con vestimenta que pudiera desentonar o interrumpir el espectáculo mediático producido por Televisa. Todos los hombres se vistieron de negro, la mayoría con corbatas rojas, y las damas con vestidos conservadores y sobrios. Se impusieron la lógica autoritaria de la uniformidad y las alabanzas por encima de la democracia y la pluralidad.

En su discurso, Peña Nieto habló de la necesidad de transitar de una democracia “exclusivamente electoral” a una que “dé resultados y construya acuerdos”, como si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no fuera directamente responsable de la crisis nacional actual. Habría que recordar que el PRI gobierna la mitad de los estados de la República, incluyendo algunos de los más violentos, como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Durango. El estado de descomposición que existe en el país surge no solamente de la ineptitud de Felipe Calderón, sino también de la total inefectividad institucional que se ha manifestado en aquellas entidades.

El viejo partido de Estado domina además la Cámara de Diputados desde 2009, donde ha impuesto una lógica autoritaria e intolerante. De la bancada del PRI surgió la nueva propuesta de Ley de Seguridad Nacional, que busca imponer nada menos que un Estado policiaco-militar represivo en todo el país (aquí mi análisis: http://www.proceso.com.mx/?p=268592). El PRI impulsa igualmente la propuesta de “reforma política” de Peña Nieto, que pretende resucitar los tiempos autoritarios con una nueva “cláusula de gobernabilidad” que eliminaría la voz de la oposición política en la Cámara de Diputados. El PRI también es el principal responsable de la falta de acuerdo sobre los nuevos consejeros electorales del IFE, algo que pone en riesgo la validez de las próximas elecciones presidenciales (ver mi comentario sobre el tema: http://www.proceso.com.mx/?p=270859). Y todo esto sin mencionar el aval del PRI a los proyectos de reforma a la Ley Federal de Trabajo y de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas presentados por Calderón...

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