La propuesta de Enrique Peña Nieto para supuestamente combatir la corrupción es un bodrio que de manera cínica y malintencionada ignora la vasta experiencia acumulada en México y América Latina en la materia. Mezcla elementos incompatibles de distintos modelos internacionales con la única intención de tender una cortina de humo para encubrir la andanada de fechorías que su gobierno iniciará a partir del 1 de diciembre. Los ingenuos intelectuales y figuras de la sociedad civil que decidan acompañar esta nueva aventura institucional pondrán en grave riesgo su prestigio y credibilidad.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (RAE), el término “bodrio” significa “una cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto” o, con mayor precisión, “un caldo con algunas sobras de sopa, mendrugos, verduras y legumbres que de ordinario se daba a los pobres en las porterías de algunos conventos”. La propuesta de Peña Nieto cumple a cabalidad con esta definición.
La parte medular de la iniciativa no se encuentra en el proyecto de reformas constitucionales enviado al Senado de la República para crear una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), sino en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) remitida a la Cámara de Diputados. Dicha iniciativa, hoy a cargo de Manlio Fabio Beltrones, propone la total desarticulación de los actuales sistemas de control interno y de profesionalización de la administración pública federal por medio de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
A partir de la reforma, los contralores internos de cada secretaría de Estado ya no dependerán de la institución supuestamente independiente y profesional que tendría que haber sido la SFP, sino que serán nombrados directamente por los titulares de la secretarías correspondientes. En consecuencia, cada una de éstas se convertirá en feudo exclusivo de su titular, sin posibilidad de control o intervención alguna desde la SFP o, por medio de ésta, desde la propia Presidencia de la República....
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